Herrera reclama a la UE que las minas de carbón rentables no devuelvan las ayudas públicas

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha reclamado este jueves en un encuentro con el vicepresidente de la Comisión Europea y responsable de Competencia, Joaquín Almunia, que no exija devolver las ayudas públicas a las minas de carbón que en 2018 prueben que son rentables.
  
Almunia no se ha pronunciado sobre esta petición pero sí ha dejado claro que la Comisión Europea mantiene la decisión de exigir "la finalización de todo tipo de ayudas públicas a la minería del carbón en la Unión Europea en 2018", ha explicado Herrera en declaraciones a los medios al término de su encuentro.
  
El presidente autonómico ha aclarado que desde la Junta no discuten la decisión del Ejecutivo comunitario de que "a partir del 2018 aquellas explotaciones que no sean viables no podrán recibir ayudas al mantenimiento" pero ha insistido en que resulta "absurdo" y "un contrasentido" a su juicio "obligarlas a cerrar u obligarlas, para continuar abiertas, a devolver el dinero invertido" si "en ese momento hayan alcanzado niveles de rentabilidad por el esfuerzo de competitividad y la aplicación correcta de las inversiones" que hayan realizado y, por tanto, "para seguir funcionando no necesitan más ayudas públicas".
  
Por ello, Herrera ha solicitado a Almunia que "si esas explotaciones son rentables y por tanto a partir de 2018 no necesitan ayudas, que no se les obligue a cerrar, pero que tampoco se les obligue a devolver las ayudas públicas" que han recibido hasta ahora, informa ep.
  
"No está en nuestra mano modificar el criterio que ya es un criterio aprobado por la propia Comisión y las instituciones europeas de limitar las ayudas al año 2018", ha explicado Herrera, preguntado por la posibilidad de mantener ayudas públicas al sector más allá de 2018.

Déficit de las CCAA

Por otra parte, el presidente de la Junta ha prometido este jueves a Almunia que las regiones españolas contribuirán a cumplir el objetivo pactado para limitar el déficit de España en 2012 al 5,3%.

"Nosotros este año 2012 estamos obligados a observar un límite de déficit, equivalente al 1,5 por ciento de nuestro PIB regional", ha explicado Herrera en declaraciones a la prensa tras reunirse con Almunia, al que ha trasladado que las regiones españolas se comprometen a hacer un "esfuerzo presupuestario" para ello."Y en eso estamos también en Castilla y León, definiendo un presupuesto para el año 2012 que se contraiga y cumpla estrictamente el 1,5 por ciento del déficit público" para las regiones, ha precisado.

Herrera ha reconocido que las comunidades autónomas españolas son "conscientes" de que la Comisión Europea atribuye el desvío en el objetivo de déficit de España en 2011 a los desequilibrios en las regiones, pero ha insistido en que éstos desvíos "no se deben a abusos o extralimitaciones de gasto por parte de las Comunidades Autónomas" sino a "una durísima caída de los ingresos y recursos públicos".

Dicha caída de ingresos "consecuencia del momento de crisis económica prolongada y muy grave en el caso de España con ya dos recesiones" es la responsable en su opinión del "auténtico agujero en la financiación" de las competencias "básicas" de las comunidades autónomas como son la sanidad, servicios sociales y educación que, por su parte, "tienen un gasto muy definido, fijo, estructurado y muy poco elástico". "Es un problema que hay que trasladar también al conjunto de la Unión Europea cuando lógicamente plantea dudas acerca de qué ocurre con el sistema de autonomías", ha explicado.

"Hasta que no haya ningún cambio en ese marco de compromisos (del déficit pactado), las instituciones europeas, los mercados, los agentes que son los que nos están prestando durante los últimos años el dinero que nos está permitiendo funcionar, nos va a exigir que cumplamos con el 5.3 por ciento", ha explicado.

Dulcificación de objetivos

Aunque Herrera no ha descartado "que pueda negociarse" en el futuro "la dulcificación de determinados compromisos de consolidación fiscal", ha insistido en que las comunidades autónomas cumplirán su parte. "Los compromisos son compromisos de España y por tanto de las comunidades autónomas", ha justificado.

El presidente de la Junta ha admitido que no ha abordado con Almunia la posibilidad de relajar más los objetivos de déficit para España porque "no le corresponde negociar eso a una comunidad autónoma" y ha recordado que el Gobierno de Mariano Rajoy ya "logró dulcificar" el objetivo hasta el 5,3 por ciento del objetivo de déficit frente al 4,4 por ciento pactado previamente.

