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Ordenación territorial: del Medievo a la improvisación

Ordenación territorial: del Medievo a la improvisación

Por Fernando Franco Jubete
jueves 19 de julio de 2012, 00:03h
Cuando a un político alguien le asigna un mote o un acrónimo que comienza a  utilizar la sociedad es porque está desprestigiándose y se inicia la escalada social de su menosprecio. ZP fue dura y justamente criticado por RRRR (Rajoy: Rectificaciones, Reformas y Recortes) o Señor R (ver portada de la revista Tiempo) por gobernar fundamentándose en improvisaciones, ocurrencias y rectificaciones varias. Pero han bastado seis meses para que el presidente Rajoy, un político sólido, eficaz y con acreditación de buen gestor, comience a hundir su prestigio social por la celeridad con la que recorta derechos sociales y su tibieza y lentitud en recortar las estructuras administrativas, eliminar políticos y toda su carga de prebendas y actuar fiscal e impositivamente frente a las grandes fortunas.
   
La constante rectificación de sus planteamientos políticos, obligada por la Unión Europea y para evitar la intervención total de la economía española, no quiere extenderla a su opinión sobre las diputaciones que es un tema de más andar por casa. El candidato Rajoy defendió las diputaciones durante la campaña electoral, frente a la opinión contraria del candidato Rubalcaba y de una mayoría abrumadora de la sociedad española que considera que, si queremos mantener las comunidades autónomas, sobran las diputaciones porque sus actividades las pueden asumir las delegaciones provinciales de dichas comunidades. También porque supone un ahorro del despilfarro generado por los 1088 diputados nombrados por los partidos entre políticos de segunda fila y alcaldes de pueblo a los que el señorito coloca para que chupen cuatro años del bote.
   
El Señor R defiende las diputaciones porque cree en ellas y porque domina casi todas y para ello probablemente ha arengado a sus asesores más eficaces con frases como las que siguen: ¡Es necesario articular soluciones imaginativas para redefinir el nuevo papel de las Diputaciones! ¡Hay que potenciar las diputaciones!
   
Pues mira por donde, la Junta de Castilla y León ha encontrado la solución con su nueva propuesta de ordenación territorial. Una propuesta ocurrente e improvisada que no tiene otro objetivo que mantener las diputaciones, "concederlas más atribuciones como gestoras centralizadas de competencias cedidas por los municipios voluntariamente" -¡asómbrense, por favor!- "voluntariamente". Nueve siglos esperando una nueva ordenación del territorio para inventarse en plena crisis un engendro que no tiene más objetivo que contentar a Rajoy, eso si, en sus momentos más depresivos cuando, tras sus radicales recortes y rectificaciones la prima de riesgo sigue creciendo, ofreciéndole una solución a su obsesiva defensa de las diputaciones, bendición de los pequeños municipios.
   
Castilla y León  posee 2.248 municipios, creados a lo largo de la historia y tras la Reconquista y cuya ubicación a una distancia media entre sí de nueve kilómetros tuvo el objetivo de posibilitar la explotación agropecuaria del territorio desplazándose a pie hombres, rebaños y caballerías de tiro. Hoy bastarían cinco o seis municipios por provincia para explotar Castilla y León con los medios mecanizados actuales. Pero la despoblación constante e inevitable que vamos a seguir padeciendo provocará que, los 1.708 municipios que hoy tienen menos de 500 habitantes, sigan creciendo en número y disminuyendo en población. Su existencia como núcleos de población con todos los servicios básicos, pero gestionados desde un reducido número de municipios vivos y activos, es una decisión pendiente que ningún político se atreve a tomar porque es evidente que ninguna comunidad rural, ningún alcalde, va a aceptar voluntariamente la desaparición de sus derechos municipales y la cesión de su independencia actual.
   
Sólo cuando desaparezcan previamente el Senado, las diputaciones, las más de seiscientas fundaciones y empresas públicas autonómicas, que constituyen una administración paralela, cuando reduzcan al 50% el número de parlamentarios, cuando eliminen asesores y todo tipo de cargos nombrados a dedo y los sustituyan por funcionarios, cuando el gobierno tome medidas ejemplarizantes en relación con los políticos, sólo entonces sería razonable afrontar radicalmente la ordenación del territorio sin ocurrencias. Es decir, sin distritos de interés comunitario, áreas funcionales, sin 247 mancomunidades ni duplicidades y triplicidades administrativas. Porque en Castilla y León bastaría con un Gobierno autónomo reducido a ocho o nueve consejeros y nueve delegados provinciales, ocho o diez alcaldes por provincia y seis o siete concejales por alcaldía. Todo lo demás lo resuelven los funcionarios. Ni un político más.
   
Pero eliminar ayuntamientos, alcaldes y concejales rurales que no sólo no cobran sino que dedican su tiempo y sus medios para hacer más habitables sus pueblos, sin haber limpiado previamente de políticos todas las estructuras administrativas, sería una afrenta social más que contribuiría a alimentar la revolución social que se está gestando.

Fernando Franco Jubete. Dr. Ingeniero Agrónomo, profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias de Palencia.
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