Las Cortes aprobarán el decreto-ley de medidas urgentes para garantizar la prestación de servicios tras la entrada en vigor de la reforma local

El Pleno de las Cortes de Castilla y León aprobará en la sesión que arranca el próximo martes el decreto-ley de medidas urgentes para garantizar y dar continuidad a la prestación de los servicios públicos y que pretende clarificar esas competencias de las entidades locales tras la entrada en vigor de la "compleja" Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, la Reforma Local del Gobierno.   

Este decreto-ley tiene como principal objetivo evitar "resultados indeseables" o disfunciones en la prestación de servicios públicos, con la correspondiente repercusión en los ciudadanos, evitar vacíos competenciales, especialmente en materias como la sanidad, la educación o los servicios sociales, y asegurar que no se incrementa el coste para las administraciones, como explicó el portavoz de la Junta y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez.   

En la sesión también se debatirán cuatro Proposiciones No de Ley (PNL), una del PP destinada a avanzar en el Sistema de atención a la Dependencia con el fin de favorecer la concesión de prestaciones que proporcionen servicios profesionales y tres del PSOE, para exigir la no modificación de libros de texto, otra para garantizar a los municipios la prestación de servicio de Secretaría y una tercera sobre las obras de alta velocidad ferroviaria.   

Asimismo se analizarán dos interpelaciones, una en materia de universidades y otra sobre inclusión social y una moción relativa a política general en materia de empleo.

Transparencia

Por otra parte, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Óscar López, preguntará al presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, en el próximo Pleno de las Cortes por el cumplimiento de su compromiso con la transparencia mientras que el viceportavoz del Grupo Mixto, el leonesista Alejandro Valderas, se interesará por la solución del Gobierno autonómico ante los cambios de la llegada del AVE a León.   
Estas son las dos preguntas a las que tendrá que contestar el presidente de la Junta en la sesión de control al Gobierno con la que comenzará el Pleno de las Cortes el próximo martes, 8 de abril.   

Además, la viceportavoz del Grupo Socialista, Ana Redondo, se interesará por las medidas impulsadas por la Junta para paliar los "efectos perjudiciales", a su juicio, de la reforma eléctrica del Gobierno sobre los ciudadanos y la economía regional.   

La valoración de la Junta respecto a los últimos datos del INE sobre la evolución del PIB y la falta de concesión de préstamos por 450 millones por parte de Itacyl o de la Agencia de Innovación son otros de los temas de actualidad por los que preguntarán los socialistas, que se interesarán también por las actuaciones de la Junta en torno a la empresa Antibióticos.   

El PSOE llevará también al próximo Pleno la imputación de nueve funcionarios y altos cargos de Economía por la adjudicación de contratos menores y preguntará por la valoración de la Junta del funcionamiento del convenio con el Consejo Autonómico de Colegios de Abogados para el desarrollo del programa de información a mujeres víctimas de malos tratos.   

Del mismo modo, el principal grupo en la oposición pondrá sobre la mesa las coacciones del delegado de la Junta en Burgos a funcionarios de esa provincia y preguntará por las actuaciones de la Consejería de Sanidad para mejorar la situación de las personas con alguna enfermedad rara.   
La última pregunta de los socialistas en la sesión de control al Gobierno versará sobre la valoración de la Junta del informe del Fondo de Compensación Interterritorial correspondiente a 2012 y relacionado con la provincia de Soria.   

Por su parte, el portavoz del Grupo Mixto, José María González, de IU, se interesará por las acciones que contempla la Junta para defender al sector del transporte de mercancías por carretera y por las actuaciones para cumplir los objetivos de conservación y restauración del Patrimonio Histórico.   

La última pregunta será de Alejandro Valderas en referencia a las medidas de la Junta para impedir que desaparezca la actividad relacionada con las plantas de tratamiento de purines.