El Consejo de Seguridad Nuclear sigue sin llegar a un acuerdo sobre la solicitud de Nuclenor para Garoña

El Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) no ha logrado llegar a un acuerdo por el que se pueda o no permitir a la central nuclear de Santa María de Garoña un año adicional de plazo para que su titular, Nuclenor, pueda pedir la renovación de su licencia. De este modo, según han informado fuentes del CSN, las deliberaciones continuarán este jueves por la tarde.

El Pleno del Consejo se reunió con carácter de urgencia este lunes, pero no llegó a una decisión concluyente y decidió solicitar más informes técnicos internos para facilitar la decisión. En la mañana de este miércoles, tras ver dichos informes ha pedido más información a los equipos del organismo regulador. Sin embargo, a las 20.00 horas, aún sin concluir su postura, han acordado aplazar la reunión hasta el jueves por la tarde.

Nuclenor, el titular de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) solicitó el pasado 16 de mayo al Ministerio de Industria, Energía y Turismo la revocación parcial de la orden ministerial de 29 de junio de 2012 con el objetivo de que le concedan un plazo de un año más para pedir la renovación de su licencia, mientras que la planta sigue en funcionamiento, pero sin generar electricidad.

Ese mismo día, el departamento que dirige José Manuel Soria, pidió al organismo regulador que antes del 1 de junio le remita un informe en el que valore la cuestión. Los acuerdos y decisiones del CSN son preceptivas en el caso de ser positivas y vinculantes en el caso de ser negativas.

La licencia de explotación de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) expira el próximo 6 de julio, después de que en 2009 se le concediera una prórroga de su actividad de cuatro años, frente a la solicitud del titular para seguir operando hasta 2019. El pasado mes de diciembre Nuclenor comunicó su decisión de desacoplar la planta y dejar de generar electricidad al considerar que los cambios normativos y los nuevos impuestos del Gobierno en materia de energía, le generarían un coste impositivo de unos 153 millones de euros, lo que haría inviable la continuidad por motivos económicos.

A este respecto, el propio ministro ha reiterado este lunes en el Senado, antes y durante su comparecencia en la Comisión de Industria, Energía y Turismo, que el Gobierno es "partidario" de que la planta burgalesa siga operando siempre y cuando cumpla todos los requerimientos de seguridad que dicta el regulador. Además, ha manifestado que el Ejecutivo no desprecia ninguna tecnología y ninguna fuente de energía en mix y que, por ello, si el CSN es favorable a la solicitud planteada, el Gobierno también lo será.

Por otro lado, durante la mañana de este jueves, el Consejo de Seguridad Nuclear acogerá la reunión del Comité Asesor, que llevaba un mes convocado. En esta cita, entre otras cuestiones se revisará el cumplimiento de las recomendaciones del comité al organismo regulador.