La oposición asegura que el Consejo de Cuentas confirma que la Junta sigue vulnerando la ley en materia de contratos

Los grupos de la oposición en las Cortes han acusado hoy a la Junta de Castilla y León de seguir cometiendo irregularidades en materia de contratación, como, según ellos, atestigua el informe de fiscalización en esta materia del ejercicio de 2011 elaborado por el Consejo de Cuentas, cuyo presidente, Jesús Encabo Terry, observa, sin embargo, una cierta "mejoría" y rechaza cualquier responsabilidad contable o penal. 

La presentación del informe por parte de Encabo Terry en la Comisión de Hacienda de las Cortes ha llevado a los portavoces del PSCyL y Grupo Mixto, José Francisco Martín y José María González, respectivamente, a criticar abiertamente la política de formalización de contratos de la Junta por la comisión de numerosas irregularidades, entre ellas su fraccionamiento para evitar la licitación pública, y que, en opinión del primero de ambos políticos, son una constante "desde los primeros tiempos" a pesar de las recomendaciones del Consejo de Cuentas, año tras año, desde que comenzó su tarea fiscalizadora.   

"No veo dónde se observa esa mejoría, yo no veo ninguna mejora", ha apuntado Martín, quien ha recordado lo ocurrido con los contratos de 2010 y la causa, sobreseía pero recurrida por la Fiscalía de Valladolid, que se siguió contra distintos altos cargos de la Consejería de Economía por trocear contratos a fin de que no superaran los 18.000 euros y poderlos adjudicar así sin concurso público.   

El socialista ha aprovechado la presencia del máximo responsable del Consejo de Cuentas para mostrar su extrañeza y pedir aclaraciones respecto de distintos contratos formalizados en el ejercicio de 2011, como los 122.000 euros adjudicados a una agencia para la difusión de campañas de distintas consejerías, el casi un millón de euros gastado en la Pasarela de la Moda de Castilla y León, los dos otorgados a la empresa Atelex S.L. por importes idénticos de 29.799 euros, así como, entre otros, los que tuvieron por beneficiarios a Rehabilit, Julio González Pérez, Fundosa Lavanderías Industriales, Construcciones Valentín Andrés López o la Fundación José Carreras.   

En la misma línea, el portavoz del Grupo Mixto, José María González, ha denunciado públicamente que lleva tres años asistiendo a la presentación del informe auditor de los contratos administrativos de la Junta por parte del Consejo de Cuentas y que "siguen apareciendo los mismos problemas que revelan que la Administración regional no cumple con la legalidad" y que ésta hace gala de una "laxitud" en la aplicación de las leyes, que son caminos directos para la comisión de corruptelas", al eliminarse requisitos de publicidad, concurrencia y libre acceso, entre otros.   

Al respecto, González ha ido todavía más lejos y ha centrado sus críticas en la Gerencia Regional de Salud, donde, tal y como ha advertido, "se ha descubierto toda una retahíla de irregularidades" pese a haberse analizado únicamente, al azar, un 18,72 por ciento de los contratos por importe de 40,8 millones, de un total de 3.527 expedientes por un volumen global superior a los 218 millones adjudicados por dicho departamento. "Qué hubiera ocurrido si se hubiera analizado el cien por cien de los contratos", se ha preguntado el político de IU.

Sin embargo, el máximo responsable del Consejo de Cuentas, pese a reconocer la existencia de distintas irregularidades, ha insistido en que de lo analizado en 2011 se observa que la Junta "cumple razonablemente con la legalidad aplicable" y se detecta una cierta "mejora" respecto de anteriores ejercicios, "pues los expedientes están más completos y se ha formalizado la publicidad de los procedimientos".

Además, ha justificado el análisis tan sólo de 70 contratos por importe de 124.861.521 euros, de un total de 6.122 por valor global de 474.556.338 euros formalizados por la Junta a lo largo de 2011, en la aplicación de criterios estrictos de auditoría, que, según él, garantizan o permiten reflejar una "imagen cierta" de cómo se han realizado las contrataciones ese año por parte de la Junta.   

Además del informe sobre la contratación administrativa de la Junta en 2011, Encabo Terry ha hecho lo propio con el relativo al endeudamiento de las nueve diputaciones provinciales en el ejercicio de 2010-2011, según el cual éstas presentaban en ese último año un endeudamiento financiero agregado de 552.854.238 euros, un 22,3 por ciento más que en el anterior, sin que, como así ha asegurado Encabo Terry, se hubiera detectado responsabilidad contable o penal alguna.

Las diputaciones, "retiro clientelar de políticos"   

La situación de endeudamiento de las instituciones provinciales ha llevado igualmente a los representantes del PSCyL y Grupo Mixto, Pedro González Reglero y José María González, respectivamente, a hacer causa común a la hora de denunciar públicamente las irregularidades cometidas por la mayoría de ellas, fundamentalmente por no contabilizar adecuadamente, salvo la de Segovia, su endeudamiento financiero al no registrar las operaciones relativas a la devolución de las participación en los tributos del Estado correspondientes a los ejercicios de 2008 y 2009 y, además, por incumplir los plazos de pago recogidos en la Ley 30/2007 de contratos del sector público.   

En este sentido, el político socialista sostiene que las diputaciones son "instituciones mediomuertas o enteramente muertas y se han convertido en el retiro clientelar de determinados políticos", mientras que González ha incidido en que en cinco de las nueve instituciones provinciales el responsable del endeudamiento hay que buscarlo en algún ente público debido, entre otras razones, "a los altos salarios de sus gestores y su escandaloso desastre contable".   

Y es que González asegura estar cansado de escuchar todos los años la "ya manida conclusión" de que las diputaciones "desprecian la ley", algo de lo que ha responsabilizado directamente a la Junta por entender que es ésta la encargada de velar por el cumplimiento de la legalidad.   

En el lado opuesto, el procurador del PP Salvador Cruz García ha calificado de "razonable" el nivel de endeudamiento de las corporaciones provinciales y ha responsabilidad al entonces gobierno socialista de Rodríguez Zapatero del incremento de su deuda por la "mala presupuestación" realizada en los ejercicios de 2008 y 2009, puesto que una vez efectuada la liquidación se las requirieron 160 millones de euros correspondientes a la devolución de la participación en los tributos del Estado. "Sin ese error de cálculo, la deuda de nuestras diputaciones sería todavía menor", ha sentenciado Cruz García, quien entiende que éstas se encuentran en el "camino correcto".