El asesino de las jóvenes Leticia Lebrato y Marta Obregón ya está en la calle

Eran las ocho de la tarde cuando Pedro Luis Gallego abandonaba la prisión madrileña de Alcalá Meco. Nadie, ni familiares ni conocidos, esperaba una repugnante salida que fue certificada por los periodistas, confirmando así que se hacía efectiva la resolución de la Audiencia de Burgos.

Tratando de ocultar su rostro tras unas gafas, una gorra y un pañuelo, el "violador del ascensor" no ha respondido a los periodistas cuando le preguntaban si se arrepentía de los crímenes cometidos.

La Sala de lo Penal de esta Audiencia, reunida este jueves, había acordado esta medida por unanimidad, después de haber conocido el informe favorable del Ministerio Fiscal, tras la reciente sentencia del Tribunal de Estrasburgo que anula la aplicación en España de la Doctrina Parot, y la interpretación aportada por el Tribunal Supremo sobre cómo aplicar esta sentencia del tribunal europeo.   

El auto que notifica la excarcelación del conocido como violador del ascensor señala que ha quedado sin efecto la doctrina Parot por la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos del pasado 21 de Octubre, por lo que procede "otorgar el licenciamiento definitivo al penado en el cumplimiento de las penas acumuladas que se encontraba extinguiendo en la presente causa, y ello con efectos desde la fecha 16 de agosto de 2011"    

Tal y como ha señalado el Tribunal Supremo, esta resolución podrá ser recurrida en casación por las partes personadas ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, a pesar de la inmediata excarcelación del preso.    

El mismo Tribunal Supremo es el que en marzo de 2012, por unaniminad de sus cinco magistrados, acordó aplicar la denominada 'doctrina Parot' sobre reducción de penas por beneficios penitenciarios a Pedro Luis Gallego, quien entonces llevaba 20 años años cumpliendo una condena de 273 años, y aplazó su salida de la cárcel hasta 2022.   

El acuerdo de la Sala suponía el rechazo del recurso interpuesto por el abogado de Gallego en contra el auto de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Burgos de fecha 13 de junio de 2011, que denegó su inmediata puesta en libertad y acordó mantener como fecha de cumplimiento de las penas a él impuestas y acumuladas la del 9 de noviembre de 2022, tal y como se indicaba en una auto anterior de esta misma sala de fecha 6 de agosto de 1997.   

El recurrente solicitaba una nueva liquidación de la condena con el fin de descontar los periodos en los que el penado estuvo en privisión provisional por cada una de las causas acumuladas, si bien el TS no sólo desestimó entonces su pretensión sino que, además, resolvió condenarle en costas.    

Pedro Luis Gallego está condenado por el asesinato de la joven burgalesa Marta Obregón en 1993, la muerte de la joven vallisoletana Leticia Lebrato en 1992 y 18 violaciones más.

Valoración de la Junta

La noticia ya ha sido valorada por la Junta de Castilla y León que ha asumido la decisión de la Audiencia "con cierta náusea, repugnancia y tapándose la nariz".

"No sólo van a excarcelar a este delincuente sino también a muchos otros en aplicación de una sentencia que, en el caso de ésta, a veces hay que cumplir "con cierta náusea, repugnancia y tapándose la nariz", ha dicho el portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez. Las sentencias "hay que cumplirlas cuando no son recurribles", ha añadido el portavoz.

TSJCyL

Por su parte, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), José Luis Concepción, ha manifestado que entiende el disgusto de las víctimas de los casos afectados por la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que ha posibilitado la salida de la cárcel en los últimos días de autores de delitos terroristas o de violencia sexual, entre otros.

José Luis Concepción ha reconocido que la sociedad ha recibido con "disgusto" la decisión del organismo europeo porque ha recordado los hechos delictivos que muchos de los favorecidos cometieron.
 
No obstante, el presidente del TSJCyL ha explicado que la decisión del TEDH "hay que leerla en sus justos términos" porque "no anula el objeto que persiguió" en el año 2006 de impedir que condenados por varios delitos y penas largas tuviesen los mismos beneficios, computados igual, que quien solo era condenado con un delito.
 
En este sentido, el representante judicial en Castilla y León ha recordado que la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos impide su aplicación con "efecto retroactivo".
 
