El PP tumba en el Congreso las demandas de CiU, ERC y PSOE para devolver los 'papeles' pendientes a Cataluña

El PP ha rechazado este martes en la Comisión de Cultura del Congreso las iniciativas de CiU y de ERC, apoyadas por el PSOE, para reclamar al Gobierno la devolución a Cataluña de los documentos incautados en la Guerra Civil que están pendientes de trasladar.   

El Grupo Popular ha negado que el Ejecutivo esté incumpliendo la Ley de Memoria y ha subrayado que el último envío ya está cerrado y que se ha retrasado porque la propia Generalitat de Cataluña pidió tiempo para realizar las copias digitales que deben quedarse en Salamanca en el Centro Documental de la Memoria Histórica.   

El proceso de devolución de los documentos incautados por el bando franquista arrancó en 2008 tras la aprobación de la Ley de Memoria y hasta ahora ha supuesto el envío de 1.435 cajas de archivo y 589 libros desde el antiguo Archivo de la Guerra Civil. El último envío fue en 2011, todavía con Gobierno socialista, pero desde entonces la Generalitat y otros colectivos catalanes han seguido reclamando documentos, una reivindicación que este martes se ha debatido en la Comisión de Cultura del Congreso.   

Por un lado, la diputada de CiU Montserrat Surroca ha defendido una iniciativa exigiendo al Gobierno "fijar sin más dilaciones la fecha del retorno definitivo de los documentos confiscados por las tropas franquistas a partir del año 1939 a particulares e instituciones catalanas y que todavía se encuentran consignados en Salamanca".

"Retraso inconcebible"   

Por su parte, Joan Tardà, de Esquerra, ha instado a "proceder a la devolución inmediata de la documentación identificada y digitalizada, en cumplimiento de los acuerdos de la Comisión Mixta Ministerio de Cultura-Generalitat de Catalunya de 2011 y 2013; a promover un encuentro con la Generalitat para establecer el procedimiento adecuado para hacer efectiva la devolución de documentación perteneciente a la Consejería de Justicia e Interior; y a promover la devolución de la documentación requisada a los municipios.   

A su juicio, este "inconcebible retraso" en la devolución de documentos está provocando "indignación" en Cataluña, y ha acusado al Gobierno en incurrir en "fraude de ley". "NO se fían de la Generalitat", se queja.   

Pero la ponente del PP, María Jesús Moro, ha negado tal incumplimiento por parte del Gobierno y ha asegurado que fue la Generalitat la que pidió en junio más tiempo, al menos hasta terminar este mes de septiembre, para que los técnicos que ha contratado puedan terminar de digitalizar los documentos que van a devolverse y cuya copia debe quedarse en Salamanca.   

En su opinión, el proceso es complejo y "las prisas no son buenas", pues "la precipitación provocó errores en otros tiempos". Cuando concluya ese proceso de digitalización, se procederá al envío de los documentos.   

Eso sí, ha recordado que el Gobierno ya ha dado por cerrado el catálogo de documentos pendientes devolución. El Ministerio de Educación y Cultura, en la última reunión del patronato del Centro Documental de Salamanca, detalló su intención de trasladar a Cataluña 238 cajas, 350 libros, 10 carteles, dos láminas, tres mapas y planos, cuatro banderas, diez panfletos y ocho tarjetas postales.   

Se trata de una cantidad de documentos inferior a la que Cataluña reclamó en un primer momento, pues la Generalitat habló de 546 cajas, 4.139 libros y 259 carteles, entre otros documentos. "Esto no es un proceso perpetuo", ha replicado la diputada del PP.

Si no llegan a su destino, a Salamanca otra vez    

Es más, lejos de facilitar más documentos a Cataluña, el Gobierno del PP ya desveló su intención de reclamar a la Generalitat documentos sacados de Salamanca en anteriores envíos, según consta en una reciente respuesta parlamentaria.   

Las sentencias del Tribunal Constitucional emitidas en enero de 2013 avalaron que la Generalitat percibiera los 'papeles de Salamanca' para entregárselos a sus dueños, ya sean particulares o sus sucesores, pero el Ejecutivo hace hincapié en que también establecieron que aquellos documentos que no llegaran a sus propietarios lícitos, deberán "reintegrarse en un archivo de titularidad estatal", como es el Centro de Documentación de la Memoria Histórica con sede en Salamanca.   

Por ello, anunció su intención de exigir a la Generalitat la devolución de aquellos documentos que ha recibido pero no ha podido "acreditar la entrega" a su legítimo dueño. De entrada, el Ministerio ya adelanta que algunos envíos a Barcelona dispuestos en un principio se han retirado al entender que "muchos de los propietarios originales u organizaciones, ya no existen, o no hay un claro sucesor". Entre otros, cita el caso del partido político Unión Patriótica, el Socorro Rojo Internacional o Solidaridad Internacional Antifascista.