La Junta no devolverá la extra a sus funcionarios porque no hay dinero

Del Olmo se ha pronunciado de este modo tras conocer el fallo del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Palencia a favor de tres empleados públicos de Sacyl a los que se reconoce el derecho a que la Administración regional les devuelva la parte proporcional devengada de la paga extra de Navidad de 2012.

Pilar del Olmo ha mostrado su preocupación ante el contenido de esta sentencia y la probabilidad de que pudiera ser extensiva al resto de empleados públicos "sin posibilidad de la Junta de recurrir" ya que, según ha comentado, "ahora mismo no hay dotación en 2014 para devolver la paga extra a todos los trabajadores".

Dicho esto, ha garantizado que en el proyecto de Presupuestos de la Junta para 2014 sí hay "dotación suficiente" para pagar las dos pagas íntegras completas del próximo año.
 
Así pues la Junta tiene previsto afrontar las pagas extras del próximo año pero no devolver la de 2012, una paga que según ha matizado Del Olmo se devolverá "en todo caso" cuando se pueda y en forma de un plan de pensiones, ya que en estos momentos la Junta no podría hacer frente a ella con los fondos de los que dispone.
 
Del Olmo se ha expresado sobre la devolución de la paga extra  durante su asistencia en Magaz de Pisuerga (Palencia) a la inauguración del VIII Congreso Regional de la Federación de Servicios Públicos de UGT de Castilla y León.

Recurrir al Estado

Asimismo, Pilar del Olmo ha advertido de que la Junta acudirá al Estado a pedir soluciones si el decreto ley que suprimió la extraordinaria de los empleados públicos implica responsabilidades económicas para la Comunidad, que según ha recordado carece de dotación presupuestaria para devolver esta paga a todos los afectados.   

En caso de que se extendiera a todos los funcionarios el fallo del juzgado palentino, la Junta deberá desembolsar una cuantía de 50 millones de euros, según ha estimado la consejera.   

En total, el ahorro derivado de la eliminación de la extra supuso alrededor de 200 millones. De esta cantidad, la Junta debería devolver una cuarta parte. No obstante, la responsable autonómica ha manifestado que de momento sólo existen tres sentencias que obliguen al reintegro y que la cuantía que se ha de abonar es mínima, de unos 700 euros.  

Antes de la intervención de la consejera en el Foro de Economía y Política Regional que se ha celebrado en Segovia, Del Olmo ha señalado que la Junta intentará recurrir el fallo del Juzgado de Palencia y que estudia todas las posibilidades que existen para evitar la devolución de las pagas ante la falta de presupuesto para asumirla.   

La titular de Hacienda ha incidido en que la eliminación de la extra deriva de una norma estatal de aplicación en todas las comunidades autónomas. Por ello, ha dicho, si de ese decreto ley se derivan responsabilidades económicas para Castilla y León, ésta acudirá al Estado para solventar la situación.

Valoración de CSI-F

Por su parte, el sindicato CSI-F se ha felicitado por la sentencia que devuelve la parte proporcional de la extra a los trabajadores de Sacyl y ha reiterado el ofrecimiento que se ha hecho en diversos momentos y foros para que, "de momento", se devuelva a todos los empleados de la Junta de Castilla y León sin necesidad de que recurran a la vía judicial.

CSI-F ha incidido en que la Diputación de Palencia ya se sentó a negociar la devolución de esta parte proporcional "ante el sinsentido que sería obligar a todos los empleados pertenecientes a la misma a recurrir a la vía judicial y que la administración fuera condenada en costas".

Por eso, el sindicato ha vuelto a pedir a la Junta que se siente a negociar la devolución de la parte proporcional, "sin menoscabo de que se devuelva la paga integra sustraída si los tribunales lo deciden", para evitar, como ya sucede, que se la condene en costas judiciales que provocarían "graves tensiones" de caja para la Administración.
 
En concreto, ha asegurado que si la Junta de Castilla y León obliga a sus trabajadores (en torno a 89.000 empleados) a recurrir a la vía judicial, además de tener que pagar dicha parte proporcional, sería condenada en costas a una media de 600 euros más un 21 por ciento de IVA (unos 726 euros por fallo judicial). "Todo ello influiría muy negativamente en los fondos para el mantenimiento de los servicios públicos de la comunidad", ha insistido.
 
Por todo ello, reclama de nuevo que se siente a negociar y "demuestre que realmente valora a sus empleados públicos".
 
Además, CSI-F Castilla y León ha informado de que dará traslado a la Comunidad de la sentencia ganada por CSI-F Andalucía en la que se reconoce el derecho de recuperar la paga extra de diciembre de 2012 a todos los empleados pertenecientes al sector de Justicia y ha advertido de que "seguirá luchando" para que el resto de los empleados públicos recuperen la paga extra "sustraída" en el menor tiempo posible.