Clemente prevé un descenso del 3% de solicitudes de ayudas de la PAC en 2015 por las nuevas exigencias

La consejera de Agricultura y Ganadería, Silvia Clemente, ha calculado en un 3 por ciento la caída de las solicitudes de ayudas a la PAC en 2015 con la incorporación del concepto de agricultor activo y de las nuevas exigencias en relación con la actividad agraria y que afectarán a unos 3.000 solicitantes.   

Según ha explicado la consejera, estas nuevas exigencias se notaron ya en 2014 cuando se registraron 5.000 solicitudes menos, es decir, un 5 por ciento.   

Clemente ha precisado también que quedarán excluidos del nuevo modelo de pagos directos cerca de 1.900 solicitantes de la PAC que declaraban exclusivamente superficie de pastos y carecían de una actividad ganadera real, "ya que sobre las superficies de pastos solamente se asignarán derechos a los titulares que dispongan de un código de registro ganadero activo y además justifiquen una densidad ganadera equivalente a al menos una cabeza de ganado vacuno por cada cinco hectáreas".   
Según sus datos, estos solicitantes percibieron el pasado año un total de 6,2 millones de euros "que ahora podrán percibir los agricultores y ganaderos que sí acrediten verdadera actividad agraria".   
Clemente ha ofrecido estos datos en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno en la que se ha dado el visto bueno al Decreto que regula el registro de explotaciones agrarias de Castilla y León en el que por primera vez estarán inscritas de forma "obligatoria y gratuita" todas las explotaciones agrícolas y ganaderas de la Comunidad, un trámite que se ha iniciado ya de oficio.   
Con ello, ha precisado la consejera, se unifican los 35 diferentes registros que hasta ahora existían en función de las distintas actividades u orientaciones de cada explotación.   

Precisamente, el Registro de Explotaciones Agrarias de Castilla y León se convierte en el instrumento a utilizar para comprobar la obligatoriedad que establece la normativa nacional y comunitaria de estar inscrito en un registro para ejercer la actividad agraria y ser perceptor de las ayudas de la Política Agrícola Común y de otras ayudas agrarias de ámbito autonómico.   

Para Clemente, este Registro, que desarrolla la Ley Agraria, supone "aspectos positivos muy destacados" como que será "imprescindible" para recibir las ayudas agrarias tanto de la comunidad autónoma como de ámbito europeo.   

Además, los agricultores y ganaderos podrán acreditar  con este Registro que cumplen el requisito de ser agricultor activo o ganadero con actividad real -tal y como se estable para la percepción de las ayudas de la Política Agraria Comunitaria-, "y permitirá adecuar, aún más, las ayudas del Gobierno autonómico a la dimensión óptima de las explotaciones".   

En este sentido, ha apuntado, la Ley Agraria establece un marco de actuación que tiene como finalidad optimizar la estructura de las explotaciones y fijar un sistema de apoyos y ayudas proporcional a las necesidades de cada explotación, al objeto de incrementar su eficiencia y conseguir la máxima rentabilidad.   

Para ello, la norma define por primera vez un modelo de explotación agraria bien dimensionada y productiva, a la que se van a orientar todas las líneas de apoyo de la Junta de Castilla y León.   

Para alcanzar este objetivo, el Registro -al contener toda la información referente a la superficie y el ganado de la explotación, el personal laboral, así como los medios de producción de maquinaria o edificaciones- "facilitará un elevado y profundo conocimiento de todas las explotaciones agrarias de Castilla y León y de los diferentes modelos y sectores productivos, lo que permitirá establecer los parámetros y criterios para orientar adecuadamente las líneas de apoyo al sector".   

El carácter único de este Registro permitirá al Gobierno autonómico disponer de información completa, actualizada y homogénea de todas las explotaciones. Especialmente, ha indicado la consejera, simplificará y facilitará los trámites a los profesionales del sector, "pues la documentación depositada en el Registro una sola vez será válida para todos los procedimientos y expedientes de ayuda que se tramiten por la Consejería, sin tener que volver a presentarla en cada ocasión".

