El exjefe de Mantenimiento de apunta a De la Riva y Cantalapiedra como algunos de los que validaron las obras

El exjefe de Mantenimiento de Valladolid, Luis Alberto Samaniego, imputado por la presunta trama de adjudicación de obras y servicios municipales a empresas de él y familiares, con un alcance provisional de 11,2 millones en el periodo 2000-2014, ha apuntado hoy al alcalde y la teniente de alcalde, Javier León de la Riva y Mercedes Cantalapiedra, respectivamente, como las personas que, entre otros concejales, dieron su visto bueno a las obras objeto de investigación judicial.   

La reacción de Luis Alberto Samaniego supone un cambio de estrategia, ya que si en la jornada de ayer, al término de su interrogatorio ante la juez de Instrucción número 4, tanto él como su letrado declinaron hacer declaraciones a los periodistas, hoy, minutos antes de que su primo, Antonio Bernardo Samaniego, prestara declaración por los mismos hechos, su representante legal, Luis Lavín, ha hecho de portavoz del primero para insistir en que todos los trabajos realizados por las empresas familiares contaron con el visto bueno de los máximos responsables municipales.   

"¡Mi cliente no está dispuesto a pasar por chivo expiatorio de este tema!", ha advertido Lavín, quien ha precisado que todos los trabajos ejecutados por las empresas vinculadas a su cliente y su familia "eran aprobados por decreto, y los hay del alcalde y de otros concejales", entre los que ha citado expresamente el nombre de la teniente de alcalde y concejal de Cultura, Comercio y Turismo, Mercedes Cantalapiedra, en concreto un traslado de documentos, con un coste superior a los 500 euros, desde la calle Leopoldo Cano a una nave municipal de la Seminci.   

En su comparecencia voluntaria ante los medios de comunicación, el representante legal del principal imputado en la trama ha aprovechado también para criticar las declaraciones prestadas ante la Policía Judicial por el secretario general y el interventor municipal, Valentín Merino y Rafael Salgado, respectivamente, cuyo testimonio ha tildado de "perjudiciales para su cliente" pero, además, ha advertido de que los mismos han estado a punto de mandar a prisión a Samaniego.

Informe parcial del interventor   

"Hablando muy suave, esas declaraciones no responden a la realidad", ha censurado Luis Lavín, quien ha extendido sus críticas al informe, en su opinión parcial e incompleto, emitido por el interventor respecto de trece facturas correspondientes a 2014, siete de las cuales apuntan que los trabajos contratados no se efectuaron.   

"Dónde están el resto de facturas", se ha preguntado el defensor, quien ha recordado que "falta aún mucha documentación" por presentar y "algunos en concreto tendrán que refrescar la memoria", sobre todo, tal y como ha puntualizado, porque hay adjudicaciones realizadas a la empresa Constructora Castellana acordadas por el pleno municipal.   

Lavín también ha adelantado que su cliente abonará en breve la fianza de 30.000 euros impuesta por la juez para evitar ir a la cárcel, medida cautelar que piensa recurrir, así como que el aludido entregará además de forma voluntaria su pasaporte a la instructora para testimoniar así su deseo de colaborar y de no sustraerse a la acción de la Justicia.