La Junta pedirá una reunión "inmediata" con Cañete por el retraso en los pagos de ayudas agrarias por parte del Ministerio

La consejera de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León, Silvia Clemente, ha informado este miércoles de que se producen retrasos en las transferencias del Ministerio a la Junta de Castilla y León para aportar las ayudas del denominado Plan de Desarrollo Rural (PDR) 2007-2013, por lo que ha apuntado que solicitará una "reunión inmediata" con el ministro Miguel Áreas Cañete con el fin de encontrar una solución al problema.

Así lo ha explicado la consejera castellanoleonesa tras la reunión que ha mantenido el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, con los representantes de las organizaciones profesionales agrarias (OPA) con representación en la Comunidad, en la que ha participado la propia Silvia Clemente junto al equipo de la Consejería de Agricultura y Ganadería.

Clemente ha cifrado en unos 25 millones de euros la cantidad que actualmente tiene pendiente el Ministerio con respecto a los programas PDR, dedicados a líneas como modernización de explotaciones, apoyo a la instalación de jóvenes o diversos supuestos de indemnización, en los que la Comisión Europea aporta el 50 por ciento de las cantidades mientras que el otro 50 por ciento llega entre el Estado y la Comunidad Autónoma.

La situación actual, según la consejera es que "no se puede continuar" con el ritmo previsto del programa de pagos. Así, ha explicado que en el mes de abril los beneficiarios recibieron las cantidades pero fue gracias a que la Junta de Castilla y León destino 50 millones de euros de sus propios fondos para adelantar la cuantía correspondiente al Ministerio.

Por ello, se reclamará esa reunión con el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a quien Clemente se ha comprometido a "exigir que cumpla con su compromiso" y dé una solución al problema, ya que ha recordado que en el caso de Castilla y León la situación es más grave porque se depende de esas ayudas "en mayor medida".

Mientras tanto, los representantes de las organizaciones agrarias han manifestado su preocupación por este retraso en los pagos y han reclamado a las administraciones implicadas que se pongan de acuerdo para solucionar la situación. El presidente de Asaja, Donaciano Dujo, ha recalcado que no se trata de "un problema de los agricultores" sino de la Junta y el Ministerio, que tienen el compromiso adquirido en 2007 de realizar los pagos "en tiempo y forma".

Según Aurelio Pérez, faltan 43 millones

Asimismo, el coordinador de COAG CyL, Aurelio Pérez, que ha intervenido ante los medios de comunicación en nombre de la Alianza por la Unidad del Campo, ha apuntado el dato de que según los cálculos de su organización, la Comunidad todavía tendría que recibir 43 millones de euros del Ministerio, que formarían parte de un total de 180 millones de euros pendientes para los beneficiarios del PDR.

También ha querido recordar que estas líneas corresponden al conocido como "segundo pilar", en el que la mayoría de las ayudas son de carácter acoplado, vinculado a la producción, y ha manifestado su temor de que el problema se deba a una transferencia de fondos de este apartado al "primer pilar" en el que el acoplamiento tiene menor peso.

Por su parte, el coordinador regional de UCCL, Jesús Manuel González Palacín, ha subrayado que a los agricultores y ganaderos no les "importa" quien no paga, sino que necesitan conocer cuándo llegarán los pagos, por lo que ha reclamado un acuerdo entre la Junta y el Ministerio para que éste fije un calendario de pagos.

Junio, clave para el resultado de la cosecha

En el encuentro celebrado en las dependencias de la Presidencia de la Junta se ha analizado también la situación actual del sector ante la cosecha de 2013, que según ha apuntado Silvia Clemente presenta una "buena evolución" por lo que ha considerado que se puede terminar con unos datos de recolección en la media de los últimos cinco años. Los datos de la Consejería indican que la superficie sembrada (1.964.958 hectáreas) supera ligeramente a la de la pasada campaña, si bien han advertido de que las temperaturas durante el mes de junio serán "clave" para el resultado final.

Además se han dado detalles de la producción final de 2012, cuando se alcanzaron los 5.510 millones de euros, un valor superior al calculado en 2011, del que el sector ganadero aportó una cantidad ligerísimamente inferior a la procedente del agrario. Esta previsión, insistió la consejera, puede mantenerse. También se trató la evolución de los precios durante los últimos años, que Clemente calificó de "positiva".

Por otro lado, se ha puesto sobre la mesa la futura Ley Agraria de Castilla y León, cuyo anteproyecto, presentado en el Consejo de Gobierno del pasado 7 de febrero, y se encuentra actualmente en la fase de informes preceptivos de los órganos consultivos de la Junta de Castilla y León.

El presidente ha recordado que la relevancia y el carácter estratégico del sector han motivado la puesta en marcha de la futura norma con el objetivo de dotar a esta actividad, mientras que Silvia Clemente ha recordado que durante la fase de exposición pública se han presentado 350 alegaciones a la norma. En este proceso se han recogido las principales reivindicaciones del sector, planteadas desde las organizaciones profesionales agrarias, como el concepto de agricultor a título principal, como aquel que esté dado de alta en la Seguridad Social y cuya renta agraria proceda en un 50% de la explotación, que sea su principal actividad.

Algunos de los representantes, como Donaciano Dujo han recalcado que este texto debería ampliar algunos conceptos, como abordar el aspecto del Desarrollo Rural, para lo que consideraría necesaria la implicación de otros ministerios como los de Medio Ambiente y Economía.

