Una pregunta del PSOE sobre los conciertos con la privada provoca la bronca en las Cortes sobre quién contesta

Una pregunta del procurador socialista José Francisco Martín sobre lo que destina la Junta de Castilla y León a los conciertos con la enseñanza privada ha provocado la bronca en el Pleno de las Cortes sobre quién debe contestar y que ha llevado a la presidenta, Josefa García Cirac, a llamar al orden a algunos de los procuradores, como Ángela Marqués, del PSOE, y Juan José Sanz Vitorio, del PP, al que ha avisado de que de seguir con su actitud de protesta tendría que abandonar el hemiciclo.   

La bronca se ha derivado por el hecho de que haya sido el consejero de Educación, Juan José Mateos, y no la titular de Hacienda, Pilar del Olmo, el que ha respondido a la pregunta de José Francisco Martín, que ha denunciado la "estafa política" de la Junta por haber trasvasado 253,7 millones de euros en cinco años a la privada mientras recorta las dotaciones de profesores en la pública.  
 Ante las ironías de Martín, que se ha referido en varias ocasiones a Mateos como consejero de Hacienda y ha acusado a Del Olmo de no querer responder o comparecer en las Cortes para aclarar este asunto, la presidenta de las Cortes ha tenido que tomar la palabra para aclarar que en la Mesa de las Cortes del viernes los propios Servicios Jurídicos dejaron claro que cualquier consejero podía responder por su labor de "responsabilidad solidaria".   

"Yo es que estas gracias no las entiendo, sinceramente", había lamentado Mateos, quien tras pedir el uso de la palabra por alusiones para tachar la conducta de Martín de "gracieta", le ha asegurado que si realmente quiere una respuesta seria por su parte le formule una interpelación para debatir sobre el tema.   

Juan José Mateos había apelado al Informe Pisa en su primera intervención para recordar que Castilla y León tiene un "sobresaliente" en lo académico, equidad y respeto de lo público y lo privado donde existen "las menos diferencias posibles", por lo que ha considerado que Martín está en contra de la educación en Castilla y León.   

El socialista por su parte se ha reafirmado en esa "estafa política" por parte de la Junta al admitir además beneficios fiscales por el denominado "impuesto revolucionario" que pagan los padres de los alumnos de la privada-concertada mientras que por otro lado se han recortado 680 millones a la pública "con premeditación, alevosía y falta de transparencia".