La Junta concede 1,5 millones de euros para la lucha contra la drogadicción

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy diversas subvenciones, por un importe de 1.569.504 euros, dirigidas a entidades públicas y privadas sin ánimo de lucro que forman parte de la Red de Intervención en Drogodependencias de Castilla y León. Con ellas se permitirá financiar programas de prevención, disminución de los riesgos y reducción de los daños asociados al consumo de drogas, así como programas, centros y servicios de asistencia e integración social de drogodependientes.

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades mantiene la Red de Intervención en Drogodependencias de Castilla y León mediante actuaciones directas que se vienen desarrollando año tras año. Las subvenciones aprobadas hoy en Consejo de Gobierno son transferencias iniciales con las que perseverar en el objetivo de hacer frente al problema de las drogodependencias; y para ello este objetivo se concreta en unas líneas estratégicas de intervención: la prevención, la disminución de los riesgos y la reducción de los daños y la asistencia e integración social de los drogodependientes.
 
Las actuaciones se dirigen a las siguientes entidades públicas y privadas sin ánimo de lucro: Aclad, Adroga, Aldama, Apared, Ascare Cáritas Regional, Asociación Española contra el Cáncer, Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de Burgos, Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de Miranda de Ebro, Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de Valladolid, Asociación para el Tratamiento y Rehabilitación de Alcohólicos, Asociación Boreal, Cáritas Zamora, Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valladolid, Consejo Comarcal del Bierzo, Comité Autonómico de Castilla y León de Cruz Roja Española, Asociación Deporte y Vida, Federación de Alcohólicos Rehabilitados de Castilla y León, la Asociación Nueva Gente, el centro asistencial San Juan de Dios de Palencia o la Asociación Comarcal de Ayuda a la Exclusión, así como las fundaciones Alcándara, Aldaba, Cals, Candeal, Instituto Spiral o Padre Garralda-Horizontes Abiertos.
 
La Red de Intervención en Drogodependencias, que cuenta con una plantilla aproximada de 400 profesionales, atendió a lo largo de 2011 a personas que se encontraban en diferentes niveles de dependencia en el consumo de drogas: 2.462 drogodependientes fueron atendidos en centros específicos de primer nivel, mientras que 4.354 lo fueron en centros de asistencia ambulatoria, 974 en centros de día y 919 en comunidades terapéuticas. A todas estas personas hay que sumar los más de 2.500 fumadores atendidos en servicios de atención al tabaquismo, o las aproximadamente 4.300 personas con problemas relacionados con el alcohol que fueron atendidos por las asociaciones de alcohólicos rehabilitados o en los centros residenciales de rehabilitación.
 
La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, a través del Comisionado para la Droga, hace además especial hincapié en la prevención en el ámbito educativo y familiar. En el primero, más de 21.000 alumnos desarrollaron programas específicos para prevenir el consumo de drogas en menores. En el ámbito familiar, aproximadamente 2.000 familias participaron en programas preventivos a lo largo de 2011.

Colegio Profesional de Periodistas de Castilla y León

El Consejo de Gobierno también ha aprobado el Proyecto de Ley de Creación del Colegio Profesional de Periodistas de Castilla y León y lo remite a las Cortes para su tramitación parlamentaria. Esta norma surge a partir de la demanda del sector impulsada por las nueve asociaciones de periodistas de la Comunidad, promotoras de la iniciativa. Según recoge el texto, la colegiación será de carácter voluntario, sin que esta sea obligatoria para el ejercicio de la profesión, y el ámbito territorial en el que será aplicable será en la Comunidad de Castilla y León.

En el futuro Colegio Profesional de Periodistas de Castilla y León podrán colegiarse aquellas personas que posean alguno de los títulos oficiales universitarios que la norma exige, o título declarado equivalente o debidamente homologado por la autoridad competente. Los títulos requeridos son: licenciado en Ciencias de la Información, Sección de Periodismo y/o Sección de Ciencias de la Imagen Visual y Auditiva; licenciado en Periodismo; licenciado en Comunicación Audiovisual; y títulos universitarios de Grado o Máster cuyos planes de estudios estén orientados a la preparación para el ejercicio de la actividad profesional periodística. También los periodistas que figuren inscritos en el registro Profesional de Periodistas de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, así como los miembros de las asociaciones promotoras incluidos en dicho registro -en el momento de la entrada en vigor de esta ley- podrán formar parte del Colegio, aunque no cumplan los requisitos de titulación previstos.
 
