El PSOE presenta en las Cortes una iniciativa para defender los derechos de los afectados por las preferentes

El Grupo Parlamentario Socialista defenderá en el Pleno de las Cortes una Proposición no de Ley dirigida a defender los derechos de los afectados por las preferentes, a través de la cual y de acuerdo con las competencias que en materia de defensa de los consumidores y usuarios y ordenación del  crédito, banca y seguros tiene la comunidad autónoma insta  a la Junta a apoyar, arbitrar, supervisar y acceder a la información necesaria. 

Así, el objetivo de la iniciativa se explicita en cinco puntos  en los que  además de instar a la Junta a crear una oficina de información a la que pueda dirigirse cualquier afectado  para buscar la mejor solución a su caso concreto, se pide que el gobierno autónomo establezca un sistema de arbitraje en relación a todas las entidades no nacionalizadas que operan  en  Castilla y León y para seguir los  arbitrajes que se realicen por  las entidades nacionalizadas que tienen regulación estatal en el FROB.  

Además, el PSOE  insta a la Junta a requerir la información necesaria y  supervisar las quitas  que  se  hagan  en  el  canje  de  preferentes y  deuda  subordinada  por  parte  de todas las entidades financieras en relación con los afectados de Castilla y León. Junto a esto y con "el  objetivo de delimitar  las posibles responsabilidades en  las  que  se hubiera podido incurrir por parte de las entidades", el PSOE plantea que la Junta acceda a  toda  la información relativa a cómo se comercializaron en nuestra comunidad las preferentes y deuda subordinada por parte de cada entidad.  

José Francisco Martín, secretario del Grupo Parlamentario Socialista, señala que esta iniciativa se une a todas las actuaciones desarrolladas hasta el momento por el PSOE, entre las que cabe destacar el intento de que las preferentes y subordinadas de Caja España-Duero  fueran  canjeadas  por  imposiciones  a  plazo. En  este  sentido, cabe recordar que "dicho intento se plasmó en un acuerdo adoptado por Banco CEISS que, no  obstante, fue  rechazado por  la  Comisión  Europea como consecuencia del memorando firmado por el Gobierno español para acceder al rescate financiero".

Asimismo, el representante socialista recalca que "tanto las posibles quitas que se aprueben, como el mecanismo de arbitraje que se ponga en marcha en relación a los afectados de Caja  España-Duero, están  pendientes de la decisión definitiva de la Comisión Europea acerca de la unión con Unicaja." 

"La iniciativa que presentamos en las Cortes pretende que la Junta de Castilla y León sea parte activa en el desenlace final de la solución que se dé tanto por esta entidad (Caja España-Duero), como  por  las  demás  entidades que ya han sido nacionalizadas (Ávila y Segovia) o que han sido absorbidas por otra entidad (Burgos) y que se lleguen a conocer todas las responsabilidades que se pudieran derivar de su comercialización", resume José Francisco Martín.