Herrera propone "un gran consenso nacional" frente a "la imposición de medidas de dudosa base legal y constitucional" del Decreto andaluz contra los desahucios

El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, ha reiterado este martes en las Cortes regionales que la Junta "no será complaciente" pero sí "leal" con el Gobierno de la nación en la defensa de los intereses de Castilla y León. Así ha respondido al portavoz del Grupo Socialista, Óscar López, que ha preguntado al jefe del Ejecutivo regional qué va a hacer "ante las continuas discriminaciones que Castilla y León está padeciendo por parte del Gobierno del Sr Rajoy".

Herrera ha asegurado al respecto que él mismo ha reconocido las actuaciones del Gobierno de la nación que no le gustan, "pero usted ha sido incapaz de reconocer las decisiones de Almunia o Zapatero que han perjudicado a Castilla y León", por lo que le ha pedido que "sea justo y ecuánime" porque "cuando se han tomado decisiones duras hemos mantenido una posición fuerte". En este sentido, el presidente de la Junta se ha referido a asuntos como la minería o la norma del Ibérico en los que Castilla y León mantuvo una postura contraria a las decisiones de la Administración central.   Por el contrario, según Herrera, López "siempre estuvo de acuerdo con el anterior Gobierno y con Ferraz".

El portavoz socialista, en cambio, ha señalado que "echo en falta algunas reivindicaciones de antaño" y ha reclamado "el espíritu de Villalar para reivindicar la unidad en defensa de Castilla y León, ya que esta Comunidad ha sufrido mucho". 

Herrera ha finalizado por asegurar que, a pesar de la mayoría absoluta de su partido, "buscaré los máximos consensos políticos y sociales para defender los intereses de Castilla y León".

La siguiente pregunta de actualidad en el pleno de este martes de las Cortes regionales ha llegado de la mano del portavoz del Grupo Mixto, José María González (IU), quien ha preguntado a Herrera si considera que las medidas de la Junta resuelven la indefensión de las familias que no pueden pagar los vencimientos de las hipotecas.

El presidente de la Junta ha defendido el servicio de ayuda a las familias en riesgo de desahucio creado por la Junta, "frente a otros modelos de dudosa eficacia", en referencia al decreto andaluz que permite la expropiación de las viviendas. "Le pido prudencia para no vender las excelencias de un modelo sobre el que se ha hecho mucho ruido pero tiene muchas dudas", ha señalado Herrera, al tiempo que ha recordado que el conjunto de las comunidades respeta la medida pero no comparte ese modelo.

Para el presidente de la Junta, la solución parte de la modificación de la legislación básica, del procedimiento y de las propias instituciones financieras, por lo que ha pedido "un gran consenso nacional para dar una respuesta social, porque no nos podemos mover como un elefante en una cacharrería".

Ha recordado, además, que "gracias al sistema vigente de crédito hipotecario hay miles de familias que tienen acceso a una vivienda, por lo que es un sistema que no podemos dinamitar por una propuesta de carácter ideológico".

"Con sensatez y prudencia podemos avanzar, pero me muestro mucho más favorable al encuentro, consenso y colaboración que a la imposición a través de medidas de dudosa base legal y constitucional como es la de la Junta de Andalucía", ha concluido.

Para José María González, sin embargo, el servicio de la Junta "es un parche", ya que "se necesitan medidas decisivas para garantizar la función social de las viviendas y que nadie sea echado de su casa". 

Pregunta de Ana Redondo

Precisamente a este respecto también ha preguntado al Gobierno autonómico la viceportavoz del Grupo Socialista, Ana Redondo, quien ha recordado que en 2011 su formación propuso una oficina de mediación hipotecaria y el PP "se rió" y ahora parece que es "la panacea", cuando "no es cierto" y los datos oficiales indican que en 2011 se produjeron cuatro desalojos diarios y sólo en los primeros meses de 2013 se han iniciado 500 nuevos procedimientos.

Así, si no se pone remedio, ha afirmado que el problema va a ir "a más" porque aumenta el desempleo y los ingresos de las familias van "menguando", por lo que considera que todas las administraciones están "llamadas" a resolver el problema y ha añadido que no sólo Andalucía, sino Galicia o Asturias ya han dado pasos adelante para que no haya un desalojo más "mientras el Gobierno deshoja la margarita" y ha preguntado si se va a tomar alguna medida "excepcional".

A este respecto, la consejera de Familia, Milagros Marcos, ha incidido en que las familias de Castilla y León tienen "bastantes más derechos" y un sistema de protección que garantiza una posible solución y no esperar al desahucio para una solución y ha añadido que tomarán todas las medidas que estén a su disposición, informa Ep.

Además, Marcos ha afirmado que si algo hay en el gobierno es "coordinación" mientras que el PSOE lo que hizo al frente del Ejecutivo central fue tomar medidas para desalojar "en tiempo récord" a las familias de las viviendas, mientras que en Castilla y León se han atendido 685 familias. Además, la consejera ha recordado que en Andalucía el sistema que se propone hace que los afectados se queden con la deuda, sin casa y tienen que pagar la expropiación con el 25 por ciento de sus ingresos a la Junta.

En su turno de dúplica, la procuradora socialista ha criticado que se "frivolice" con esta cuestión y ha acusado al consejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Silván, de agravar la situación con la supresión de las ayudas al alquiler de Revival o el cierre de la bolsa de alquiler joven, mientras que ha criticado que las oficinas de información del sistema de apoyo a las familias en riesgo de desahucio lo que hagan es aconsejar sobre la redistribución del presupuesto, pero ha incidido en que cuando una familia tiene 500 euros de ingresos y 600 de hipoteca "no se puede".

Redondo cree que "situaciones excepcionales requieren medidas excepcionales" y hasta ahora sólo se ha visto una que es el "rescate a la banca" y ha pedido utilizar la voluntad política para rescatar a los ciudadanos de una "situación injusta" por "desproporcionada".