Más de 100.000 firmas piden plaza en un colegio de educación inclusiva para un niño leonés con síndrome de Down

Esta reclamación ha sido iniciada en la plataforma 'Change.org' por Alejandro Calleja, padre del menor, que lleva tres años tratando de que su hijo pueda acudir a un colegio inclusivo.   

El menor había estado escolarizado en un colegio ordinario y "estaba integrado con sus compañeros", asegura Calleja en la petición de Change.org, en la que explica que todo cambió con la llegada de un nuevo profesor cuando Rubén "empezó a estar raro y arisco". "No sabíamos lo que le pasaba, hasta que otros padres nos contaron lo que sus hijos le decían: que el profesor atacaba a Rubén, le insultaba e incluso le agredía", relata el progenitor en este foro.   

Tras la reclamación de los padres, se cambió el profesor a Rubén, pero la situación del menor no mejoró por lo que desde la Consejería Provincial de Educación se decidió, sin consultar a sus progenitores, según este escrito, trasladar al niño a un centro de Educación Especial, a lo que sus padres se han negado desde el convencimiento de que su hijo "va a sufrir una regresión importante".   

Por esta razón, ha explicado el padre en la petición de ayuda, su hijo "lleva dos años aprendiendo en casa".   

La campaña de Calleja cuenta con el apoyo de la Down España, que ha alegado que la Convención de la ONU sobre Derechos de Personas con Discapacidad, de la que España es parte, establece que los Estados asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los niveles y que las personas con discapacidad puedan acceder a una educación primaria y secundaria inclusiva, de calidad y gratuita, "en igualdad de condiciones con las demás".

El caso en los tribunales  

El caso de Rubén está a las puertas del Tribunal Constitucional, hasta donde han llegado sus padres para defender la causa de su hijo con un recurso de amparo en el que apelan a los artículos 27 y 14 de la Constitución Española.   

La batalla judicial de la familia del menor comenzó en 2011 cuando recibieron una llamada telefónica del colegio de educación especial Nuestra Señora del Sagrado Corazón para matricular allí a su hijo, que tenía 11 años.   

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León admitió en su sentencia que la situación en el centro no fue la adecuada a las necesidades del menor y que faltó colaboración de parte del profesorado, pero no aprobó la petición de la familia para que fuera escolarizado en un centro ordinario.