Los socialistas cifran en 51 millones el coste de la LOMCE y el PP advierte de la manipulación a familias y alumnos

De este modo se ha pronunciado la procuradora del PP en su intervención en el Pleno de las Cortes donde ha defendido la Ley de Mejora de la Calidad Educativa aprobada por el Gobierno de la nación ante una PNL del Grupo Socialista que reclamaba el rechazado de las Cortes y de la Junta a esta norma del ministro José Ignacio Wert que supondrá un gasto de 51 millones de euros en Castilla y León con desdobles, institutos abiertos por la tarde o modificaciones de rutas, a lo que ha sumado otros aspectos como la segregación temprana del alumnado o la devaluación de la FP.

"Hay que hacer frente a los problemas detectados en el sistema educativo", ha respondido Hernández Morán, para quien los datos de los distintos estudios, como las cifras de abandono temprano, "avalan" la reforma de la Educación. "Un Gobierno responsable no puede quedarse de brazos cruzados", ha considerado.
 
La procuradora 'popular' ha defendido que el Gobierno de la nación ha estado abierto "en todo momento" al diálogo y a la participación ciudadana, con modificaciones al anteproyecto y en la tramitación en el Congreso, y ha reclamado al Grupo Socialista verdadera voluntad de diálogo ya que "aún hay tiempo" para mejorar la norma en su trámite en el Senado.
 
En este sentido, se ha mostrado convencida de que la nueva Ley no supondrá un retroceso en el sistema educativo de Castilla y León sino que, al contrario, permitirá mejorar "aún más" los "excelentes resultados" que ha conseguido además de corregir diferencias entre comunidades.  
 
Por su parte, la procuradora socialista Ángela Marqués ha advertido de las "nefastas" consecuencias de la Ley para el presente y para el futuro de los alumnos al ceder, además, ante el "lobby" de la Conferencia Episcopal a pesar de que ahora, "en una distorsión de la realidad", diga que no está conforme. Para la portavoz de Educación, la LOMCE priorizará la educación privada frente a la pública y pondrá las bases para convertir este derecho en un negocio.
 
Del mismo modo, ha exigido una reprobación del Grupo Popular al "desprecio" manifestado por el Gobierno al derecho al ejercicio de huelga y al papel de los profesores, de los que se ha asegurado que secundarán el paro porque tienen trabajo, en lo que la socialista considera un flaco favor a la autoridad del profesorado. Marqués, que se ha mostrado del lado de la "mayoría clamorosa" en contra la de "Ley de la wertgüenza", ha recordado además que el pasado curso se despidieron 1.000 interinos en Castilla y León.

El Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla y León también ha rechazado este míercoles en el Pleno una PNL presentada por el PSOE  para instar desde la Junta al Gobierno central a retirar la propuesta de reforma de las pensiones y a abrir una concertación social dentro del Pacto de Toledo, al considerar el PP que la remodelación permitirá garantizar el sistema más allá de 2019 porque en la situación actual es "insostenible".    Así lo ha aseverado el procuraror 'popular' Raúl de la Hoz, que ha explicado el rechado de su grupo a la PNL presentada por el PSOE y defendida por Julio López y a la que el PP ha presentado una enmienda en la que ha planteado que desde las Cortes se inste a la Junta a que, a su vez, se dirija al Gobierno " a fin de desarrollar un sistema de pensiones que garantice su suficiencia presente y futura y asegure que las pensiones van a crecer".
 
Durante su comparecencia, De la Hoz ha asegurado que el PSOE busca con su PNL  que "se evite que nadie en el futuro congele las pensiones como ellos hicieron hace dos años" y ha recordado que el Gobierno de Rodríguez Zapatero es "el único" que en Democracia ha congelado las pensiones.
 
Por su parte, Julio López, que ha defendido la PNL presentada por su grupo, se ha referido al "elevado volumen de personas" que en la Comunidad se verán afectados por esta reforma y así se ha referido a 70.000 agricultores, 240.000 parados y 600.000 pensionistas y se ha mostrado convencido de que con esta reforma el Gobierno "sólo busca aliviar el déficit a base de frenar el poder adquisitivo de las pensiones".