UGT cifra en el 23,5 por ciento la población "en riesgo de pobreza" en la Comunidad

Con motivo de la celebración internacional del Día para la Erradicación de la Pobreza, la secretaria regional de Política Social y Salud Laboral de UGT, Carmen Campelo; y el secretario regional de Política Institucional, Óscar Lobo; han ofrecido una rueda de prensa en la que han realizado una "fotografía" de la pobreza en Castilla y León.   

El sindicato ha recalcado que la pobreza "no ha dejado de crecer" desde que comenzó la crisis, y en la actualidad el porcentaje de población de la Comunidad que se sitúa por debajo del umbral de "riesgo de pobreza" es el 23,5 por ciento, cuatro puntos más que en 2009, cuando sitúan el comienzo de la crisis económica.   

Este dato proviene del establecimiento de un umbral de "riesgo de pobreza" en la renta anual de referencia de 7.350 euros. Si se habla de unidades familiares, el perfil más repetido, dentro del riesgo de pobreza, es el compuesto por un adulto con uno o más niños a cargo.   

Esta situación está causada por la combinación de tres factores como la crisis prolongada, la puesta en marcha de una política restrictiva, el descenso de las rentas salariales y de las pensiones, y una reforma laboral que "hace estragos entre la población trabajadora".   

Con ello, UGT ha señalado que en Castilla y León, más de 430.000 hogares, el 46 por ciento del total, "no llegan a fin de mes o lo hacen con dificultad", mientras que más de 240.000 de ellos "no tienen capacidad para hacer frente a gastos imprevistos" y en torno a 32.000 familias han tenido retrasos en los pagos de hipoteca, alquiler o recibos de su vivienda habitual. De hecho, 79.000 hogares "no pueden permitirse mantener una vivienda a temperatura adecuada o más de una comida de carne o pescado a la semana".   

Esto es consecuencia también del contexto "demoledor" del desempleo, con 233.799 personas en situación de desempleo, según los datos de septiembre citados por UGT --42.124 más que hace dos años-- y de las que 110.579 personas no cobran prestación alguna. Además, según la Encuesta de Población Activa del segundo trimestre, 28 de cada 100 personas están paradas, lo que se eleva al 49,65 por ciento en el caso de los jóvenes.

   A ello se suma que en España, como ha recalcado Óscar Lobo, se han intensificado las desigualdades. Como dato, aportado por Carmen Campelo, mientras se calcula que el coste salarial ha caído un 3,3 por ciento desde el inicio de la crisis, los beneficios empresariales registraban incrementos del 32,1 por ciento en el mes de julio de este año.   

Los representantes sindicales se han referido también con detenimiento a la situación de los pensionistas, que han visto como se deteriora su poder adquisitivo al quedar "congeladas" para los próximos años. UGT considera que la reforma de las pensiones planteada por el Gobierno afectará a cerca de 600.000 personas en la Comunidad.   

En cuanto a las pensiones no contributivas, en Castilla y León rondan los 370 euros mensuales y las perciben una media de 22.325 personas de media. El sindicato ha advertido de que "algún tipo de revisión a la baja que recorte estas cuantías supondría un impacto sustancial cuya consecuencia acabaría de profundizar la situación de riesgo en la que viven los pensionistas".   

Carmen Campelo ha recordado que con la crisis económica se ha producido el fenómeno del "reagrupamiento familiar", que consiste en que muchas familias dependen exclusivamente de los ingresos de un pensionista, por lo que estas rentas se han convertido en "el primer amortiguador" ante el riesgo de pobreza.

Renta Garantizada de Ciudadanía   

Por todo ello, Campelo y Lobo han recalcado la importancia de la labor de los sindicatos en la "concertación social" para llegar a acuerdos como la ampliación de la Renta Garantizada de Ciudadanía para llegar hasta un mínimo de 53 millones de euros en los presupuestos de 2014. Este mecanismo, ha apuntado la secretaria regional, llega a 6.000 perceptores y 25.000 beneficiarios, por lo que se ha referido, a la vista de los números, a la "necesidad palpable" de incrementar su alcance.   

La posición del sindicato, como ha subrayado Óscar Lobo, se mantiene para reclamar un "giro hacia las políticas sociales" por parte del Gobierno de España pues "los derechos y prestaciones sociales son una responsabilidad de la Administración". Sin embargo, ha lamentado que con la crisis se ha llegado a "institucionalizar la caridad mientras el Gobierno se aleja cada vez más de los ciudadanos".