Por otra parte, las organizaciones interprofesionales agroalimentarias deberán contar con al menos el 51 por ciento de las producciones afectadas en todas y en cada una de las ramas profesionales, como son la producción, transformación y/o la comercialización.   

Así lo ha explicado Silvia Clemente en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno en el que se ha dado el visto bueno al Decreto que regula las organizaciones interprofesionales agroalimentarias "como órgano de interlocución y toma de decisiones entre todos los agentes de la cadena de valor" a lo que se suma la extensión de las normas que integran sus acuerdos y la creación de un registro de estas organizaciones.   

El primer ejemplo de esta nueva ordenación del sector que busca unas mejores condiciones de mercado y velar por la calidad del producto será la inmediata creación de la interprofesional de la patata.   

Según ha precisado la consejera, se considerarán organizaciones interprofesionales las que cumplan los requisitos establecidos en la Ley Agraria: personalidad jurídica propia y no tener ánimo de lucro, representar para uno o varios sectores o productos un grado de implantación significativa, que el ámbito de referencia que abarque el conjunto de la producción sea autonómica, y que cuenten con unos estatutos de creación.   

En concreto, los acuerdos que pueden alcanzarse en el ámbito de las organizaciones profesionales deben referirse a reglas relacionadas con la calidad de los productos, así como su normalización, acondicionamiento y envasado, o con normas de producción más estrictas que las establecidas por normativa nacional o europea y mejora del funcionamiento del mercado de productos agrarios con derecho al uso de denominaciones geográficas de calidad u otras figuras de calidad diferenciada de productos agroalimentarios.   

También se incluye la mejor protección del medio ambiente; la mejor información y conocimiento sobre las producciones y los mercados; acciones promocionales; medidas para promover la investigación tecnológica; y la elaboración de contratos tipo compatibles con las distintas normativas nacionales y europeas.   

Estas organizaciones interprofesionales agroalimentarias podrán solicitar a la Consejería de Agricultura y Ganadería la extensión de todas o alguna de las normas del acuerdo o acuerdos que adopten, al conjunto de productores y operadores del sector o producto en Castilla y León.   

Las organizaciones interprofesionales agroalimentarias presentarán la solicitud para la adopción de las distintas normas de los acuerdos a la Consejería de Agricultura y Ganadería, que estudiará la solicitud y la publicará en el Boletín Oficial de Castilla y León para que se puedan realizar alegaciones. Tras este proceso, la Junta de Castilla y León aprobará, mediante decreto, la solicitud de extensión de normas "que no podrá tener una duración superior a tres años o campañas".   

Además, la Consejería de Agricultura y Ganadería, tal y como establece el decreto, contará con un registro de las distintas organizaciones interprofesionales agroalimentarias y será la administración competente para su autorización, suspensión temporal o la retirada definitiva del reconocimiento como consecuencia de la imposición de sanciones por la comisión de infracciones administrativas graves o muy graves.

Fondo de Facilidad Financiera

El Consejo de Gobierno también ha dado el visto bueno a la adhesión del Gobierno regional al Fondo de Facilidad Financiera (FFF) que proporcionará un crédito 2.003,6 millones de euros a tipo cero durante los tres primeros años para cubrir el endeudamiento de la Comunidad "en mejores condiciones que las del mercado".   

Según ha explicado la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, esta decisión permitirá acceder este año a un primer préstamo de 2.003,6 millones que podrá ser modificado al alza cuando se conozcan los datos definitivos del déficit de 2014 ya que la cifra inicial se ha calculado con el déficit de 2013. Del Olmo ha calculado que esa desviación no será muy grande y la ha cifrado en unos 30 millones de euros.   

