Acuerdo unánime en las Cortes para exigir la modificación de la reforma local del Gobierno

Los tres grupos parlamentarios con representación en las Cortes -PP, PSOE y Grupo Mixto- ha cerrado este miércoles en el Pleno de las Cortes un acuerdo para solicitar al Gobierno central la modificación del anteproyecto de Ley para la racionalización y sostenibilidad de la administración local y rechazar la supresión forzosa de municipios.

El acuerdo se cerró en torno a una Proposición No de Ley (PNL) del PSOE que fue enmendada por el PP y acabó en acuerdo dado que las posiciones en contra de determinados aspectos de la Reforma Local han sido coincidentes.

Así, el procurador socialista Francisco Ramos ha destacado que el anteproyecto presentado por el Gobierno central pone en "jaque" los fundamentos del municipalismo. "Ni la participación ciudadana, ni la calidad del espacio público local, ni la ciudadanía con sus necesidades y aspiraciones se citan siquiera en este anteproyecto que limita las competencias locales hasta ahogar la estructura de servicios", ha insistido.

Para el procurador socialista, con la reforma sugerida por el Ejecutivo "miles" de alcaldes y sus equipos elegidos por los vecinos en las urnas "ya no serían responsables de tomar las decisiones y gestionar los servicios" a pesar de ser los artífices de la "transformación y modernización" de España.

Ante esta situación, para el Grupo Socialista, la propuesta del Gobierno de "intervenir y vaciar de competencias" a los ayuntamientos, "limita" el espacio político" de la administración "más cercana", así como su capacidad para garantizar la igualdad de oportunidades. "Hace más frágil nuestra democracia", ha aseverado, tras lo que ha defendido que el mundo local "necesita competencias bien definidas y financiación suficiente".

Tras escuchar la intervención de Francisco Ramos el viceportavoz del Grupo Parlamentario Popular, Juan José Sanz Vitorio, ha recordado que el PP coincide con los principios que rigen el anteproyecto estatal, aunque, como ha señalado, el objetivo "debe ser garantizar que las entidades locales estén en condiciones de asumir las competencias que tienen encomendadas por Ley".

"La alternativa no puede ser en ningún caso el vaciamiento competencial de nuestros ayuntamientos independientemente de su tamaño", ha defendido, tras lo que ha exigido la introducción de mecanismos que permitan que esto sea así.

Para Sanz Vitorio si la alternativa es el vaciamiento de competencias lo que se hará será encomendar a las diputaciones a unas competencias y un contenido que "nunca tuvieron", además se chocaría "frontalmente" con la autonomía local. "Un ataque poco deseable a las bondades de las políticas de proximidad", ha aseverado.

Tras recordar que uno de cada cuatro municipios de España está en Castilla y León, el viceportavoz 'popular' ha defendido que la Comunidad necesita un tratamiento específico. "No entiendo que ningún municipalista pueda defender el vaciamiento competencial", ha concluido.

El procurador de UPL, Alejandro Valderas ha argumentado el voto a favor del Grupo Mixto en esta PNL, y ha destacado la importancia de defender en este sentido cuestiones "coincidentes y lógicas" y que además defiende la postura de "alcaldes y pedáneos". 

La propuesta

Además de solicitar al Gobierno la retirada del anteproyecto para consensuar un nuevo texto con los grupos parlamentarios y la FEMP, así como con las comunidades autónomas que ejercen competencias en la materia y en algunos casos, como el de Castilla y León, garantizan en sus estatutos la autonomía local.

Entre otros aspectos, la PNL defiende un tratamiento específico y diferenciado para Castilla y León, que se respete la competencia estatutaria en materia de régimen local, que se tengan en cuenta en la reforma los principios de subsidiariedad, proximidad, calidad y equidad, la preservación de la autonomía local y el mantenimiento de la cláusula general de competencias.

Asimismo, se solicita que la reforma garantice la suficiencia financiera de las entidades locales, la eliminación del denominado 'coste estándar', la potenciación de la asociación voluntaria de municipios y la no supresión ni intervención de municipios.

