UCCL reclama un calendario de pagos de los programas de Desarrollo Rural y pide a Junta y Ministerio que resuelvan sus problemas

El coordinador de la Unión de Campesinos en Castilla y León, Jesús Manuel González Palacín, ha reclamado este miércoles un calendario de pagos de los programas de Desarrollo Rural con fechas concretas y ha pedido a la Junta y al Ministerio de Agricultura que resuelvan sus problemas "y no metan a los agricultores en su guerra".   

"Estamos hartos de los retrasos en los pagos", ha advertido González Palacín, que ha cifrado en 150 millones la deuda de la Administración con los agricultores y ganaderos de Castilla y León, de los que 30 millones datan de 2012 y 120 del año 2013, a lo que ha sumado que a día de hoy todavía no se conoce cuánto van a cobrar de 2014.   

González Palacín ha acusado a la Junta de Castilla y León de "vender" su esfuerzo en programas como la incorporación de jóvenes cuando luego no se manifiesta con "voluntad política" para pagar esos programas. "Hay pagos que no llegan", ha continuado el líder regional de UCCL, quien ha recordado que esos retrasos se suman a la falta de liquidez que sufren los profesionales del campo que, tras "inversiones millonarias", tienen que renegociar su situación con los bancos.   

El líder regional de UCCL ha sido tajante al recordar que el organismo pagador es la Junta de Castilla y León por lo que ha insistido en que deben ser la Administración regional y el Ministerio los que resuelvan sus problemas y paguen "cuanto antes" su deuda con los profesionales del campo ya que, esos impagos, no permiten desbloquear los fondos procedentes de Bruselas.   

Por último, ha advertido de la posibilidad de que 2014 se quede como "un año en blanco" en la estrategia de la Consejería de Agricultura y Ganadería de "hacer caja" con la no convocatoria de las ayudas, donde González Palacín se ha mostrado "totalmente en contra" ya que, según ha defendido, ya se pueden comprometer fondos de la nueva programación de Desarrollo Rural.   

Según sus datos, cada euro que destina la Junta se transforma en tres euros de inversión pública por lo que ha considerado que invertir en agricultura y en ganadería "es un buen negocio".

Saneamiento ganadero

Por otra parte, los responsables de la Unión de Campesinos en Castilla y León  han llamado a la Junta a negociar las formas y métodos de saneamiento ganadero y ha apelado a la sentencia del TSJCyL que reconoce el derecho de los ganaderos a realizar contraanálisis en los casos positivos para advertir a la Administración regional de que se acabó el "cachondeo del ordeno y mando".   

Tras acusar a la Junta de Castilla y León de actuar como la Inquisición en materia de saneamiento ganadero y de "llevar a la hoguera" a los "culpables" sin derecho a comprobar esos supuestos casos positivos, los integrantes de UCCL han insistido en que "se pueden y se deben" negociar esos programas de saneamiento desde el convencimiento de que se está destinando mucho dinero público para erradicar unas enfermedades endémicas que "no van a desaparecer nunca", máxime cuando comparten pastos con cabañas salvajes.   

"Hay que reconocer errores y tiene que haber un antes y un después a esa sentencia", ha insistido González Palacín, quien ha apelado a la presión y a la posibilidad de salir a la calle si no hay un cambio en la "obsesión" de la Junta por erradicar las enfermedades de la cabaña ganadera cuando, "con una mejor gestión se hacen mejor las cosas", a lo que ha sumado la importancia de la vacunación.   

Los integrantes de UCCL han destacado la importancia de esta sentencia que permitirá paralizar los vaciados y sacrificios de explotaciones cuando la Administración informe, por ejemplo, de un caso positivo de tuberculosis ya que el ganadero tendrá derecho a contradecir las pruebas oficiales a través de otro análisis.   

Según sus datos, entre un 75 y un 80 por ciento de los casos comunicados como positivos se confirmaron como "falsos positivos" en las pruebas 'post mortem'. En este sentido, el responsable de ganadería en UCCL, Rafael de Frutos, ha acusado a la Junta de hacer las cosas "por el artículo 33" y de actuar como si las vacas fueran suyas.