Del préstamo inicial que recibirá Castilla y León y que llegará directamente del Instituto de Crédito Oficial (ICO), 763,7 millones de euros tienen como objetivo satisfacer los vencimientos de deuda previstos este año; otros 391 cubren el 0,7 por ciento de déficit en el que como máximo se puede incurrir en 2015; 73,9 millones se asignan en concepto de financiación de las liquidaciones negativas de 2008 y 2009, y los 775 restantes para afrontar posibles déficit de ejercicios anteriores.   

Del Olmo ha reconocido la "relevancia" de este último capítulo ya que permitirá abonar las facturas sanitarias pendientes de pago de 2014 y a las que corresponden en su mayor parte esos 775 millones de euros. "Es algo habitual", ha aclarado la consejera, quien ha recordado que los presupuestos de cada año recogen precisamente una cuenta para esas facturas pendientes de imputar y que suele ser acorde con el déficit de ese año.   

Como ejemplos de esas facturas pendientes de pago ha puesto el caso del recibo de la luz de diciembre que llega en enero o las de algunos medicamentos dispensados a última hora en algún hospital.   

Según ha explicado también, la Junta remitirá estas facturas pendientes de pago al ICO que será en el encargado de abonarlas lo que permitirá a la administración ponerse al día "de manera rápida" de modo que los proveedores podrían cobrar incluso en marzo.   

Otro "importante" beneficio de la adhesión al FFF será la condonación de los 73,9 millones de euros de la anualidad de 2015 de la cuantía a devolver al Gobierno por las liquidaciones negativas de impuestos de los ejercicios 2008 y 2009, una cantidad que según ha aclarado la consejera todavía no figuran en el Presupuesto de la Junta "pero que supondrán una inyección adicional de recursos que permitirá mejorar los servicios públicos esenciales".   

A este respecto, se ha mostrado convencida de que llegarán en lo que queda de Legislatura ya que esa modificación del presupuesto de la Junta se puede hacer por "otras vías" que permite la Ley de Hacienda y sin tener que pasar por el pleno de las Cortes.   

Del Olmo, que será la encargada de firmar en nombre de la Junta la operación de crédito con el ICO, un trámite que se formalizará este mes, ha insistido en que la principal ventaja de la adhesión al FFF es que proporciona el crédito necesario para cubrir el endeudamiento de 2015 "en mejores condiciones que las del mercado".   

En concreto, asegura un préstamo del Instituto de Crédito Oficial (ICO) a 10 años a un interés del 0 por ciento anual durante los tres primeros ejercicios, y al tipo que logre el Tesoro para sus propias operaciones los siete siguientes.   

Preguntada por la negociación de la Junta con el Gobierno para compensar el "agravio" que supone este fondo a Castilla y León respecto a otras autonomías, Del Olmo ha asegurado que va "bien" y "por el buen camino" si bien ha aclarado que la refinanciación del crédito que se busca en estas negociaciones tampoco se hace "de la noche a la mañana" y  ha admitido que la negociación con las entidades financieras tampoco es sencilla.   

Finalmente, ha reiterado que sumarse a la Facilidad Financiera carece de condicionalidad fiscal ya que el único requisito consiste en sumarse a dos plataformas electrónicas del Estado que avanzan en la eliminación de trabas burocráticas: Emprende en 3 y el Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas (FACe).   

La primera pretende agilizar la creación de empresas y para ello posibilita la teletramitación de las declaraciones responsables, comunicaciones y solicitudes de autorizaciones o licencias que precisan los emprendedores que desean iniciar una actividad o trasladar su negocio, así como la integración automática de este proceso con otras herramientas similares.   

FACe, por su parte, permite que los proveedores de las administraciones presenten sus facturas al cobro en formato electrónico, lo que facilita su tramitación y redunda en una mayor agilidad en el pago. "Se trata, en definitiva, de una herramienta similar a la Plataforma de Facturación Electrónica de la Junta, con la que será compatible", ha resumido.