Herrera y Almunia han repasado las medidas de consolidación fiscal "imprescindibles en los términos actualmente pactados" impulsadas por el Gobierno de Rajoy, así como las reformas estructurales, incluida la reestructuración del sector financiero español y cuya "culminación", ha explicado, "es fundamental para que un factor básico para la reactivación económica como es la disponibilidad del crédito para las inversiones tenga lugar en España".
Revisión de las ayudas públicas Ambos también han tenido ocasión de analizar la revisión del esquema de las ayudas públicas para las inversiones privadas que contribuyan al crecimiento y la creación de empleo para el periodo 2014-2020 que plantea el Ejecutivo comunitario, ha explicado Herrera.

El presidente de la región ha reconocido que "algunos de los criterios" para autorizar estas ayudas públicas planteados por la Comisión "pueden favorecer" a Castilla y León como la posibilidad de comprar los datos de riqueza per cápita y la tasa de desempleo "en relación a la media de la Unión Europea" y no de cada país, mientras que hay "otros criterios" en su opinión "más discutibles" como limitar "exclusivamente" estas ayudas "a las pequeñas y medianas empresas" sin que se puedan destinar a "proyectos que planteen las grandes empresas". También pide un criterio de densidad de población baja menos reducido para permitir que la región pueda "administrar ayudas empresariales con una especial intensidad".

Minería

Juan Vicente Herrera también se ha mostrado satisfecho con el compromiso del comisario de Medio Ambiente, Janez Potocnik, de consultar con los servicios jurídicos de la Comisión Europea si hay margen para garantizar "un escenario ordenado" para cerrar la mina de cielo abierto de Fonfría con el objetivo de minimizar su impacto en la región y "que incluso coincida con la finalización de la vida operativa de esta última corta, que es la queda en la práctica" todavía abierta.

"El comisario ha sido muy claro de que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) debe cumplirse, pero va a consultar a los servicios jurídicos qué tipo de parámetros tenemos para Fonfría. La mina debía haberse cerrado en 2010, pero estamos dispuestos a analizarlo", han explicado fuentes del Departamento del comisario.

Fuentes de la Junta, por su parte, han señalado que en la reunión se han abordado las posibles soluciones a las consecuencias derivadas de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 24 de Noviembre de 2011, sobre las explotaciones de carbón a cielo abierto en el Alto Sil-Valle de Laciana. A este respecto, la Junta de Castilla y León acordó el pasado 23 de febrero el allanamiento judicial a las pretensiones de anulación de las autorizaciones de Nueva Julia, Ampliación de Feixolín y Los Ladrones.

Al término de la reunión, el presidente de la Junta de Castilla y León ha declarado que el comisario de Medio Ambiente "ha sido claro y ha reiterado que, según el criterio de la Comisión, la sentencia obliga, pero nos ha ofrecido un plazo de dos o tres semanas para consultar a los servicios jurídicos de la Comisión y ver el grado de disponibilidad en la aplicación de la sentencia, buscando un escenario que incluso coincida con la finalización de la vida operativa de esta última corta".

El TUE condenó el pasado 24 de noviembre de 2011 a España por autorizar la explotación de minas a cielo abierto en la zona protegida del Alto Sil, en el noroeste de Castilla y León, sin evaluar su impacto medioambiental y en especies en peligro como el urogallo y exigió el cierre de todas las actividades mineras de extracción de carbón a cielo abierto del Alto Sil, en la provincia de León.

Herrera ha reconocido en declaraciones a la prensa, al término de su encuentro, que el comisario "ha sido claro" sobre el hecho de que "no hay posibilidad de dulcificar" la sentencia, pero ha aceptado "realizar una nueva consulta a los servicios legales y jurídicos de la Comisión para ver de qué manera esas decisiones se pueden ir adoptando de una manera correcta, ordenada" y ha precisado que una vez terminada la consulta jurídica, en un plazo de "de dos o tres semanas", comunicará "formalmente" su "decisión final".

"Hemos puesto de manifiesto al comisario las consecuencias desde nuestro punto de vista, absolutamente irreparables, que tendría una decisión irrevocable e inmediata de cierre de esa última explotación que queda abierta. Estamos hablando de una comarca muy limítrofe de la comunidad autónoma de Castilla y León y casi 2.000 empleos directos e indirectos afectados", ha justificado.