Qué hacer contra la corrupción: prevenir y controlar

La carrera electoral genera la tentación de prometer que la solución contra la corrupción es el aumento de penas o la creación de comisiones de investigación, y es difícil proponer alternativas menos grandilocuentes y marketineras pero de resultado seguro, de acuerdo con experiencias de países como Chile o Uruguay. Y esto porque la idea de combatir la corrupción únicamente a través de la penalización es antigua e ineficaz: el castigo llega -con suerte- cuando el hecho ya fue consumado y solo en pocos casos. La entrada en vigencia de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, en 2003, refleja un cambio de paradigma: la lucha contra la corrupción no puede basarse únicamente en la represión sino que las políticas preventivas son esenciales.
 
Los hechos de corrupción suceden en ámbitos secretos. Esta es la principal razón por la cual es muy difícil, sino imposible, medir sus costos con precisión. Para enterarnos de estos hechos debemos incentivar que aquellos que participan o los conocen lo cuenten. Y para evitar esa opacidad debemos echar luz sobre toda estructura estatal o procedimiento que sea permeable a la corrupción, desde pequeñas coimas hasta grandes negociados.
 
Para avanzar contra la corrupción hay dos presupuestos imprescindibles: la existencia de una genuina voluntad política de hacerlo y la asignación de recursos apropiados para que las políticas sean eficaces.
 
El protagonismo de esas políticas, además, debe ser compartido con la sociedad civil e involucrar al sector privado, que no es un mero espectador o perjudicado por la corrupción sino que también es protagonista de su concreción.
 
Es necesario identificar cuáles son aquellas prácticas que generan y propician la corrupción por su falta de visibilidad, estructura monopólica, ausencia de controles o permeabilidad a los conflictos de intereses.
 
La transparencia y la prevención de la corrupción deben ser un componente central en todas las políticas de Estado, en lugar de estar circunscriptas solo a un órgano y a la buena voluntad de los responsables de contadas áreas de la administración.
 
Es necesario contar con una Ley de Acceso a la Información Pública moderna, avanzar en materia de gobierno abierto y también contar con una ley de regulación del lobby. La ciudadanía debe tener acceso a la agenda de reuniones de interés de sus representantes así como también conocer qué es lo qué están haciendo los funcionarios, cómo se están manejando los fondos públicos, quiénes son los proveedores del Estado, etc.
 
Argentina cuenta con organismos de control que podrían descubrir estas prácticas y actuar en consecuencia, pero que por falta de decisión del Ejecutivo en avanzar en el control de la corrupción, o más bien por su interés en lo contrario, fueron desarticulados, haciendo que su nivel de trabajo y eficacia baje hasta lo imperceptible. Nos encontramos, entonces, con dos noticias: una buena, que es que algunas de las herramientas que se necesitan para combatir la corrupción ya las tenemos y otra, no tan buena, es que están herrumbradas. Es necesario fortalecer organismos como la Oficina Anticorrupción con nuevas facultades, dándole autonomía, o en el caso de la Auditoría General de la Nación, revisando la conformación de su cuerpo directivo. También es necesaria una nueva Ley de Ministerio Público que amplíe las funciones de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas.
 
Se hace imprescindible una ley de protección de testigos y denunciantes de hechos de corrupción pública y privada, que proteja a peritos, testigos, víctimas e informantes de manera adecuada, que promueva su colaboración y les brinde seguridad física y jurídica. En este mismo sentido, es también necesario incorporar la figura del "arrepentido" al Código Penal. Muchas de estas iniciativas están listas para ser tratadas en el Congreso. Falta la voluntad política para avanzar.
 
Manuel Garrido,
 Diputado nacional (UCR).
Ex Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas