Aprobado el Proyecto de Ley de Medidas para la Reforma de la Administración Autonómica, que modifica 44 normas

El Consejo de Gobierno ha aprobado este jueves el Proyecto de Ley de Medidas para la Reforma de la Administración de la Comunidad de Castilla y León que se tramitará por el procedimiento de urgencia y que modifica un total de 44 normas para la ejecución y desarrollo de las 65 medidas fijadas por el Ejecutivo el pasado mes de enero para reordenar la Administración y que, junto algunos aspectos de la Ley de Ordenación del Territorio, se cifraron en 311 millones de euros.   

Según ha detallado el portavoz y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, este proyecto de ley, que ha sido trasladado a los grupos parlamentarios e informado a los representantes de los trabajadores y a los integrantes del Diálogo Social y de la Federación de Asociaciones de Vecinos, se estructura en tres bloques que afectan a los recursos humanos y a la simplificación y organización de una administración "más eficaz, más ágil, más modernizada y mejor adaptada a las necesidades del siglo XXI".   

Las medidas referentes a recursos humanos buscan regular y mejorar las posibilidades de hacer frente a las necesidades temporales de personal, simplificar las funciones del Consejo de Función Pública y simplificar la tramitación y aprobación de las relaciones de puestos de trabajo -RPT- y plantillas que se realizará por acuerdo de la Junta y no por decreto, como hasta la fecha.   

También se prevé adaptar cuestiones del personal sanitario a personal funcionario, donde se abre la posibilidad de cesar a titulares de puestos de libre designación, si bien en los sanitarios se mantiene la duración máxima de 4 años en esos puestos, aunque puedan repetir, con el mantenimiento de retribuciones en caso de que accedan a puestos directivos.   

Otra de las novedades es que se posibilita el cambio de horario de mañana del personal sanitario de atención primaria, siempre previa negociación. "En ningún caso se modifican los órganos de negociación con representantes de persona, ni se reducen las funciones de estos órganos", ha aclarado el consejero, que ha garantizado en todo momento el poder de interlocución de los sindicatos, una materia en la que el Gobierno Herrera "no es dudoso".   

Con las medidas de simplificación se regula en 24 normas la reducción de sanciones en un 50 por ciento si se abona la sanción en el plazo de 30 días desde la propuesta de resolución, en lo que De Santiago-Juárez ha equiparado con el pronto pago de las multas.

Sin dictamen preceptivo del consultivo al presupuesto   

Este proceso de simplificación administrativa se efectúa en determinados procedimientos y trámites como, la tramitación interna de anteproyectos de ley. Además, se elimina el dictamen preceptivo del Consultivo en Ley de Presupuestos y en decretos meramente organizativos a petición del propio órgano estatutario y se elaborará un Plan de Cooperación al Desarrollo "único".   

También se prevén la manera de hacer pública la validez de autorizaciones de juego de otras administraciones en aplicación de Ley de unidad de mercado.   

Por su parte, las medidas organizativas se estructuran en cuatro niveles. Así, en lo concerniente a la Administración de la Comunidad se atribuye al delegado territorial la coordinación de toda la Administración General y de sus entes adscritos en la provincia y se prevé la posibilidad de que órganos de consejerías realicen funciones de apoyo y materiales para entes adscritos.   

En este proyecto se regulan de forma expresa en la Administración autonómica encomiendas de gestión a órganos propios o de diferente administración, así como a entes adscritos, y se prevé que los servicios jurídicos de la Junta presten asistencia a entidades adscritas y a otras instituciones del sector público autonómico.   

Asimismo se regula que puedan asistir a altos cargos y resto de empleados, por actos en ejercicio de sus funciones, en iguales condiciones.   

En órganos de cooperación local, las medidas contempladas contribuyen a la simplificación de la composición y las funciones del Consejo de Cooperación Local, se le atribuyen las funciones de la Comisión de Coordinación de Policías Locales y de la Comisión de Carreteras "y, con ello, queda configurado como principal órgano de cooperación en Administración y Entidades Locales".   

Por último, en materia de coordinación interdepartamental, la Comisión de Secretarios recibe la atribución de funciones de cinco órganos: Comisión Autonómica de Publicidad Institucional, Comisión de Coordinación de Ciencia y Tecnología, Comisión de Coordinación para la política de juventud de la Administración Autonómica, Comisión Interconsejerías para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres y Comisión interconsejerías de apoyo a las familias.   

Con esta atribución, y junto con el Decreto de 6 de marzo, la Comisión de Secretarios se configura como único órgano de coordinación interdepartamental.   

"Los órganos de participación resultarán reforzados a partir de la introducción de unas medidas que permitirán racionalizar el número de órganos, unificar los que tienen materias y composición similar y potenciar su funcionamiento", ha detallado el consejero, que ha explicado que para ello Gobierno autonómico debe modificar 20 leyes, en las que se eliminan las referencias a órganos concretos que se sustituyen por referencias a la necesidad de que exista un órgano en esa materia.   

Además, se eliminan dos observatorios regulados por ley que eran órganos administrativos en el ECYL y en la Gerencia de Servicios Sociales, en lo que De Santiago-Juárez ha reconocido como un ejemplo del "abuso" de la creación de observatorios.   

El Proyecto de Ley consta de 42 artículos, estructurados en cuatro títulos: uno preliminar y tres dedicados respectivamente a las medidas sobre recursos humanos, simplificación y organización; este último se desglosa en cuatro capítulos: organización de la Administración de la Comunidad, órganos de Cooperación Local, coordinación interdepartamental y órganos de asesoramiento y participación. Por último, se añaden tres disposiciones transitorias, una derogatoria y dos finales.

FP Básica

Por otra parte, el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado este jueves el primer proyecto de decreto vinculado a la aplicación de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) y a través del que se regularán determinados aspectos para la implantación de la Formación Profesional Básica en Castilla y León, que conllevará un incremento del gasto público cifrado en unos 40 millones de euros.   

Así lo ha explicado el portavoz de la Junta que ha recordado que la nueva Ley de Educación aprobada por el Gobierno de la nación dispone que los ciclos de esta modalidad de Formación Profesional Básica sean de oferta obligatoria y carácter gratuito como medida para facilitar la permanencia de los alumnos en el sistema educativo y ofrecerles mayores posibilidades para su desarrollo personal y profesional.   

"De este modo, al igual que en la mayoría de los países europeos, a partir de los 15 años los estudiantes podrán elegir entre una formación académica y una orientación aplicada o profesional", ha significado el portavoz, que ha indicado al respecto que una de esas trayectorias educativas se plantea a partir del tercer curso de la Educación Secundaria Obligatoria a través de los nuevos ciclos de Formación Profesional Básica.   

La duración de estos ciclos, que se implantarán en el curso 2014-2015 en su primer curso, será de dos años y para acceder a ellos tendrá que haber una recomendación previa del equipo docente de Educación Secundaria Obligatoria, con una edad entre 15 y 17 años, tras haber cursado 3º de ESO, o excepcionalmente 2º.   

Asimismo, y según consta en este proyecto de decreto, la FP Básica garantizará la adquisición de las competencias del aprendizaje permanente, a través de la impartición de enseñanzas organizadas en los bloques comunes de Comunicación y Ciencias Sociales (que incluirá Lengua Castellana, Lengua Extranjera, Ciencias Sociales), y de Ciencias Aplicadas (que incluirá Matemáticas Aplicadas al Contexto Personal y de Aprendizaje en un Campo Profesional, y Ciencias Aplicadas al Contexto Personal y de Aprendizaje en un Campo Profesional).   

El portavoz ha explicado también que los criterios pedagógicos se adaptarán a las características específicas del alumnado y fomentarán el trabajo en equipo.   

Los estudiantes que superen los ciclos de Formación Profesional Básica, obtendrán el título de Técnico Profesional Básico de la familia correspondiente, así como al menos una cualificación de nivel 1 del Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales.   

"Esta titulación permitirá el acceso a los ciclos formativos de grado medio, así como la posibilidad de obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria tras su finalización", contempla el proyecto aprobado este jueves. En caso de su no superación, se recibirá un certificado académico de los módulos profesionales y en su caso bloques o materias superados.   

De Santiago-Juárez ha explicado también que el proyecto de decreto ha sido presentado tanto al Consejo Escolar de Castilla y León como al Consejo de Formación Profesional de Castilla y León y se ha puesto a disposición de los ciudadanos en Gobierno Abierto donde se han formulado once ideas, tres comentarios y 159 votos a dichas ideas, "que si bien se han tenido en cuenta para la implantación de estas enseñanzas, no han supuesto modificaciones importantes al texto presentado".   

Por otro lado, el portavoz de la Junta ha asegurado que el Gobierno regional confía en la palabra dada por el ministro de Educación, José Ignacio Wert, en Conferencia Sectorial en cuanto a la aportación de fondos adicionales tanto a Castilla y León como al resto de las autonomías para implantar la nueva Ley de Educación, que en el caso castellanoleonés supondrá unos 63 millones.   

"No tenemos por qué no fiarnos del ministro si además lo hace en una Sectorial", ha sentenciado De Santiago-Juárez, que ha recordado el compromiso del Gobierno de comunicar este mes lo que supondrá la implementación de la LOMCE.