Los recortes en dependencia, los centros de empleo y el copago, "principales problemas" para los discapacitados

El presidente del Comité de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) de Castilla y León, José Luis Arlanzón, considera que entre los problemas de las personas con discapacidad en la Comunidad -unas 250.000- están la reducción a las ayudas a la dependencia, los cambios en los centros especiales de empleo o el copago ortoprotésico, entre otras cuestiones.

Arlanzón se ha expresado así en declaraciones a los medios de comunicación en el transcurso del VIII Congreso de Cermis Autonómicos que se desarrolla en Valladolid bajo el título 'Repensar el activismo. El futuro del movimiento social de la discapacidad', que han inaugurado la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, y el presidente de Cermi estatal, Luis Cayo Pérez.

Aunque el presidente de Cermi CyL ha asegurado que tienen "buena" y "fluida" comunicación con el Ejecutivo autonómico, evidentemente hay problemas como en cualquier relación, ya que de alguna manera se recogen sus demandas, pero "otra cosa es la cruda realidad", y no siempre pueden llegar a lo que pretenden, informa ep.

Así, ha recordado que en materia de Dependencia, Cermi llegó a un acuerdo con la Junta para que estas ayudas, a diferencia de otros territorios, se repensaran y eliminaran paulatinamente en lo que se refiere a apoyos a la autonomía personal, a familiares, por otras ayudas vinculadas.

Sin embargo, ha incidido en que el pacto es que iba a ser progresivo y que en principio iba a ser un 30 por ciento del recorte, pero en muchos casos han sido más altos porque se ha aplicado una fórmula por la que han pedido explicaciones para que se aclare cómo se está aplicando, ya que afecta a muchas familias. Arlanzón ha asegurado que se ha enviado un escrito a todas las familias que estaban cobrando ayudas por dependencia y en muchos casos la reducción llega incluso al 90 por ciento.

En cuanto a la intención de la Junta de proporcionar servicios, el presidente de Cermi considera que en los momentos actuales y con la situación económica "no va a ser fácil" y la cuestión es que se tiene que llegar a un "compromiso mucho más amplio".

"Sin duda hay un recorte de derechos mucho más amplio", ha asegurado Arlanzón, quien ha concretado que si se analiza la situación, el modelo que se pretende es avanzar hacia la profesionalización de los servicios en detrimento de los familiares, que consideraban más adecuado, ya que muchos familiares han dejado su trabajo para atender a su familiar y ahora se quedan sin ayuda.

Dificultades en empleo

Por otro lado, se ha referido a los Centros Especiales de Empleo, que han dejado de recibir el complemento a los costes salariales para la contratación de personas con discapacidad, lo que a su juicio "va a suponer un varapalo a muchos centros especiales". En concreto, en el que conoce él mismo, ésta ayuda facilitaba que la empresa de servicios del centro especial tuviese una ventaja competitiva frente a otras empresas y "ahora no es tal".

A ello se suma la reconversión de los talleres ocupacionales y centros especiales de empleo, una medida que se pretende implantar y que va a tener un coste social "importante", ha señalado el presidente de Cermi, quien ha calificado esta tarea de "sudoku bastante complicado de resolver" que tendrán que llevar a cabo.

En la misma línea, Arlanzón ha citado como otra de las cuestiones que afectan a las personas con discapacidad el copago de algunas cosas como las ortoprótesis, que tienen un catálogo que apenas se ha renovado, al que ahora habrá que hacer aportaciones y que supone una "amenaza" a derechos alcanzados con la obligación del copago a familias, algo que considera "incomprensible".

En el marco de este Congreso, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades también se ha referido a la aplicación de la Ley de Dependencia y a las críticas que ha despertado desde Cermi.

Así, Milagros Marcos ha recordado que el baremo es el que se acordó hace dos años a nivel estatal y ha entrado en vigor este año, pero en Castilla y León en la orden aprobada en julio para mejorar la situación se establecieron servicios "muy orientados" a personas con discapacidad de cualquier grado y nivel de dependencia como la autonomía personal.

"Hay servicios para intentar que esta situación no afectara de forma muy importante a las personas con discapacidad, puestos en marcha como servicios propios", ha incidido la consejera.

Además, en cuanto a la reducción de ayudas, ha aclarado que lo que se establece en los criterios básicos es la cuantía que se va a reducir con carácter estable a las capacidades económicas más básicas, pero a partir de ahí "siempre", desde el origen de la ley, se hace una reducción "progresiva" en función de la capacidad económica, con una cuantía inicial del 30 por ciento, que puede llegar hasta el 90 por ciento teniendo en cuenta que el Estado ha eliminado las cuantías mínimas establecidas en torno a los 280 euros.

En este momento, ha añadido, a partir de 990 euros, aplicando la normativa estatal no recibirían nada y en Castilla y León es un 10 por ciento de la cuantía máxima que les podría corresponder, lo que es una mejora.

"Se trata de que entre la aportación del usuario y su capacidad económica y la cuantía de la administración esté en unos rangos", ha añadido Marcos, quien ha aseverado que ese era el acuerdo y es lo que está establecido, igual que quien registra una subida lo hace en función de su capacidad económica.

Además, ha añadido, a todas las personas, en el mismo documento en el que se les informa sobre la cuantía que van a percibir por cuidados familiares, se les transmite lo que recibirían si convirtieran esos cuidados en profesionales -ayuda a domicilio, centros de día o noche, etcétera-.

Congreso de todos los cermis

Milagros Marcos se ha expresado así en el marco del VIII Congreso de Cermis en el que ha pronunciado la ponencia 'La atención a la discapacidad en Castilla y León' tras inaugurar el encuentro.

En este contexto, la consejera ha asegurado que Castilla y León trabaja en que el modelo de protección social evolucione a uno de garantía de derechos y atención directa a las personas con discapacidad, algo que se recogía en Ley de Servicios Sociales y en el que se profundiza en la Ley de Igualdad de Oportunidades para personas con discapacidad.

A este respecto, ha asegurado que la apuesta que sigue manteniéndose en Castilla y León con el sector de la discapacidad no termina con estos proyectos sino con nuevas iniciativas que se pondrán en marcha a pesar de la situación económica como la reserva especial de contratación para centros especiales de empleo, que Cermi ha querido trasladar a otras comunidades y por ello ha solicitado que se siga el modelo de Castilla y León.

El objetivo de este Congreso que se clausurará este viernes es, según el presidente de Cermi España, Luis Cayo, analizar el movimiento de discapacidad organizado que es necesario en las diferentes comunidades, dado que las políticas que se aplican son competencia autonómica, para lograr su mejora.

Así, anualmente se hace una reunión para hacer examen situación y compartir qué se está haciendo y orientar la influencia y presión para avanzar en la inclusión de las personas con discapacidad.

Así, según ha apuntado José Luis Arlanzón, también se trata de repensar el activismo y el movimiento asociativo ante las amenazas que vienen fruto de las distintas medidas que el Gobierno y otras instancias toman y buscar soluciones ante ello.