Como corresponde
La Justicia ordenó avanzar en la investigación a las petroleras que operan ilegalmente en Malvinas
miércoles 29 de abril de 2015, 21:15h
La jueza federal subrogante de Río Grande Mariel Borruto
ordenó llevar a delante medidas de prueba para "corroborar las hipótesis
delictivas" en la causa que investiga a empresas transnacionales por la
exploración y extracción ilegal de hidrocarburos en la cuenca de las Islas
Malvinas.
De esta forma, Borruto dio curso a la presentación de los
fiscales Marcelo Rapoport, Adrián García Lois y Carlos Gonella, que el 20 de
abril formalizaron la denuncia contra las empresas Falkand Oil and Gas Limited
(FOGL), Edison International SPA, Noble Energy Inc. y su filial Noble Energy
Falkland Limited, Premier Oil plc y Rockhopper Exploration plc.
Según se informó a través del portal Fiscales, las medidas
de prueba sugeridas por los Rapoport, García Lois y Gonella apuntan a
establecer la evolución y composición del patrimonio de las empresas
transnacionales involucradas y a la identificación de sus directores.
La denuncia es por la presunta comisión de "actividades
ilícitas de exploración, búsqueda y eventual extracción de hidrocarburos en
proximidades a las Islas Malvinas", y otros delitos que se desprenden de
esas acciones, como la contaminación ambiental y el contrabando.
En ese marco, Borruto solicitó informes a diferentes organismos
del Estado que le habían sido propuestos la semana pasada por el fiscal federal
local, el fiscal de distrito y el titular de la Procuraduría de
Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).
De esa forma, la magistrada libró oficios a la Aduana, la Administración Federal
de Ingresos Públicos, la
Comisión Nacional de Valores, la Jefatura de Gabinete de
Ministros, la
Prefectura Naval y la Inspección General
de Justicia.
El objetivo es conocer detalles sobre las empresas
involucradas, su evolución patrimonial, si operan en el mercado bursátil, como
asimismo a identificar a las personas físicas que las integran.
Al impulsar la acción penal, los fiscales remarcaron que
deben investigarse violaciones a los tipos penales previstos en el artículo 7
de la ley 26.659, de exploración y explotación de hidrocarburos de la Plataforma Continental
Argentina, que prevé hasta 15 años de prisión y el doble del tiempo de la
condena para ejercer el comercio.
Además prevé el decomiso de los bienes vinculados -cuestión
impulsada por los fiscales en carácter de medida cautelar- a quien incurra en
la exploración y extracción de hidrocarburos sin autorización en esa zona.
Y recordaron que la ley establece que "la pena de
prisión se aplicará a los directores, gerentes, síndicos, miembros del consejo
de vigilancia, administradores, mandatarios, representantes o autorizados que
hubiesen intervenido en el hecho punible".
La investigación también alcanza a otras sociedades que,
directa o indirectamente, "habrían efectuado y/o estarían efectuando
aportes de diversa índole a la maniobra delictiva", como Pretoleum
Geo-Services (PGS), la cual mediante los buques de sus propiedad "PGS M/V Ramford
Sterling", "PGS Ramform Titan" y "Falcon Explorer", habría realizado tareas de
relevamiento y análisis de datos estratégicos para la evaluación de la
sustentabilidad de los yacimientos.
Por su parte Desire Petroleum p.l.c. habría suministrado
datos sísmicos de utilidad y cuyo capital habría sido adquirido en 2013 por
FOGL; Neptune EHF, propietaria del buque oceanográfico "MV Poseidon", el cual
habría sido utilizado por FOGL para llevar adelante estudios geoquímicos y de
líneas de base ambientales; y Ocean Rig, dueña de la plataforma semisumergible
"Eirik Raude", con la cual se estarían realizando tareas de perforación en el
lecho submarino.