Sanidad y Familia sientan las bases para la atención conjunta

Los consejeros de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, y de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, han suscrito este jueves el convenio por el que sientan las bases para una atención social y sanitaria conjunta con el fin de mejorar la coordinación y calidad de atención y optimización de recursos.
  
En concreto, los cuatro objetivos generales que persigue este protocolo rubricado entre ambos departamentos se centran en una atención al usuario que abarca desde la prevención hasta la atención continuada en el domicilio; aspectos específicos para la atención de personas con discapacidad por enfermedad mental; la coordinación en los mecanismos de trabajo y formación de profesional; y la coordinación en la gestión, procesos e intercambio de información.
  
Milagros Marcos ha asegurado que el de la firma de este acuerdo es el momento que esperaban "todos" y ha afirmado que el convenio inicia un periodo de trabajo conjunto con un mayor nivel de coordinación entre ambas consejerías con un modelo presentado a los representantes el sector sobre el que se quiere avanzar (centros de personas mayores y sector asociativo de la discapacidad).
  
El acuerdo se desarrollará en algunos casos en convenios específicos, pero establece cuatro líneas de actuación principales, la primera de ellas la atención a personas mayores y personas con discapacidad que precisan atención social y sanitaria coordinada, que va desde la prevención a los más pequeños a la atención domiciliaria, informa ep.
  
Así, las personas mayores y las personas con discapacidad afectadas por procesos sanitarios y sociales contarán con un plan de prevención de la dependencia para anticiparse a la aparición o al agravamiento de las enfermedades o discapacidades. El plan contempla la elaboración de protocolos de atención y derivación de los usuarios entre los dos sistemas, el desarrollo de catálogos de servicios preventivos, el intercambio de información y asesoramiento entre los profesionales implicados, así como el diseño de criterios de utilización de los recursos.
  
Los niños con discapacidad o riesgo de padecerla se beneficiarán de la existencia de protocolos básicos de colaboración y de intercambio de información entre ambos sistemas que les garantice la prevención, la detección precoz, el diagnóstico y la atención temprana. Las Consejerías fijarán, además, estándares esenciales de calidad y de mejora de la atención.
  
Por otro lado, con el objetivo de conseguir una mayor calidad de vida de las personas con necesidad de atención en el domicilio y de sus cuidadores, el acuerdo prevé elaborar herramientas que permitan valorar y hacer un seguimiento de los cuidados que se prestan y que presten orientación sobre qué cuidados requiere. Para las personas que ejercen como cuidadores, ya sean profesionales o familiares, el objetivo es hacer un seguimiento de sus condiciones de salud y proporcionarles información sobre cómo mejorar su propia salud.

Mayores y discapacitados
  
Otra de las líneas se centra en la atención en centros de mayores y personas con discapacidad, en los que se trabajará en tres aspectos, uno de ellos la farmacia hospitalaria, con la creación de depósitos de medicamentos vinculados al servicio de farmacia hospitalaria en estos centros, algo que se estudia extender a los centros de las corporaciones locales y concertados.
  
Asimismo, el acuerdo contempla la creación de unidades sociosanitarias de convalecencia en centros de personas mayores destinados a aquellos que presenten procesos crónicos de enfermedad y que necesiten simultáneamente cuidados sociales y sanitarios de baja intensidad.
  
Con la implantación de estas unidades, de gestión conjunta, se evitarán estancias inadecuadas en centros hospitalarias, que en ocasiones se alargan por motivos organizativos u otras causas, pero sin que la situación clínica del paciente realmente lo requiera. La experiencia se extenderá en principio a las plazas de titularidad de la Gerencia de Servicios Sociales para posteriormente plantearse en los concertados y de las corporaciones locales.
  
El consejero ha concretado que se estudia si las unidades serán de 30 plazas como inicialmente se ha previsto o de 20 como se ha solicitado por las partes implicadas y ha adelantado que se iniciará el próximo año un primer pilotaje para llegar a que en esta legislatura haya, al menos, una unidad por provincia, aunque no se descartan más.
  
Finalmente, dentro de este eje, se contempla que la Gerencia Regional de Salud asuma, de forma progresiva y antes de finalizar 2015, la coordinación y la prestación de la atención sanitaria en los centros residenciales de personas mayores, para lo que se elaborará un calendario de actuaciones conjuntas. Se estudiaría también exportar este modelo a los centros residenciales de personas con discapacidad.
  
Con este acuerdo, ambas consejerías se comprometen, además, a avanzar en el proceso integrado de atención sociosanitaria a personas con enfermedad mental, tanto si necesitan la continuidad en el sistema de sanitario como en el de servicios sociales. Se trata de avanzar en el proyecto que ya se ha pilotado con éxito en la provincia de Zamora, y que ha recibido diversos reconocimientos por parte de las entidades de familiares y del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.
  
Además, los profesionales de ambas áreas contarán con sistemas de formación específicos y adaptados a la atención sociosanitaria. De esta forma, los profesionales sanitarios podrán hacer prácticas en los centros de Servicios Sociales, mientras que los profesionales que trabajan en estos últimos tendrán un plan de formación para adquirir conocimientos en materia de cuidados personales en los centros residenciales o centros de día pertenecientes a la Junta.
  
En concreto, a lo largo del próximo año, una vez que se haya modificado la regulación, se pretende que en los centros de menos de 50 plazas los profesionales de Atención Primaria presten este tipo de atención.

Coordinación entre sistemas
  
El último de los apartados hace referencia a la gestión, mejora de procesos e intercambio de información. Así, ambas consejerías diseñarán protocolos de actuación y unificación de los procesos entre los servicios públicos de asistencia sanitaria y los centros específicos de asistencia a drogodependientes.
  
Familia e Igualdad de Oportunidades y Sanidad crearán también un grupo de trabajo para homogeneizar y unificar los procesos, para automatizar e informatizar la información y, en especial, para desarrollar instrumentos que permitan a los profesionales compartir de forma fluida información sobre la historia sanitaria y social de sus pacientes. Todo ello, con la idea puesta en garantizar la eficiencia de la coordinación sociosanitaria.
  
El acuerdo, cuya vigencia finaliza en diciembre de 2015, y será prorrogable, prevé la creación de un comité de seguimiento para coordinar y controlar la puesta en marcha de las actuaciones.
  
La consejera ha insistido en que se trata de un modelo de coordinación "necesario", pionero a nivel nacional, aunque ha reconocido que es "complejo", pero ha manifestado que están "ilusionados" y cree que dará buenos resultados porque Castilla y León está preparada para ello.
  
El titular de Sanidad ha recordado que todas estas medidas exigen también una nueva regulación que se tendrá que aprobar, ya que en aspectos como la atención sanitaria a personas mayores en los centros se necesita concretar desde la cama hasta el equipo que se precisa, así como las patologías que se pueden tratar, que serán algunas como la rotura de una cadera o una enfermedad obstructiva crónica, por ejemplo.
  
Por otra parte, Sáez Aguado ha indicado que este tipo de iniciativas pueden suponer la necesidad de contratar personal, sobre todo de enfermería, pero tampoco una gran cuantía.