Los sindicatos quieren que se amplíe el número de beneficiarios de la Renta Garantizada

El secretario general de Comisiones Obreras en Castilla y León, Ángel Hernández, ha asegurado este viernes que "en las próximas horas" los sindicatos mayoritarios presentarán a la Consejería de Familia de la Junta una propuesta para la negociación sobre la Renta Garantizada de Ciudadanía dirigida a ampliar el número de beneficiarios que reciben esta ayuda.

Hernández, que ha mantenido este viernes la primera reunión con el coordinador general de Izquierda Unida Castilla y León, José María González, tras su última elección como secretario general. Ambos han tratado otros aspectos de la actualidad parlamentaria y social de la Comunidad.

El dirigente sindical ha explicado que "en las próximas horas" se dará a conocer esa propuesta para la negociación con la Junta de Castilla y León ante la "experiencia" de que actualmente se rechaza el 50 por ciento de las solicitudes de la Renta Garantizada de Ciudadanía. Por ello, UGT y CC.OO. han trabajado para abrir el margen de aplicación de esta herramienta.

Hernández ha recalcado que "sólo" resultan beneficiarias de la Renta Garantizada unas 10.000 personas de Castilla y León, una cifra que consideran escasa ya que la anterior figura de los Ingresos Mínimos de Inserción (IMI) contaba ya con 3.000 receptores y, sobre todo, si se tiene en cuenta el dato de que en la región "el 50 por ciento de los 250.000 desempleados no reciben subsidio y en unos 100.000 hogares ningún miembro de la familia tiene empleo".

El representante de CC.OO. también ha reflexionado sobre la necesidad de que en ámbito nacional se cree un criterio genérico sobre este tipo de herramientas, ya que no existe una aplicación nacional y cada Comunidad ordena estas rentas con diferencias. En este sentido, ha apuntado que debería fijarse "un suelo".

Por su parte, José María González ha incidido en que esa ampliación para la Renta Garantizada de Ciudadanía será "muy importante" para dar la posibilidad a los ciudadanos "de seguir respirando", ya que ha coincidido en destacar la elevada cifra de familias que "no ingresan un euro" porque han perdido el derecho a cualquier tipo de prestación.

El coordinador de IU ha recalcado que además de esta medida, "para que los ciudadanos puedan comer, tengan un techo y no sean desahuciados" la Junta y el Gobierno deben coordinar medidas sobre vivienda y empleo.

Por otro lado, ambos representantes han coincidido en reclamar que se debería retrasar la aprobación de la Ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de Castilla y León, ya que consideran que no existe "sintonía" entre esta propuesta de la Junta y el borrador del anteproyecto de reforma de la Administración Local en la que trabaja el Gobierno de España.

El representante de IU, tras destacar el alto grado de coincidencia en el "modelo de sociedad" que comparte su organización con CC.OO, ha recalcado que el proyecto de Ley regional se debería "congelar" hasta que el Gobierno tome una decisión sobre la reforma de la Administración local. De hecho, sobre este último aspecto ha apostillado que su objetivo real es "quitar competencias democráticos" a los ayuntamientos. "No tiene sentido hacer un debate previo de la ley si luego se va a tener que modificarla", ha insistido González.

Mientras tanto, el dirigente sindical que esa ampliación del trámite parlamentario en Castilla y León se debería aceptar porque podría permitir que se alcance el "acuerdo político y social" al que considera que no se ha llegado hasta ahora. Hernández ha calificado de "temeridad" la posibilidad de continuar adelante con el desarrollo legislativo ya que, ha señalado, "los voceros de la Junta ya dicen que no hay sintonía" entre las propuestas.

En cuanto al contenido de la Ley, José María González ha aseverado que IU y CC.OO. comparten la postura de que la base de la ordenación del territorio deberían ser los derechos de los ciudadanos de Castilla y León, "tanto los de zonas urbanas como, sobre todo, los rurales". "La ordenación del territorio tiene una base, que es la respuesta a esos derechos", ha detallado.

Diputaciones

Además, en cuanto a las diputaciones provinciales, ha afirmado que las organizaciones hoy reunidas abogan por "el vaciado de competencias" de las misas para abordar próximamente su desaparición en una reforma de la Constitución Española.

A esta Carta Magna se ha referido, en otros términos, Ángel Hernández para recordar la postura de CC.OO. con respecto al proceso soberanista que pretende iniciar la Generalitat de Cataluña, ya que se ha referido a un informe de su secretario general, Ignacio Fernández Toxo, que recalcaba que, en todo caso, las decisiones que se tomen en ese asunto y que supongan una modificación de la Constitución de 1978 "tienen que ser refrendadas por todos los españoles".

Asimismo, José María González y Ángel Hernández han coincidido en una apuesta federal para la organización del Estado mientras que el representante de IU ha reconocido el derecho a opinar de los ciudadanos de los territorios españoles, "lo que no quiere decir que IU esté a favor del rompimiento del Estado".