Para la puesta en marcha de este colegio profesional, se constituirá una comisión gestora integrada por personas designadas por los promotores de la creación del Colegio Profesional de Periodistas de Castilla y León de entre aquellas que figuran en el censo definitivo de profesionales -en el ámbito territorial de Castilla y León- y que cuenten con alguna de las titulaciones académicas requeridas. La comisión gestora actuará como órgano de gobierno provisional y aprobará unos estatutos provisionales. Posteriormente la comisión gestora convocará la celebración de una asamblea constituyente, una vez realizados los cometidos atribuidos, y en ella se aprobarán los estatutos definitivos del Colegio Profesional de Periodistas de Castilla y León y se elegirán los miembros de los órganos de gobierno. La Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León.
 
El colegio profesional se regirá en lo relativo a la colegiación y a sus actuaciones por la normativa estatal y autonómica y, específicamente, por la Ley 8/1997, de 8 de julio, de Colegios Profesionales de Castilla y León, la ley de creación y las correspondientes normas reglamentarias de desarrollo. 
 
Tramitación
 
La Consejería de la Presidencia, en tanto que órgano competente en materia de colegios profesionales, ha gestionado los diferentes pasos necesarios para elaborar este proyecto de ley. Los trámites para la creación de esta norma comenzaron en mayo de 2010, cuando todas las asociaciones de periodistas existentes en la Comunidad de Castilla y León promovieron la creación del Colegio Profesional de Periodistas de Castilla y León. El censo provisional de periodistas en el ámbito territorial de Castilla y León se sometió a información pública -previamente, todos ellos presentaron instancia formal y documentación acreditativa en registro para respaldar la iniciativa impulsada por los promotores- y se obtuvo un censo definitivo. El siguiente paso consistió en la elaboración del texto de anteproyecto de ley, en el que se recogió la posibilidad de incorporar al mayor número de profesionales que ejercen el Periodismo, al igual que sucede en la redacción de cualquier otro anteproyecto relativo a colegios profesionales.
 
A partir de los trámites de información pública mediante la publicación en el BOCYL y audiencia -abiertos del 20 de enero a 13 de febrero-, y recogidas las alegaciones formales preceptivas, las asociaciones promotoras manifestaron su desacuerdo con el requerimiento de titulación para la vía excepcional y transitoria de colegiación de los profesionales inscritos en el Registro Profesional de Periodistas de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España. Se tomó en cuenta la modificación sugerida eliminando la exigencia de titulación para el acceso a la colegiación por esta vía. Igualmente se tuvieron en cuenta las alegaciones relativas a la supresión de la vía excepcional de acceso, es decir, no podrán colegiarse quienes ejerzan el Periodismo sin disponer de titulación homologada salvo que consten en los registros profesionales de la FAPE, con anterioridad al año 2006.
 
La creación del Colegio Profesional de Periodistas de Castilla y León se sumará a la existencia de otros órganos semejantes en comunidades como Cataluña, Galicia, Murcia y Andalucía. Extremadura o Castilla La Mancha son algunas de las comunidades autónomas que legislarán próximamente la colegiación profesional de periodistas.

Inversión de 2,36 millones para suministros sanitarios destinados al Complejo Asistencial de Salamanca y al Clínico de Valladolid

Por último, el Consejo de Gobierno ha autorizado tres expedientes, por valor total de 2.367.363 euros, referidos al suministro de diverso material sanitario con el que atender las necesidades asistenciales del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca y del Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Cabe destacar que la Administración autonómica contiene el gasto en estos expedientes, alcanzando ahorros superiores al 30 %

El primer expediente, con un importe total de 1.195.074 euros para los dos próximos años, se refiere a la contratación de accesorios y material sanitario para atender las necesidades diarias asistenciales de diversos servicios adscritos al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca. La Consejería de Sanidad ha hecho un importante esfuerzo en la contención del gasto en este contrato de suministros, ya que el importe de licitación se ha reducido en un 32,36 %, en comparación con el precio del contrato actualmente vigente.
 
Para el mismo centro salmantino se ha autorizado una inversión por un importe de 828.134 euros para la contratación de material fungible destinado a la realización de endoscopias digestivas. En este caso, el expediente refleja un 12,43 % de reducción sobre el contrato actual.
 
El tercer expediente consiste en una inversión de 344.155 euros destinada a la contratación de material desechable y de implante para atender las necesidades diarias asistenciales del servicio de Neurocirugía del Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Esta licitación se ha realizado también con un esfuerzo de contención del gasto público por parte de la Gerencia Regional de Salud, al reducir en un 14 % el importe del contrato actualmente vigente como consecuencia de haber reducido el precio unitario de los productos, y ello sin perjuicio de poder obtener un mejor precio en la adjudicación del contrato, al tramitarse por procedimiento abierto.