Por último, los tres grupos piden que se establezcan garantías para los empleados públicos que puedan verse afectados por la reforma, la continuidad de los servicios públicos locales, mantener la titularidad y el uso público del patrimonio propio y comunal que administran las entidades locales y reconocer el papel de los ayuntamientos a favor de "la igualdad de oportunidades, la democracia, la cohesión social y el mantenimiento del territorio para toda la sociedad".

Creación de Empresas

Las Cortes de Castilla y León también han aprobado la Ley de Estímulo a la Creación de Empresas con los votos favorables de PP, PSOE y el procurador leonesista, Alejandro Valderas, pero con la oposición del único representante de IU, José María González. Asimismo, las cuatro enmiendas socialistas que pervivían en el debate han sido transaccionadas dentro del tono de consenso mayoritario que ha rodeado a este texto.
   
El consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, ha recalcado que esta Ley tiene como destinatarios a los emprendedores, y que se fomentará desde el ámbito educativo, al tiempo que se creará un marco jurídico favorable y se coordinarán políticas de apoyo. Así, ha insistido en que la eliminación de trámites burocráticos es una de las principales medidas impulsadas por esta normativa, ya que el tiempo de creación de empresas caerán a la mitad porque estos expedientes tendrán "preferencia" en su tramitación.
   
Como ha explicado el consejero de Economía y Empleo, y como ha coincidido la práctica totalidad de los procuradores que han intervenido en el debate legislativo, se trata de una norma que ha contado con la "máxima" participación ciudadana, pues se ha puesto en común a través del Gobierno Abierto, al tiempo que ha contado con aportaciones de los grupos políticos mediante una mesa de trabajo constituida en las propias Cortes.

Instituciones propias 

PP y PSOE han aprobado, con la abstención del Grupo Mixto, la Ley que modifica la organización y el funcionamiento de las instituciones propias de la Comunidad para dotarlas de "eficiencia" y limitar las presidencias de CES, Consejo de Cuentas y Consultivo y Procurador del Común a cuatro años y dos mandatos.
   
En el debate parlamentario se han incluido finalmente al texto cuatro enmiendas transaccionadas apoyadas por 'populares' y socialistas entre las que destaca que los empleados de las entidades homogeneicen de forma progresiva su salario al de los funcionarios de la Administración regional y la obligación del Consejo de Cuentas de comparecer una vez al año para informar de la fiscalización de la Comunidad.
   
El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santaigo-Juárez, ha comparecido ante la cámara para explicar esta nueva normativa que, como ha recordado, da cumplimiento al compromiso del presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, hecho público en el Debate del Estado de la Comunidad de 2012 con el objetivo de "avanzar y explorar" nuevas vías para mejorar la "eficiencia" de estos entes.
   
De Santiago-Juárez ha insistido en que el objetivo de la normativa es "modernizar" las instituciones propias de la Comunidad y "adaptarlas" a la reforma del Estatuto de autonomía. Así, como novedad más destacadas de la normativa se establece que los cuatro organismos pasen a adscribirse a las Cortes, lo que, a juicio del consejero de la Presidencia, "profundiza en su necesaria independencia".
   
Otros cambios introducidos, además de limitar los mandatos, es posibilitar que las Cortes nombren a dos de los seis expertos del CES, ampliar las funciones de las cuatro instituciones y la importancia de incorporar los remanentes presupuestarios de las mismas a las consejerías más sociales.

Ley de Pesca

El Grupo Parlamentario Popular ha rechazado las enmiendas a la totalidad de PSOE y Grupo Mixto para solicitar la devolución del texto del proyecto de Ley de Pesca, cuyo fin es, como ha detallado el consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Antonio Silván, lograr una "gestión sostenible", además de avanzar en la "dinamización del mundo rural".

Silván ha comparecido ante la Cámara para explicar esta Ley que adecua la normativa de 1992 ante el "fuerte crecimiento" de la pesca en la Comunidad que alcanza ya las 180.000 licencias. Así, ha insistido en que el objetivo de la normativa es garantizar el ejercicio de la pesca, desde el mantenimiento del patrimonio y de una "gestión sostenible".

Durante su intervención Silván ha destacado que la normativa habilita como novedad la creación de permisos de pesca de carácter turístico liado al turismo rural. "Pesca, ocio, deporte, equilibrio económico y turismo de naturaleza", ha aseverado.

