Nueva polémica
Denunciarán a senadores por firmar un compromiso para rechazar la nominación de un nuevo juez de la Corte
jueves 20 de noviembre de 2014, 23:55h
Los
senadores de la oposición que anunciaron su "compromiso público de impedir
la cobertura de la vacancia en la Corte Suprema de Justicia de la Nación"
serán denunciados por el delito de sedición para el cual el Código Penal prevé
sanciones de hasta cuatro años de prisión.
La
denuncia será presentada este viernes ante la Cámara Federal por el abogado
Eduardo Barcesat y está dirigida contra los legisladores Ernesto Sanz, Gerardo
Morales, Fernando "Pino" Solanas, Carlos Reutemann, Juan Carlos
Romero, Luis Juez, Gabriela Michetti, Diego Santilli y "todo otro
senador" que haya suscripto ese acuerdo.
El
letrado acusa a los parlamentarios por el delito previsto y reprimido en el
segundo párrafo del artículo 230 del Código Penal que castiga con penas de uno
a cuatro años de prisión a quienes "se alzaren públicamente para impedir
la ejecución de las leyes nacionales o provinciales o de las resoluciones de
funcionarios nacionales o provinciales".
En una
presentación de cinco carillas, a la que Télam tuvo acceso, Barcesat sostiene
que "ha tomado estado público la iniciativa, ya concretada, de senadores
nacionales, para operar una connivencia delictiva a fin de impedir que el Poder
Ejecutivo Nacional cumplimente la manda constitucional" de proponer al
candidato a ocupar la vacante que dejará Eugenio Raúl Zaffaroni en la Corte
Suprema de Justicia.
"No
amerita mayor detenimiento el texto claro, sin ambigüedades del precepto
constitucional que establece la incumbencia constitucional de proponer a los
integrantes del Poder Judicial de la Nación cuyo nombramiento opera con acuerdo
del Senado que requiere la aprobación del candidato con el voto de los dos
tercios de los miembros presentes", sostiene.
El
abogado entiende que se está frente a un "alzamiento público para impedir
la ejecución de leyes nacionales" y sostiene que "no hay ningún
espacio en la dogmática jurídica que pueda dar sustento al obrar
descripto" ya que "las vacancias son para ser cubiertas no para
convertirse en escenario de impedimento de la integración de otro de los poderes
que conforman el gobierno federal".
Barcesat
añade que "la conducta denunciada es igualmente lesiva de las
disposiciones que conforman el carácter representativo" del gobierno
federal y "denigra la jerarquización constitucional de los partidos
políticos que son instituciones fundamentales del sistema democrático".
"Nadie
que, en papel milimetrado, se hubiese propuesto diseñar un acto afectatorio de
la institucionalidad podría haber superado el oprobio de este obrar",
enfatiza al tiempo que añade que "peor aún, intenta oscurecer el carácter
delictivo del obrar con la falsa invocación de proteger la independencia del
Poder Judicial de la Nación".
De
acuerdo a las normas procesales, la Cámara Federal deberá sortear el juzgado
que habrá de intervenir y el fiscal que deberá actuar, a quienes Barcesat
reclama que citen a "prestar declaración indagatoria a los
encartados" y que "decrete sus procesamientos y embargo suficiente
sobre sus bienes".