Medidas en Educación: hasta 600 profesores menos y ajustes "estrictos" de las ratios de alumnos por grupo

El consejero de Educación, Juan José Mateos,  ha presentado en las Cortes regionales su Plan de Ajuste con el que  "la calidad del sistema educativo no se verá afectada", si bien incorpora una serie de medidas como los ajustes de ratios de alumnos por grupo. Así, ha señalado que "vamos a ser bastante estrictos en su aplicación y vamos a atender a los desdobles de los grupos atendiendo a criterios muy específicos y debidamente justificados".

Así, aunque ha garantizado que no se cerrará ningún centro rural, sí ha señalado que "ajustaremos los ratios  de los centros incompletos y localidades de centros Rural Agrupado". En esta línea, se fija que habrá un mínimo de 10 alumnos en el ámbito urbano y ocho en el rural en las optativas de ESO y Bachillerato. En el caso de FP, también se suspenderán los ciclos formativos con menos de diez alumnos en el primer ciclo. También en Bachillerato se procederá a impartir de forma conjunta las materias que sean comunes independientemente de la modalidad.

En el apartado del profesorado, Mateos ha anunciado que se incrementa a 25 el número mínimo de horas lectivas semanales. El conjunto de medidas en la Educación no Universitaria suponen un ahorro de 7,5 millones este año y la reducción de entre 400 y 600 profesores.

En materia universitaria, el Consejero ha anunciado que creará una comisión con las universidades para racionalizar el mapa de titulaciones y eliminar las duplicadas, un mapa que se presentará en las cortes antes de que finalice el año.

En cuanto a las tasas, se aplicará un incremento en las primeras matrículas de entre el 15 y el 25 por ciento, lo que se traduce en una subida de entre 200 y 400 euros.

Por su parte, el Grupo Parlamentario Socialista ha acusado al PP de pretender el desmantelamiento del sistema educativo con los recortes recomendados por parte del Gobierno central mientras que por otra parte, "sí tiene 10.000 millones" para ayudar a los bancos, en este caso a Bankia, mediante posibles rescates. La procuradora Ángela Marqués, rechazó estas medidas y el formato en el que se han presentado en las Cortes, el cual calificó de un "insulto a la inteligencia de los ciudadanos por venderlo como un blindaje de los servicios públicos".