Las Cortes aprueban la Ley de medidas urgentes de apoyo a la vivienda con la abstención de PSOE e IU

En la defensa del texto, que recoge 83 enmiendas presentadas por los grupos (18 del PP y doce procedentes del Consejo del Diálogo Social, once de UPL, 17 de IU y 25 del PSOE), más del 50 por ciento de las presentadas, el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Silván, ha agradecido la participación e implicación para mejorar las medidas inicialmente planteadas, punto en el que ha ensalzado el papel del Diálogo Social, y ha defendido que la ley busca atender situaciones de especial dificultad sobrevenida.

En este sentido, ha recordado que las tres líneas de actuación fijadas en el marco del Diálogo Social parten de la necesidad de adaptar el modelo inmobiliario y de política de vivienda al nuevo contexto económico y social y busca sentar las bases del nuevo modelo y reorientándolo al alquiler y dar respuesta a las demandas de las familias que, en la actualidad, hacen frente a "enormes dificultades" para acceder a la vivienda y hacer frente a los pagos.

Silván ha destacado aspectos de la nueva ley como el hecho de que se facilite el acceso a la vivienda de titularidad pública de sectores más amplios y su mantenimiento a quienes las ocupan como residencia habitual o la incorporación de medidas "que hoy necesitan los ciudadanos y familias".
 
El PSOE ha defendido en el pleno 34 enmiendas de mano de la procuradora Ana María Muñoz de la Peña, quien ha avalado la negociación pero ha rechazado "sumisión" ante la ley, que a su juicio "nada tiene que ver" con las 22 medidas anunciadas en su momento por la Consejería, que con determinadas medidas "rompe", a su juicio, el principio de igualdad jurídica para viviendas con financiación pública y "renuncia" de manera "clara" a la promoción pública y a su labor de "tutela".
 
La Junta, ha aclarado, no tiene viviendas propias "porque optó por los promotores privados" y ahora pretende hacer política "a costa" de los ayuntamientos, según Muñoz de la Peña, quien con un "la Junta invita y los ayuntamientos pagan" ha pedido que se compense económicamente a los ayuntamientos, que aportan las viviendas para la reserva a colectivos en riesgo de exclusión y el parque público.
 
Daño a los ayuntamientos

Tras reiterar que se hace "mucho daño" a los ayuntamientos, la procuradora socialista ha acusado a la Junta de querer recaudar "a cuenta de la vivienda protegida" y en su réplica, Alfonso García Vicente (PP), quien ha aplaudido el hecho de que las dificultades de los hogares para el pago de cuotas de alquiler e hipotecarias estén ahora al nivel de antes de la crisis y ha ensalzado el "amplio acuerdo social" de la ley.
 
En este sentido, García Vicente ha recordado la recepción de enmiendas del PSOE y ha mostrado su rechazo a las siete que permanecían vivas para el debate, de las que algunas presentan "marcado carácter antisocial" y otras "no tiene sentido" mantenerlas en el debate, lo que a su juicio responde al objetivo del PSOE de "hacer creer" que se encontraban más lejos de un acuerdo de lo que "realmente" estaban.

Por su parte, el procurador de IU José María González, quien ha instado a cambiar la ley hipotecaria para evitar la "práctica usurera de la banda ladrona", ha considerado que algunas de las medidas de la ley constituyen una "manera de hacer caja de la Junta".
 
Durante el debate, que ha concluido con la aceptación por unanimidad de la número 34 de sus 44 enmiendas, que persigue que el esfuerzo de las familias no supere un tercio de sus ingresos a la hora de acceder a la oferta de vivienda, González ha recordado que quedaba "pendiente" el debate sobre el "intento" del PP de "primar los intereses de los promotores privados" y ha lamentado que no se aceptara la subsidiación de créditos de viviendas protegidas.
 
"El PP quería el apoyo mayoritario de la Cámara para barnizar medidas a favor de alguna absoluta minoría en esta Comunidad y barnizar hacia la vista de la mayoría de ciudadanos esto que intentan hacer", ha señalado antes de advertir de que seguirán la aplicación de la ley, para lo que ha llamado a ciudadanos a hacerles saber el trayecto de la norma.
 
En su réplica, Daniel Sobrados (PP) ha justificado la inadmisión de algunas de las enmiendas vivas a cuestiones ideológicas y, tras aludir al "respeto del marco legal" para explicar su rechazo a la instauración del "modelo andaluz" de vivienda, que es "incompatible" con la política "responsable" de la Junta en la materia, ha aplaudido la postura "coherente y responsable" de González.
 
