El camino pasa por 2.248 municipios y una Comunidad

Ya está. Ha costado más de dos años y no pocos disgustos a la Junta sacar adelante, como lo ha hecho este martes, la reforma local que adopta en estas tierras el nombre oficial de Proyecto de Ley de Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y León. El resultado es un texto legislativo que no lo conoce ni la madre que lo parió, sensu stricto, más que nada porque han sido muchos los cambios, modificaciones, toques y retoques que se han tenido que hacer para que viera la luz. Primero, porque los propios munícipes del Partido Popular rechazaron y enmendaron un proyecto de ley al que, de entrada, dijeron "no". Luego sería sí. Han sido necesarios muchos viajes y mucha pedagogía para hacerles entrar en razón y muchos encuentros, secretos y no tan secretos, en la dirección regional del PP para convencer a alcaldes y presidentes de la diputación. Y parece que se les convenció.

Por el camino se quedaron algunas cosas, como los distritos, con los que se pretendía denominar a lo que ahora son las mancomunidades de interés general. Sonaba demasiado a urbano para una comunidad con tanto mundo rural y  por ahí nadie estaba dispuesto a pasar.

También ha habido incorporaciones importantes que han permitido al  PSOE pasar el mal trago de apoyar el proyecto estrella de la Junta para la actual legislatura. Pero era sí o sí. Había demasiadas cosas en juego por ambas partes.

Y como parece que éramos pocos y..., en el último momento se incorporan  la Ley los integrantes del Diálogo Social -sindicatos y patronal, para entendernos-, que a este paso van a necesitar el don de la ubicuidad (de la bilocación, como sor María Jesús de Ágreda, que diría Herrera) para estar en tanto sitio como se les requiere.

En definitiva, un tortuoso camino para una Ley de Ordenación del Territorio que no tiene un escenario precisamente fácil. La elaboración del mapa de servicios volverá a abrir la caja de los truenos cuando todos los pueblos, grandes y pequeños, quieran colocarse a la altura de, como mínimo, una capital de comarca (¡ay!, se me escapó comarca). Antes, tendrán que haber aprendido a diferenciar las unidades básicas, de las áreas funcionales estables y éstas de las mancomunidades de interés especial. Todo es cuestión de tiempo.

La Ley castellano y leonesa también se encontrará, a no tardar, con su homóloga nacional, aunque de rango superior, no se nos olvide. Habrá problemas, seguro, si bien es cierto que de momento se han suavizado las pretensiones iniciales de Cristóbal Montoro que a punto estuvo de hacer de la Comunidad más grande de Europa la de menor número de municipios.

No vamos a negar la satisfacción de PP y PSOE, De Santiago-Juárez y Óscar López, por haber conseguido sacar adelante la Ley con un amplio consenso y por haber blindado los servicios esenciales. Los dos han estado de acuerdo en que el camino empieza ahora y pasa por 2.248 municipios, los que tiene Castilla y León y a los que están obligados a poner orden.