El juez decreta el ingreso en prisión del presidente de la Diputación de León

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha decretado el ingreso en prisión incondicional del presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez, y del empresario Alejandro de Pedro Llorca. Ha dictado, además, la imposición de una fianza de 300.000 euros a otro empresario, José Luis Huerta, han informado fuentes jurídicas.   

Marcos Martínez concedió contratos al empresario valenciano Alejandro de Pedro "a cambio de que éste hiciera uso de su red de influencias entre altos cargos del PP para continuar como presidente de la Diputación de León", según ha desvelado el juez de la Audiencia Nacional.
   
Según explica el magistrado en el auto en el que envía a ambos detenidos en la operación Púnica a prisión, Martínez concedía contratos en la estación de esquí de San Isidro únicamente a empresas vinculadas a De Pedro.
   
Además, el presidente de la Diputación leonesa "tendría participación en alguna de las empresas que resultarían adjudicatarias de los concursos, incurriendo presuntamente en los delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios, prevaricación, revelación de secretos, tráfico de influencias, cohecho y fraude", dice el juez.

El magistrado ha tomado declaración a estos tres detenidos desde las diez y media de la mañana. Tiene pendiente aún interrogar a otras 14 personas, entre ellas los supuestos cabecillas del entramado, el exsecretario general del PP madrileño Francisco Granados y su socio y amigo de la infancia, el empresario David Marjaliza, que aún no han sido trasladados a la Audiencia Nacional.   

Velasco dictó la noche de este miércoles el ingreso en prisión eludible con fianza de 60.000 euros para el alcalde de Parla, José María Fraile (PSOE); su jefe de gabinete, Antonio Borrego; y el regidor de Torrejón de Velasco, Gonzalo Cubas (PP); y con una caución de 25.000 euros para Antonio Cándido Ruiz, empleado del supuesto "conseguidor" David Marjaliza.   

El magistrado dejó, además, en libertad bajo fianza de 40.000 euros al alcalde de Collado Villalba, Agustín Juárez, y al responsable de Obras Públicas de Parla, Avelino Pérez Pallarés, que tendrá que depositar 20.000 euros. Ambos tendrán diez días para abonar estas cuantías y evitar su ingreso en prisión.   

Decretó libertad sin medidas cautelares para otras seis personas: el alcalde de Casarrubuelos, David Rodríguez (PP); el consejero de Comunicaciones de la Comunidad de Madrid, José Martínez Nicolás; el técnico del Instituto de Turismo de Murcia Jesús Galindo Sánchez; el empresario Francisco Ruiz Valenzuela; el técnico de Serranillos del Valle Marco Durán y el concejal de Móstoles Alejandro Utrilla Palombi.   

En un auto hecho público anoche, el magistrado señalaba que las "redes clientelares de tráfico de influencias" desarticuladas en la 'operación Púnica', constituidas en torno al exsecretario general del Partido Popular (PP) de Madrid Francisco Granados, se hicieron con contratos de hasta 100 millones de euros en ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, la Diputación de León y el Instituto de Fomento de la Región de Murcia.
 
Dejar el cargo

Por su parte, el consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, ha exigido que Marcos Martínez deje su cargo como presidente de la Diputación de León "inmediatamente" o el partido tendrá que "actuar" tras su imputación en la 'Operación Púnica'.   

De Santiago-Juárez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de la Junta, ha afirmado que "no puede seguir ni un minuto más" al frente de una institución pública.   

El consejero portavoz se ha expresado así tras conocer que la Fiscalía Anticorrupción ha pedido prisión incondicional para el aún presidente de la Diputación de León.   

En este marco, De Santiago-Juárez ha explicado que "correrá la lista" y hay una serie de diputados que deberán conformar una mayoría y elegir un nuevo presidente de la Institución provincial.   

A este respecto, ha señalado que "internamente" no sabe "los entresijos" de la Diputación pero lo que debería ocurrir en la Diputación es que se eligiera a otro presidente con la mayoría de diputados 'populares'.   

En cuanto a la repercusión y cómo afecta las detenciones practicadas en la 'Operación Púnica', el portavoz de la Junta considera que esto perjudica a todas las administraciones de Castilla y León porque salen "salpicadas", la que más la Diputación leonesa, pero cree que en general afecta "a todos".   

"La corrupción afecta a todos y todos tenemos responsabilidad para atajarla", ha asegurado De Santiago-Juárez, quien ha aseverado que "no se puede consentir ni un día más".