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Presenta 369 enmiendas a los presupuestos para cambiar de destino 254 millones

El PSCyL plantea un nuevo sistema tributario 'más justo' para recaudar 350 millones más

El PSCyL plantea un nuevo sistema tributario "más justo" para recaudar 350 millones más

Incluye en las deducciones a pensionistas con familiares a cargo y, vía subvenciones, a quienes no están obligados a hacer la declaración

Por Redacción/Agencias
jueves 14 de noviembre de 2013, 13:10h
El Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León plantea en sus enmiendas al Proyecto de Ley de Medidas Tributarias un nuevo sistema con el fin de obtener 350 millones más "por la vía de recaudar más bajo el principio de que pague más quien más tiene y para hacerlo más justo, introduciendo bonificaciones fiscales para las familias que peor lo están pasando", a la vez que ha presentado un total de 369 enmiendas a los presupuestos de la Junta con el fin de cambiar de destino 254 millones.
En primero de los casos, los socialistas, tal y como ha explicado el portavoz de Economía, Julio López, quien ha comparecido acompañado por el responsable de Hacienda, José Francisco Martín, el objetivo es conseguir un sistema tributario en el que, a través del IRPF, se pague más en los tramos más altos y contemple deducciones nuevas para familias con ingresos por debajo de 18.000 euros y sobre todo, y sería la novedad, para pensionistas con familiares a cargo.   

"Hasta ahora la bonificación es para familias con ascendientes, pero lo que se plantea es darle la vuelta a esta situación a fin de incluir a los pensionistas ya que éstos se están viendo obligados a hacerse cargo de sus hijos y nietos", ha incidido López, quien, amén de pedir nuevas bonificaciones para la adquisición de libros de texto, por acogimiento no remunerado de menores y de personas con discapacidad y por descendientes discapacitados, ha instado a la Junta a hacer partícipes de estas ventajas, por la vía de subvenciones o ayudas, a aquellos que no se están beneficiando por tener bajos ingresos y no estar obligados a realizar la declaración de la renta.   

Asimismo, las enmiendas socialistas abogan por la progresividad en impuestos sobre el patrimonio y de sucesiones y donaciones, "al objeto de que paguen más las grandes rentas y fortunas", además de aumentar el gravamen del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, salvo en los casos de las vinculadas al desarrollo de actividades económicas y empresariales o referidas a la vivienda habitual.   

La supresión de bonificaciones y el incremento de los tipos impositivos hasta el 10 por ciento para el sector del juego, la congelación de tasas, la exclusión de los parques eólicos en el impuesto sobre afección medioambiental en la producción de energía eléctrica y de la producida con carbón autóctono, frente a la inclusión de la generada por centrales nucleares y el impacto ocasionado por instalaciones fijas de telecomunicaciones, además de un nuevo impuesto no repercutible sobre depósitos financieros captados por las entidades de crédito en Castilla y León y la supresión del 'céntimo sanitario' completan las propuestas del PSCL en materia impositiva.   

Pero además, en el ámbito del sector público, abogan por la extinción de organismos autónomos y empresas públicas por las Cortes y la creación de una Comisión Parlamentaria de Seguimiento del proceso de reestructuración del sector público empresarial y fundacional, además de otras medidas que contemplan reclamar los ingresos perdidos por la Comunidad a causa de la amnistía fiscal.

35 millones para profesorado público   

Con respecto a las enmiendas a los presupuestos de la Junta para 2014, que se elevan a 369, van dirigidas a dar un destino distinto a 254 millones, la mayor parte de ellos, 82,4, referidos a la Consejería de Educación, en la que se aboga por aumentar las becas para estudiantes no universitarios (2,5 millones), la coofinanciación de las becas Erasmus (1 millón), la gratuidad de los libros de texto (6 millones) y, sobre todo, para incrementar la dotación para el profesorado público (35,2 millones), según ha explicado el portavoz socialista de Hacienda en las Cortes, José Francisco Martín.   

Además, los socialistas dan uso distinto a 41 millones en Fomento y Medio Ambiente, parte de ellos para subsidiación de préstamos hipotecarios, así como a 50 en Cultura y Turismo, a otros 40 en Agricultura y Ganadería y a 32 en Economía y Empleo, en este caso para planes de empleo provinciales y para uno específico para la minería (5 millones), mientras que en materia de Sanidad, donde se enmiendan 26,4 millones, se consignan 3 millones para el copago del transporte sanitario no urgente y 9 para el plan de reducción de listas de espera, junto con otros 2,8 para el copago farmacéutico para pensionistas y crónicos.   

En el área de Hacienda se enmiendan 16,5 millones, de ellos 5 para el Fondo Autonómico para el Desarrollo y el Empleo, aunque lo más destacado, según Martín, son los 10 millones reservados a la Renta Garantizada de Ciudadanía, para lo cual los socialistas demandan destinar a tal fin el beneficio industrial del Hospital de Burgos.   

"Pedimos que el beneficio no se pague a los concesionarios sino que sirva para que la Renta Garantizada de Ciudadanía llegue a una dotación de 53 millones, que es la contemplada en el acuerdo social y sin embargo en los presupuestos tan sólo se presupuestan 43 millones", ha explicado el portavoz de Hacienda.   

Finalmente, en lo relativo a enmiendas al Proyecto de Ley de Presupuestos para 2014, el Grupo Parlamentario Socialista ha articulado una batería dirigidas a un mayor control del gasto en la Administración autonómica y para una mayor transparencia en el funcionamiento del sector público, en el que, entre otras medidas, se propone la supresión del 20 por ciento de los altos cargos y puestos de libre designación, el abono a los empleados, al hilo de las últimas sentencias, de la parte proporcional de la extra de diciembre de 2012, destinar el 1 por ciento del presupuesto a un plan de lucha contra la pobreza y exclusión social, avalar aplazamientos de deudas hipotecarias de personas en riesgo de desahucio y la no amortización de puestos de trabajo de personas que se jubilen en la sanidad, educación y servicios sociales.
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