El dirigente de Asaja también ha manifestado al presidente de la Junta el respaldo en su postura con respecto a la posibilidad de trasladar el incremento del margen del objetivo de déficit de 2013 a las comunidades autónomas y ha reclamado que si Castilla y León fuera objeto de esas posibles mejoras, buena parte de ellas se dediquen a la Consejería de Agricultura y Ganadería.

Futura PAC

Juan Vicente Herrera también se ha comprometido con las organizaciones profesionales agrarias a defender los intereses del campo de la Comunidad en la fase de aplicación de la Política Agrícola Común (PAC) y ha planteado la búsqueda de una postura común que tome como base el pacto alcanzado en 2011.

Tanto Clemente como algunos de los representantes agrarios han coincidido en señalar la "preocupación" de Juan Vicente Herrera por el desarrollo de la PAC 2014-2020. En la reunión, según Clemente, el presidente Herrera ha puesto de manifiesto que el proceso se encuentra en un "momento decisivo", ya que a finales del mes de junio se prevé alcanzar un acuerdo político sobre la reforma. Para el Gobierno autonómico la participación, por primera vez en este proceso negociador, del Parlamento Europeo es una herramienta "muy positiva" que todavía puede dar lugar a que en la redacción final de los textos que resulte del acuerdo político pueda mejorar y aproximarse a los intereses de la Comunidad.   

Herrera ha garantizado a los representantes del sector agrario que el Gobierno regional continuará su trabajo para que las características de la agricultura y la ganadería de la Comunidad y su diversidad de producciones sean tenidas en cuenta en la futura política agraria comunitaria y sobre todo en su fase de aplicación a las comunidades autónomas, que se iniciará a partir de julio. En este sentido, se ha comprometido a actualizar, en función de la situación del sector, la postura de Comunidad ante la futura PAC alcanzada con las OPAS y Urcacyl el 1 de abril de 2011.    

"Este acuerdo está vigente en algunos aspectos pero en otros se puede actualizar y, junto con el acuerdo político alcanzado con los grupos parlamentarios de las Cortes, dará más fuerza a Castilla y León ante el Ministerio", ha explicado la consejera de Agricultura y Ganadería, Silvia Clemente, al término del encuentro.   

Además, Clemente ha recordado que el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, apuntó la necesidad de que exista una plataforma conjunta nacional para la aplicación de la PAC, una idea de "una PAC, no 17" con la que ha coincidido. Pero ha matizado que se deben establecer mecanismos que se adapten a las características particulares de cada región y que permitan adaptar la PAC a Castilla y León.   

En otros aspectos, Silvia Clemente se ha referido a que en la PAC se deberían rebajar los porcentajes de convergencia, para que sea más progresiva en lugar de llegar a niveles de entre el 60 y el 75 por ciento, como considera que apunta la Comisión Europea.   

En el transcurso de la reunión, como también ha detallado la consejera de Agricultura, el presidente Herrera ha pedido a los representantes de las organizaciones agrarias que en este aspecto el diálogo se mantenga "siempre desde el respeto a las instituciones", porque como ha advertido Clemente, "cualquier falta de respeto se vuelve contra los interlocutores que están en el mismo estatus".   

Los representantes de las OPA se han mostrado, como en el caso de Donaciano Dujo, de Asaja, totalmente favorables a ese "acuerdo de Comunidad", pues, de hecho, ha manifestado su extrañeza por que se haya conseguido un "consenso para trasladar la postura a Bruselas" pero ahora no se alcance para realizar peticiones al Ministerio ni para el reparto de la PAC.

Pagos acoplados   

Por otro lado, ha insistido en pedir más atención a los pagos acoplados y sobre todo a los relacionados con la ganadería y la remolacha, que por ejemplo ha visto descender su volumen de siembra en Castilla y León "un 30 por ciento en los últimos años".   
 En este sentido, el representante de UCCL, Jesús Manuel González Palacín, ha recalcado el planteamiento de que al menos el 15 por ciento de los pagos sean acoplados y vayan destinados a esos sectores "en crisis", como sucede en la ganadería que, como ha reprochado, "no aparece por ningún lado en la PAC".   

Según González Palacín, en la negociación "hay que ir a por pocas cosas y atarlas en corto", en referencia a la diferenciación de los agricultores a título principal, y a que se rebaje el límite de hectáreas y se tenga "el factor de productividad" como base para introducir los cultivos vinculados a la PAC, de modo que se admitan las superficies dedicadas a barbecho, para producir o como pasto para ganado y con el objetivo final el dinero "no vaya a manos de personas que no se dedican a la agricultura".   

A este respecto, ha hecho un inciso el director general de la PAC en la Consejería, Juan Pedro Medina, que ha matizado que se ha llegado a un consenso para establecer el límite en 22 millones de hectáreas y que la "postura general" es que se tenga en cuenta la producción para incluir los terrenos. Asimismo, ha explicado que se tratará de evitar la especulación con el planteamiento de un período de referencia que puede llegar incluso a 2011, de modo que los terrenos adquiridos recientemente para adquirir derechos a la PAC no se tengan en cuenta.   

Mientras tanto, el portavoz de la Alianza por la Unidad del Campo, ha insistido en la necesidad de que, dentro de la reforma de la PAC, se aborde definitivamente el "modelo social agrario" con planteamientos de futuro que puedan favorecer no sólo la incorporación de jóvenes, sino evitar que éstos abandonen el campo. En cuanto al acuerdo, ha considerado que los ocho puntos introducidos en la moción aprobada por consenso político en las Cortes son "válidos" para su organización, por lo que ha animado a trabajar para "profundizar más".