Torres-Dulce asegura que los tribunales estudiarán el 9-N aunque no intervenga la Fiscalía

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha asegurado hoy que el Tribunal Superior de Cataluña tendrá que estudiar lo ocurrido el 9 de noviembre en la consulta ciudadana, independientemente de que actúe o no la Fiscalía de esa Comunidad Autónoma.

El proceso del 9 de noviembre "está ya en los tribunales llevado por los ciudadanos", ha explicado Torres-Dulce en una charla coloquio ofrecida en Burgos, en un acto organizado con motivo del 25 aniversario de los Tribunales Superiores de Justicia.

En este sentido ha recordado que antes de la consulta los fiscales decidieron que había indicios racionales de delito, aunque optaron por no adoptar medidas cautelares.

Ha precisado al respecto que en ese momento no se tomaron ese tipo de medidas por que se consideró que era "desproporcionado" y generaría más problemas que soluciones, ya que cada juzgado sólo habría podido actuar en su jurisdicción, por lo que se habrían cerrado sólo parte de las mesas y originado un problema añadido debido a que el proceso ya estaba en marcha.

Torres Dulce ha explicado que será la Fiscalía de Barcelona la que decida en Junta de Fiscales si se actúa o no en este asunto y se presenta o no una querella, y ha asegurado que en su mandato como Fiscal General del Estado la única instrucción y orden concreta que ha dado ha sido relacionada con el caso Faisán y que en este otro asunto se actuará "con los tiempos que marque la legalidad".

Autonomía

El fiscal general del Estado también ha defendido la autonomía de la Fiscalía en las actuaciones sobren casos abiertos especialmente mediáticos, como el vinculado con la infanta Cristina y su marido, Iñaki Urdangarín, el de los Eres de Andalucía y la oposición a que se aplique el tercer grado al expresidente de Baleares, Jaume Matas.

Torres-Dulce ha respaldado la actuación del fiscal que ha participado en la instrucción del caso contra la infanta y su esposo y ha considerado "injusto y miserable" que se pretenda poner en cuestión su actuación, cuando ha sido "fundamental" en toda la investigación.

Ha considerado que lo que el fiscal no puede aceptar es que en el caso de la infanta se pretenda que prevalezca la presunción de culpabilidad, cuando se indica que tenía que saber lo que ocurría y que la figura de la colaboración necesaria es "muy difícil de acreditar".

En cuanto al blanqueo de dinero ha señalado que "no se puede hablar de blanquear un dinero que ya era blanco porque procedía de las administraciones".

En referencia al otro delito que se le imputaba por el juez, un delito fiscal, el fiscal general del Estado ha insistido en la dificultad de atribuir esta infracción penal cuando la Agencia Tributaria dice que no está determinada la cuota en que tendría que haber tributado la infanta.

Torres-Dulce se ha referido también al recurso de la Fiscalía contra el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, de quien depende la prisión de Segovia, de conceder el tercer grado penitenciario al ex presidente de Baleares, Jaume Matas.

La Fiscalía considera que se le debería aplicar el segundo grado, pero para el fiscal general del Estado se trata de "discrepancias lógicas que se tendrán que dirimir" y que forman parte de la "normalidad", aunque también ha expresado su apoyo a la fiscal que ha interpuesto el recurso.

En cuanto al caso de los Eres de Andalucía, el Fiscal General ha insistido en que el estatuto de Manuel Chaves y José Antonio Griñán es el de personas investigadas porque será el instructor que en su día se nombre en el Tribunal Supremo, por su condición de aforados, el que determine si terminan siendo imputados y en qué momento del procedimiento.

En todo caso, ha expresado su satisfacción por que la Sala segunda del Tribunal Supremo haya aceptado íntegramente las tesis de la fiscalía en este asunto y haya dividido la causa, de manera que los aforados ante el Supremo vayan por una parte, los aforados autonómicos por otra y los que no tengan aforamiento por una tercera vía.