Un secreto: el coste de los políticos se desploma

En un contexto económico tan incierto, no es tarea fácil fijar un cuadro de previsiones macroeconómicas a un año, como debe hacer el Gobierno regional para justificar la previsión de ingresos para 2013. Pero como es imperativo legal, la Junta ha presentado unas estimaciones tan discutibles como todas las que circulan por los despachos de analistas y expertos en la materia. En realidad, sólo se intuye cómo va a ser el ejercicio económico de 2013.

Sorprende que la Consejería de Hacienda haya estimado un decrecimiento del PIB (-0,9) cuatro décimas inferior a la caída de la economía nacional (-0,5). Históricamente, Castilla y León suele crecer ligeramente por encima de la media española o, en caso contrario, decrecer algo menos que la media.
Lo más probable es que no se cumpla esa estimación. Primero, porque el descenso del PIB nacional seguramente será más intenso (-1,3). Y en segundo lugar, porque a la vista del deterioro de los indicadores autonómicos a lo largo de este año, todo parece indicar que la economía regional cosechará un resultado negativo muy próximo al nacional. Y si ello fuese así, ni la tasa de paro se quedaría a las puertas del 20% (EPA), sino por encima; ni el déficit público cumpliría su objetivo (0,7% del PIB).

Lógicamente, si estas previsiones no son suficientemente creíbles, tampoco lo es la previsión de ingresos. Y como el gasto se ejecuta con fidelidad espartana, el resultado es más deuda y más déficit. Nada distinto de lo que sucederá, con toda probabilidad, respecto a los presupuestos del Estado y al de la mayoría de las comunidades autónomas.

Pero, más allá de estas consideraciones, pocas novedades más. La Junta ha confeccionado un Presupuesto muy similar al de los años precedentes en crisis, cuyo único objetivo es garantizar la prestación de los servicios públicos fundamentales, en detrimento de la inversión productiva. Nada de particular, porque éste es el objetivo que han defendido todos los gobiernos durante los últimos cinco años.

En este periodo se ha puesto de manifiesto la rigidez del gasto corriente, que no desciende ni con fórceps, y la progresiva debilidad de las cuentas públicas respecto de su misión de estímulo de la economía productiva.

Entre 2009 y 2013, el presupuesto autonómico ha descendido en torno a un 10%, como consecuencia de la caída de los ingresos, paliado por el incremento de la deuda. Sin embargo, el gasto de funcionamiento (personal más coste de bienes y servicios) ha aumentado el 1,7%. Es verdad que el coste de personal ha disminuido, pero sólo el 3,8%. Y al mismo tiempo, el gasto corriente en bienes y servicios ha aumentado un 20%. Además, el capítulo de gastos financieros se ha multiplicado por 4,3 en estos cinco años. Solamente los costes asociados al incremento de la deuda se elevarán desde los 192 millones de 2009 a los 854,3 millones previstos en 2013.

Desde el punto de vista político, esta evolución sugiere al menos dos consideraciones. 1) La Junta no se ha tomado en serio la necesidad de adelgazar la estructura administrativa autonómica, quizás por el alto coste político que representa. Y el resultado es que, cinco años después, el coste de funcionamiento sigue siendo insoportable. 2) A pesar de estar gobernada por un partido liberal, la Junta no confía en las fórmulas público-privadas para el mantenimiento y la mejora de los servicios públicos fundamentales. Prueba de ello es, por ejemplo, la decisión de no ampliar los conciertos educativos en 2013... La Junta reniega de una fórmula que postula y defiende, en teoría. Una fórmula que ofrece excelentes resultados, como refleja la alta demanda y las evaluaciones oficiales periódicas. Una formula, además, que rebaja el coste público por alumno desde los más de 7.000 euros por alumno/año (enseñanza pública) a poco más de 3.000 euros en los centros concertados... ¿Entonces? ¡Ah!, sí, claro: los sindicatos, ya. O sea que el Gobierno regional renuncia a uno de sus principios básicos, el de subsidiariedad, por miedo al qué dirán y al qué harán los sindicatos: ¡oído!

Tampoco se entiende qué política de comunicación tiene este Gobierno en relación con los famosos recortes. No se entiende, no. Porque la idea general de rechazo a los recortes del gasto público se suele argumentar señalando que se rebajen primero sus costes los propios políticos. Que den ejemplo. Y así debe ser, en efecto.

Por eso, es incomprensible que se haya ocultado prácticamente el acusado descenso del coste de los responsables políticos durante estos cinco años: la alta dirección de la Comunidad costará en 2013 un 33,5% menos de lo que suponía en 2009. Por ejemplo, la alta dirección de la Junta ha reducido su coste en un 46%. La alta dirección de las Cortes, en un 26%. El coste de la actividad legislativa ha descendido el 28,5%. La propia presidencia de la Junta costará el año que viene casi un 29% menos que en 2009. Pero, en fin, si el Gobierno autonómico también renuncia a su responsabilidad de liderar política y socialmente este tipo de cuestiones...

De muy pocas decisiones más puede "presumir" actualmente el Gobierno autonómico desde luego. Porque una estructura política y administrativa tan importante, concebida para el gasto, lo que no puede ahora es presumir de estímulos: las inversiones reales han descendido entre 2009 y 2013 en un 75% (65 puntos más que el Presupuesto); y la inversión productiva será el año que viene un 50% inferior a la de 2009.

Manuel Trapote. Periodista