En último término Alejandro Valderas ha votado a favor de las enmiendas excepto una de José María González y del texto de la futura ley, que ha mejorado "sensiblemente" el documento previo.
 
Algunas medidas

Entre las medidas urgentes en materia de vivienda destaca una rebaja de un 20% de los precios máximos de venta o alquiler de aquellas viviendas públicas que se adjudiquen después de que entre en vigor esta norma. El precio actual de las viviendas cuyas futuras adjudicaciones sufrirán esta rebaja es de 500 euros en alquileres y de 100.000 euros en venta.
 
Otra de las acciones se centra en facilitar los pagos de las cuotas de compra o de alquiler con determinadas moratorias de pago, además se avanza en la amortización anticipada de la compra o en el arrendamiento de viviendas. También se reservará una parte de las viviendas para colectivos en riesgo de exclusión social y se obliga a la Administración autonómica y a los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes a constituir parques públicos de alquiler social, integrados por viviendas y alojamientos protegidos de titularidad pública, que se destinarán preferentemente al alojamiento, en régimen de arrendamiento, a personas incluidas en colectivos de especial protección.
 
Junta y ayuntamientos deberán reservar al menos el 30% de las viviendas protegidas desocupadas y de los terrenos de uso residencial de su titularidad o de entidades dependientes para consolidar los parques públicos de alquiler social.

Reforma de la Administración

El Grupo Parlamentario Popular ha dado el visto bueno este miércoles a la propuesta del Grupo Parlamentario Socialista en el sentido de crear un grupo de trabajo de forma inmediata para analizar la futura reforma de la administración de la Comunidad de Castilla y León y, en aras a ese acuerdo, se ha mostrado dispuesto a aumentar el plazo reglamentario para la presentación de la moción socialista correspondiente a la interpelación registrada para este pleno respecto a la organización administrativa de la Región.

Así lo ha asegurado el viceportavoz del Grupo Parlamentario Popular, Juan José Sanz Vitorio, que ha recogido el guante lanzado por el secretario del Grupo Socialista, José Francisco Martín, en relación a pactar una moción conjunta para analizar la reforma de la organización administrativa de la Comunidad a debatir en el próximo pleno ordinario de las Cortes ya en febrero de 2014.

Martín también ha reiterado la disposición de su grupo para llegar a un acuerdo en la futura Ley de Reforma de la Administración y ha pedido que abrir ese consenso también a los agentes económicos y sociales y a los representantes de los trabajadores de la Administración por ser "los más directos receptores de esta ley".
 
Este es el principal acuerdo alcanzado este miércoles en el debate de las propuestas de resolución de los grupos a la Comunicación de la Junta relativa a las reformas de la estructura de la Administración, de las que han salido adelante las 10 iniciativas del PP (siete por unanimidad), como las relativas al establecimiento de procedimientos para facilitar a las entidades locales menores la presentación de sus cuentas.
 
Los grupos también han acordado a iniciativa del PP promover el consenso en torno al Proyecto de Ley de Transparencia y Gobierno Abierto de Castilla y León y a establecer los mecanismos precisos para que los documentos que se encuentren en alguna administración no deban ser aportados por los ciudadanos en los procedimientos administrativos, a lo que se suman otros puntos como la planificación conjunta con el Estado de la asistencia a las víctimas del terrorismo.
 
Sin embargo, los grupos en la oposición se han abstenido en las propuestas sobre la modificación de la regulación del Consejo de Cooperación Local para potenciar su papel y sobre la aprobación de las medidas de la Comunicación en Consejo de Gobierno, a lo que se ha sumado la abstención del PSOE a la aprobación del Plan de Reducción y Simplificación Normativa.
 
Para Sanz Vitorio se trata de unas propuestas de resolución coherentes con el programa electoral del PP y con el Discurso de Investidura de Juan Vicente Hererra a lo que ha sumado la voluntad de la Junta de haber presentado una Comunicación sobre la reforma de la estructura de la administración para abrir de este modo el debate a los grupos.
 
En este sentido, ha animado a participar desde hoy en la reforma de la Administración, un asunto de "vital trascendencia" para la mejora de la prestación de servicios y para mantener su calidad con el mismo grado de eficiencia y mejorar así la calidad de vida de los ciudadanos.