Del Olmo firma con los sindicatos el acuerdo para reducir el número de liberados

La consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, ha suscrito este viernes en Valladolid el Pacto sobre Derechos de Representación Sindical con miembros de las organizaciones que forman parte de la Mesa General de Empleados Públicos, que son CSI-F, UGT, CCOO y la Federación de Sindicatos de Educación y Sanidad (FSES). Con ello se adelanta a mañana la reducción del 31% de los liberados sindicales en la Junta de Castilla y León, que inicialmente se iba a efectuar en dos años. La medida permite que la Administración autonómica ahorre 13,6 millones anuales.

El Consejo de Gobierno aprobó el jueves el contenido del acuerdo como trámite previo a su firma, lo que hace posible su inmediata entrada en vigor. Era necesario suscribirlo después de que el pasado verano el Gobierno de España derogara todos los convenios en materia de representación sindical -entre ellos el que existía en Castilla y León desde 2006- mediante el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.

Esta normativa estatal estableció límites a las liberaciones sindicales en las administraciones públicas, mandato que la Consejería de Hacienda había cumplido anticipadamente en febrero, cuando acordó con los representantes de los trabajadores una rebaja del 31% que se llevaría a cabo entre 2012 y 2013. En concreto, el número de liberados en la Junta debía pasar de 950 a 658 en dos fases: el 40% menos este año y el 60% restante el que viene.

El documento suscrito introduce como novedad que anticipa la reducción de los liberados al 1 de diciembre de 2012. Así será en todos los ámbitos de la Administración autonómica salvo en el caso del personal docente, que tendrá de plazo hasta el 31 de julio de 2013 para hacerla coincidir con la finalización del curso escolar. Junto a esto, el nuevo Pacto sobre Derechos de Representación Sindical elimina la cláusula de reversión ligada al crecimiento de la economía que recogía el acuerdo anterior. Esta disposición determinaba que se retornaría a la situación inicial de liberaciones sindicales si el Producto Interior Bruto (PIB) de la comunidad superaba el 2,5% durante dos trimestres consecutivos.