Castilla y León creará una tasa por el uso del 112 en conductas imprudentes

El anteproyecto de Ley de Medidas Financieras para 2012, que será aprobado mañana, jueves, en Consejo de Gobierno de la Junta, establece la creación de una nueva tasa mediante la que los ciudadanos deberán abonar una parte del coste del servicio de emergencias 112 en aquellos casos en los que los incidentes de produzcan por conductas imprudentes y fija además una deducción del 7,5 por ciento el IRPF en la compra de la primera vivienda nueva.

Así lo avanzó el pasado mes de septiembre la consejera de Hacienda de la Junta de Castilla y León, Pilar del Olmo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno en la que dio a conocer el contenido del anteproyecto de Ley de Medidas Financieras.

En concreto, Del Olmo se refirió a la puesta en marcha de esta tasa denominada de 'Protección Ciudadana' que está dirigida a evitar la realización de actividades imprudentes o peligrosas que ocasionan "cuantiosos dispendios" a la Administración. "El objetivo no es recaudatorio sino disuadir de conductas imprudentes", explicó entonces Del Olmo, quien aclaró que se cobrará parte del coste del servicio de emergencias y que puede alcanzar los 1.947 euros por hora en el caso de que se haya tenido que movilizar un helicóptero, informa ep.

De este modo, los ciudadanos sólo tendrán que asumir parte del coste de los servicios de búsqueda y rescate en aquellos casos en los que no se hayan atendido a los boletines, partes de avisos de alerta, de predicción meteorológica o por no llevar el equipamiento adecuado para la actividad.

Por otra parte, la Junta prevé implantar en 2012 siete nuevas ventajas fiscales, por lo que se alcanzarán un total de 50, ya que, como incidió la consejera de Hacienda, el próximo año se mantendrán todos los beneficios. Una de las acciones más destacadas es la deducción del 7,5 por ciento en el IRPF en la compra de la primera vivienda nueva con el fin de impulsar la actividad de la construcción.

Esta deducción se aplicará durante los cinco primeros años de la compra y tendrá un límite de inversión deducible de 9.040 euros anuales, lo que, según los cálculos de la Junta, puede suponer unos beneficios a los ciudadanos de siete millones de euros por la adquisición de unas 26.000 viviendas.