La Justicia realizará el primer pedido de información al Vaticano en una causa por delitos de lesa humanidad

  
El pedido que realizará el fiscal federal de San Nicolás, Matías Di Lello, será el primero que la Justicia le realice al estado pontificio desde que el Papa Francisco impulsó la reforma judicial al interior del Vaticano y ordenó la apertura de archivos personales de cada pontífice, los famosos "archivos secretos", para juicios de lesa humanidad.
 
La Justicia federal pedirá que se informe acerca de la existencia de correspondencia epistolar de Ponce de León entre 1966 y 1977 o de archivos que el mismo llevara respecto de personas perseguidas, detenidas o desaparecidas por motivos políticos, sociales, gremiales, o religiosos.
 
También reclamará que se informe sobre la existencia de alguna información que se le haya reclamado al Estado nacional respecto de las amenazas y la muerte de Ponce de León, tal como le fue solicitado antes al Episcopado Argentino, a la Vicaria General Castrense y a la Nunciatura Apostólica.
 
El fiscal firmará el exhorto, lo mandará a traducir al italiano y luego lo remitirá el área de cooperación internacional de la Procuración General de la Nación para que, a través de la Cancillería, lo envíe al Vaticano.
 
La causa está radicada físicamente en el juzgado federal de San Nicolás y es instruida por el juez federal de Rosario, Marcelo Bailaque.
 
Ponce de León fue el segundo cura asesinado durante la última dictadura cívico militar, el 11 de julio de 1977, y su muerte -como la del obispo de La Rioja, Enrique Angelelli, un año antes- intentó presentarse como el saldo de un accidente de tránsito.
 
El obispo de San Nicolás murió luego de que al Renault 4 en el que viajaba hacia Buenos Aires se le atravesó una camioneta Ford F-100.
 
El cura iba acompañado por Víctor Oscar Martínez (19 años) y llevaba, entre otras cosas, una carpeta que pretendía acercar a la Nunciatura Apostólica con datos sobre secuestros y torturas en San Nicolás y Villa Constitución.
 
Ese mismo año se tramitó ante la justicia penal del departamento judicial de San Nicolás una causa que investigó el homicidio del obispo y las lesiones sufridas por Martínez como consecuencia de lo que se intentó hacer pasar como un accidente de tránsito.
 
Fue condenado por los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas Luis Antonio Martínez, el conductor de la F-100 que dijo que desvió su recorrido tras frenar de golpe para evitar chocar contra un colectivo.
 
Tras analizar la causa, y a raíz de la existencia de una denuncia realizada en 1984 por el hombre que viajaba junto al cura, el Ministerio Público Fiscal pidió la reapertura de la investigación por la que se realizará ahora el pedido formal al Vaticano.
 
La fiscalía que investiga la muerte de Ponce de León realizó un informe, al que tuvo acceso Télam, en el que se detallan una serie de hechos ocurridos antes y después de la muerte del obispo nicoleño que dan cuenta de que el prelado había sido amenazado antes del episodio y que las investigaciones posteriores tendieron a ocultar el crimen.
 
El informe fue impulsado por el fiscal federal Juan Patricio Murray quien llevaba adelante la investigación hasta hace 6 meses cuando quedo en manos de Di Lello.
 
Las amenazas recibidas por carta, por teléfono y en forma personal habían sido denunciadas por Ponce de León en distintas instancias, mucho antes del episodio que le costó la vida: en mayo de 1976, por ejemplo, durante la primera asamblea plenaria posterior al Golpe de Estado informó el hostigamiento y las humillaciones a las que se veía sometido a diario.
 
Entre las irregularidades detectadas durante la primera investigación, el informe destaca que, por ejemplo, "no se practicó, luego de la muerte de la víctima, examen médico externo del cadáver por parte de Médico de Policía o Perito Médico Forense, como para determinar evidentes las causas de la muerte".
 
Otra de las irregularidades detectadas fue que "no se practicaron diligencias para establecer si la ausencia de huellas de frenadas en el asfalto (conforme a lo declarado por el imputado) se debió a motivos naturales, casuales o intencionales".
 
En el informe también se destacó que no se recibieron declaraciones testimoniales a personas que pudieran atestiguar sobre cómo ocurrieron los hechos, ni se realizaron diligencias para encontrar al colectivo descripto por Luis Antonio Martínez en su indagatoria.
 
El informe que respalda la presentación ante el Vaticano incluye, además, un apartado en el que se dan por acreditadas "las operaciones de inteligencia montadas sobre el obispo por parte de los órganos represivos de la dictadura cívico militar, como también que recibía en forma constante amenazas de muerte".
 
Las amenazas se encuentran acreditadas, por ejemplo, en un intercambio de cartas con otro sacerdote, Roberto Teodoro Amondarain, en el que le contó que había recibido "2 amenazas de muerte" y en las que se despedía con la frase "un abrazo y hasta el 22 o hasta el cielo".
 
En un tercer punto, el informe elaborado por la fiscalía recopila documentación de inteligencia desclasificada que indica que Ponce de León era perseguido por la dictadura.
 
En un documento aportado por la Secretaría de Culto de la Nación -extraído de los archivos de la Cancillería- el jefe del área 132 y del Batallón de Ingenieros de Combate 101, teniente coronel Manuel Fernando Saint Amant, calificó a Ponce de León como "enemigo acérrimo de monseñor (Victorio) Bonamin" y lo acusó de tratar "por todos los medios de crear fricciones". Saint Amant reportaba al comandante del Primer Cuerpo del Ejército, el general Carlos Suárez Mason.
 
Uno de los puntos más llamativos del informe judicial es el que refiere a la "desaparición de la documentación que Ponce de León llevaba el día de su muerte", como también de "su correspondencia epistolar y de archivos y anotaciones que el mismo llevaba respecto a personas detenidas, perseguidas o desaparecidas".
 
En el informe se detalla que tanto los archivos personales como la correspondencia de Ponce de León fueron solicitadas a las diócesis de San Nicolás y de Rosario y que en ambos casos los administradores respondieron, por escrito, que no se encontraba en dichos obispados.