El consejero de Fomento ha confiado en poder aprobar la normativa con el mayor consenso posible y ha recordado que el Proyecto de Ley ha contado con la colaboración "expresa y activa" de todos los sectores implicados.

Sin embargo, tanto la procuradora socialista Ana María Muñoz de la Peña como el del Grupo Mixto, el leonesista Alejandro Valderas, han presentado sendas enmiendas a la totalidad con el fin de lograr la devolución del texto ya que ambos han considerado el documento como "incompleto".

Rechazadas 15 propuestas del PSOE para la reactivación económica

Por otra parte, el Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla y León ha rechazado con sus votos mayoritarios la Proposición No de Ley compuesta por 17 propuestas del PSOE para reactivar la economía y mejorar las medidas de lucha contra el desempleo en la Comunidad, de las que sólo se han aprobado dos, en las que se reclamaba agilizar la Ley de Estímulo a la Creación de Empresas, que se debatirá en la misma sesión, y la de Industria, que se encuentra en fase de tramitación.   

El procurador socialista Julio López ha criticado el "papelón" realizado por el representante del PP encargado de fijar la posición de su Grupo en este debate, Crescencio Pascual, a quien ha reprochado que haya "leído los siete u ocho folios que le han escrito" sin levantar la cabeza del papel, con lo que, a su juicio, ha mostrado el "desprecio" 'popular' a las propuestas del PSOE. Mientras tanto, ha lamentado que el portavoz del Grupo Mixto, José María González, que se ha abstenido en la votación, haya acudido hoy a las Cortes "con el ánimo antisistema".   

Tras una prolija exposición de antecedentes en la que López ha recapitulado numerosos datos económicos y de empleo tanto nacionales como regionales, con una tasa de paro del 22,7 por ciento, inferior a la media estatal, algo que, en su opinión, lleva al Gobierno de Castilla y León a la "autocomplacencia" y que él justifica en la pérdida de población y el menor crecimiento poblacional que el resto de España.   

En todo caso, ha incidido en que, desde comienzos de 2008 en la Comunidad se han "destruido" 51.200 empleos ocupados por jóvenes de 16 a 24 años, una caída del 61 por ciento que, según sus datos, es "ocho veces superior a la media del Estado. Además, ha añadido que en sectores como la industria o la construcción se ha perdido empleo joven en más de un 70 por ciento en los últimos cuatro años, por lo que los afectados se ven ahora "sin trabajo y sin la formación necesaria para acceder a otros puestos".   

A ellos iban dirigidas algunas de las medidas, como un sistema de incentivos para la reorientación de parados de la construcción en labores como la rehabilitación o la mejora de la eficiencia energética, o agilizar la convocatoria de incentivos acordados en el Plan de Estímulos para el Crecimiento y el Empleo firmado a finales de 2012. En materia de empleo se pedía también la convocatoria de otros 33 millones incluidos en dicho Plan y otras acciones dirigidas al fomento del empleo local.   

En términos más genéricos de la economía, la PNL incluía propuestas para instar y reclamar al Gobierno de España desde la Junta de Castilla y León la asignación de los recursos adicionales que puedan corresponder a la Comunidad por el incremento del límite de déficit para 2013, que ha cifrado en 120 millones de euros; el impulso de un programa de consolidación fiscal "más creíble y que permita el crecimiento", mejorar la financiación, y la búsqueda de un pacto de rentas entre patronal y sindicatos para que los precios de los servicios públicos guarden proporción con la evolución de los salarios.   

La mayor parte de las propuestas ha sido rechazada por el Grupo Popular, cuyo representante ha repasado acciones llevadas a cabo por el Gobierno de España y de Castilla y León que han permitido, a su juicio, superar la "delicada" situación en la que quedó la economía española tras los últimos años del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero. "El PSOE dejó a España en una situación que obligaba a limitar el déficit, con unas cifras que si se mantenían supondrían certificar la defunción del Estado del Bienestar", ha aseverado Crescencio Martín.   

Por ello, ha justificado, el Gobierno de Mariano Rajoy ha tenido que trabajar con un "esfuerzo" en la consolidación fiscal y con varias reformas estructurales que han logrado una condiciones más favorables en los límites del déficit con respecto al PIB y la revisión del plazo para cumplir las exigencias de la Unión Europea hasta 2016.