De Santiago-Juárez niega el fraude en dependencia y señala que cruzan los datos hasta con las funerarias

Castilla y León no ha detectado "ni fraude, ni picaresca" en los beneficiarios de la Ley de Dependencia en la Comunidad, con datos que cruzan hasta con las funerarias, por lo que ha sostenido que el "error", respecto a los 4.105 fallecidos que al parecer figuran en esas prestaciones, "lo tiene el IMSERSO".

Así lo ha asegurado hoy el portavoz de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno al ser preguntado por los datos del Informe del Tribunal de Cuentas que recoge que 29.169 fallecidos, 4.105 de Castilla y León, constaban como beneficiarios de la Ley.

Estos beneficiaros suponen que la Comunidad recibió 19,3 millones de euros del Ministerio sin que le correspondieran entre 2007 y 2011, dato que ha sido rebatido por De Santiago-Juárez, quien ha referido que "no han tenido que reclamar a ninguna familia la devolución de la ayuda".

El también consejero de la Presidencia ha sostenido que tendrá que ser el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), que dirige el que fuera consejero de Familia e Igualdad y de Sanidad de la Junta de Castilla y León, César Antón, quien "aclare" esos datos.

Castilla y León cuenta con "mecanismos de control interno" para que no haya "ningún error ni por parte de la administración o fraude por parte de las familias, a las que no hemos solicitado devolución a ninguna familia", ha argumentado De Santiago-Juárez.

El consejero ha insistido en que además el modelo de Castilla y León se centra en las prestaciones por servicio más que por ayudas, por lo que es más fácil de detectar que una persona no recibe ayuda en su domicilio o que no va a una residencia.

Además tienen "un seguimiento con las funerarias", con las que "cruzan los datos" y tampoco "han detectado ese fraude en las familias de Castilla y León".

De Santiago-Juárez ha insistido en que no saben de dónde han salido esos datos, que tendrá que aclarar el IMSERSO, que es "el que tiene el problema" con los datos de Castilla y León.

Ayer, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad dio un plazo de seis meses a las autonomías para actualizar los datos del sistema de la dependencia, evitar el fraude y mejorar la transparencia, ya que 29.169 fallecidos constaban como beneficiarios, según un informe del Tribunal de Cuentas.

El documento, que se encuentra en fase de alegaciones y analiza datos desde 2007 hasta 2011, concluye que constan como beneficiarios 29.169 fallecidos por los que las comunidades autónomas recibieron 140.348.268 euros que no les correspondían.

Ordenación territorial y reforma del Gobierno

Por otra parte, la Junta de Castilla y León encuentra que hay "perfecta sintonía" entre la reforma de la ordenación del territorio que tiene en ciernes la Comunidad y la de la ley de bases nacional, sin que el último borrador de esta última "afecte para nada al modelo castellanoleonés".

El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta se ha referido así a la reforma de la Ley de Bases de régimen local que previsiblemente apruebe el Consejo de Ministros este mismo mes.

De Santiago-Juárez ha sostenido en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que lo que recoge la reforma nacional es a lo que "obliga" la Ley de Equilibrio Presupuestario y Sostenibilidad Financiera, en cuanto que "las administraciones que no cumplan con sus competencias serán gestionadas por otra administración".

Ha recordado que la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha explicado que "al año de aprobarse la ley se hará una auditoría a todas las entidades locales, ayuntamientos y mancomunidades y la que no cumpla perderá sus funciones, lo que no afecta para nada al modelo territorial de Castilla y León".

"Ni desaparecen las mancomunidades ni se prohíben las asociaciones voluntarias de municipios", ha observado De Santiago-Juárez, quien ha insistido en que la norma nacional "ni hace desaparecer nada ni prohíbe nada".

El consejero de la Presidencia ha recordado que el 76 por ciento de los 2.248 municipios de Castilla y León tienen menos de quinientos vecinos, lo que hace que haya "serias dificultades para cumplir con las funciones y competencias que mandata la ley de bases", y para lo que la nueva ordenación del territorio que plantea la Junta propone "las mancomunidades de interés general".