TSJCyL sobresee la imputación por prevaricación contra Fernández Santiago y entiende prescrito el de cohecho

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha acordado sobreseer la imputación por delito de prevaricación contra el expresidente de las Cortes y exconsejero de Fomento, José Manuel Fernández Santiago, por el proceso de adjudicación de la variante de Olleros de Alba (León), en el marco de las investigaciones seguidas por el denominado 'Caso Gürtel', y ha declarado prescrito el delito de cohecho también imputado al hoy procurador del PP por Ávila.



El auto, dictado por la Sala de lo Civil y Penal del Alto Tribunal castellanoleonés, con sede en Burgos, se produce como consecuencia de las investigaciones realizadas por el juez César Balmori Heredero, encargado de la instrucción de las diligencias y que tomó declaración a Fernández Santiago el 21 de noviembre de 2011, para luego hacer lo propio con distintos testigos, entre ellos, el extesorero del PP, Luis Bárcenas; el exdiputado por Segovia Jesús Merino; el supuesto cabecilla de la 'Gürtel', Francisco Correa, así como responsables de la empresa adjudicataria de la obra, Teconsa, junto con funcionarios y técnicos de la Junta que intervinieron en la adjudicación.


En el caso del delito de prevaricación atribuido a Fernández Santiago, el auto del TSJCyL sobresee parcial y provisionalmente las actuaciones y con respecto al de cohecho lo declara prescrito y resuelve su sobreseimiento libre, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.


La derivación castellanoleonesa del caso Gürtel pasó a manos del TSJCyL después de que el TSJ de Madrid, en un auto de fecha 11 de julio del pasado año, aceptara la inhibición del magistrado que instruía dicho asunto, Antonio Pedreira, en lo relativo a la ajudicación de la variante de Olleros de Alba, dada la supuesta implicación en la misma de Fernández Santiago, expresidente de las Cortes y en la actualidad procurador del PP.




En concreto, el magistrado se inhibió en lo que se refería a tres informes de la UDEF en relación al pago, en fechas comprendidas entre diciembre de 2002 y enero de 2003, de "una comisión vinculada a la adjudicación del 'proyecto de construcción de la Variante de Olleros de Alba', carretera C-626, de Cervera de Pisuerga a la Magdalena por Guardo, Trama de Olleros de Alba del punto kilométrico 4,100-8,600' a la mercantil Teconsa", una de las empresas investigadas en la trama corrupta.


Las investigaciones de la UDEF apuntaban un reparto de esa comisión entre distintas personas, entre las que se incluía José Manuel Fernández Santiago, que entonces desempeñaba el cargo de consejero de Fomento de la Junta de Castilla y León, a quien se atribuía asimismo haber recibido 18.000 euros el 23 de abril de 2002 "por motivos que se desconocen".