José Luis Concepción ha visitado la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca para impartir la conferencia inaugural del Doctorado en Administración, Hacienda y Justicia en el Estado Social, que ha llevado por título 'Reformas procesales para la reducción de la litigiosidad'.

Asociación Clara Campoamor

La presidenta de la Asociación Clara Campoamor, Blanca Estrella, ha calificado de "auténtico disparate" la decisión de la Audiencia de Burgos de ordenar la puesta en libertad del 'Violador del Ascensor', Pedro Luis Gallego, con motivo de la última sentencia que tumba la 'Doctrina Parot', tras recordar que el colectivo, ya que tal medida ha sido adoptada sin siquiera escuchar al colectivo, que representa a los padres de una de sus víctimas, Leticia Lebrato.

De hecho, Estrella ha recordado que los padres de la niña vallisoletana asesinada en 1992 habían sido citados mañana viernes en Valladolid, por exhorto de Burgos, a fin de informar sobre la petición de excarcelación para el verdugo de su hija.

"¡Lo de la Audiencia de Burgos no tiene palabra!. Por supuesto, los padres y el abogado de la asociación no van a acudir a los juzgados de Valladolid porque es absurdo hacerlo, cuando ya hoy se le va a poner en la calle a Pedro Luis Gallego", ha declarado notablemente indignada Blanca Estrella, quien ha insistido en desconocer la razón por la cuál se ha dado parte a la familia de la niña sin siquiera darle la oportunidad de pronunciarse.

La representante del colectivo, que ha figurado como acusación particular en este y otros casos como el del Valentín Tejero, el asesino de la niña de Villalón (Valladolid) Olga Sangrador y cuya excarcelación está pendiente también de la decisión de la Audiencia vallisoletana, ha denunciado públicamente el peligro de reincidencia, algo que volvería a producirse en estos casos y que ya se tradujo en su día en una condena al Estado como responsable y en una indemnización a los padres de las víctimas.
 
"Si el 'Violador del Ascensor' vuelve a matar y violar, ahora el responsable será un fiscal de Burgos con nombre y apellidos, los tres magistrados de la Audiencia de Burgos y los integrantes del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, que son los que han tumbado la 'Doctrina Parot' sin hacer un análisis reflexivo de las consecuencias, no haber estudiado caso por caso y ni siquiera haber leído las sentencias condenatorias de este tipo de asesinos", ha amenazado Estrella.
 
Ésta también ha responsabilizado de la situación a todos los gobiernos habidos tras el de Suárez por no haber cambiado el código penal del Franquismo, a la vez que ha criticado al colectivo de jueces y magistrados por mantener silencio a pesar de que desde Estrasburgo se les ha acusado directamente de no respetar los derechos humanos.

Libertad vigilada

La delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Blanca Hernández, ha asegurado que a Pedro Luis Gallego Fernández se le podría aplicar las medidas de libertad vigilada que permite la última reforma del Código Penal.

Hernández ha mantenido este jueves en Valladolid un encuentro de trabajo con el delegado del Gobierno en Castilla y León, Ramiro Ruiz Medrano, y con las Unidades de Violencia de Género de las nueve provincias de Castilla y León, antes de la cual ha sido preguntada por los periodistas por el caso de Gallego Fernández, quien tras la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia que anula la aplicación de la conocida como Doctrina Parot, podría quedar en libertad en las próximas semanas.

Blanca Hernández ha recalcado que la última reforma del Código Penal introdujo un "importante" elemento para los delitos de violencia de género como la posibilidad de aplicar la libertad vigilada a los reclusos que queden en libertad, "si lo determina" el órgano judicial correspondiente.
 
La delegada para la Violencia de Género ha señalado que anteriormente, estas medidas estaban previstas para "otro tipo de delitos", pero desde la última reforma se puede tomar en casos de reclusos por violencia de género. Así, si se aprecia "una especial peligrosidad" se puede imponer la libertad vigilada en un plazo de "hasta tres o cinco años, con posibles prórrogas".
 
Esta medida implica distintas herramientas para "eliminar esta peligrosidad", como la prohibición de acercarse a las víctimas con el empleo de brazaletes telemáticos que garanticen las órdenes de alejamiento, obligaciones de no residir en un lugar determinado o presentarse en los juzgados.