La consulta de Cataluña legitima el reclamo independentista, mientras Rajoy se desprestigia más

Al día siguiente de la consulta independentista simbólica de Cataluña, el gobierno regional de Artur Mas aparece hoy más legitimado que antes para exigir un referéndum oficial al Ejecutivo central de Mariano Rajoy, quien por su parte sigue negando el problema catalán y, de esta forma, refuerza su imagen intransigente y añade más leña a un fuego que cada vez será más difícil de apagar.
 
Por más que Madrid insista en que la consulta no oficial organizada por el gobierno catalán era "antidemocrática e inútil", la imagen de más de dos millones de catalanes votando por primera vez y de forma mayoritaria a favor de la independencia refuerza la idea de que el separatismo catalán supone una amenaza real para España.
 
En ese sentido, para el gobierno catalán y los partidos soberanistas que defienden el "derecho a decidir" -una consigna que, de manera muy inteligente y a base de una confusa propaganda oficial, suplantó al derecho de autodeterminación- han sido todo un éxito.
 
El resultado de la consulta, con el 81% de los votantes a favor de la secesión, no iba a suponer ninguna sorpresa, puesto que la votación había sido organizada por el gobierno catalán junto con el resto de partidos soberanistas y las organizaciones sociales que promueven la independencia.
 
La clave estaba en la capacidad de movilización de los independentistas y en la reacción que generaría la iniciativa en los ciudadanos catalanes que, a pesar de no simpatizar con el proyecto soberanista, rechazan la actitud autoritaria y centralizadora del gobierno conservador de Rajoy.
 
Madrid quizás cometió el error de vetar también una votación que a los ojos de muchos se había convertido en un simple ejercicio de libertad de expresión, después de que el referéndum planteado inicialmente fue suspendido por el Tribunal Constitucional (TC) español.
 
La sobreactuación del Ejecutivo español, inevitable dentro de su propia lógica ante la rebeldía del gobierno catalán, convirtió la consulta en un acto heroico de libertad, y en un hito para el soberanismo catalán.
 
Si las grandes manifestaciones independentistas de los últimos tres años había movilizado a más de un millón de ciudadanos, esta vez, los separatistas elevaron el techo, al conseguir que votaran 2.305.290 personas, según la cifra final del gobierno catalán.
 
Es cierto que fue una gran movilización, pero en términos electorales representa a un 37% del electorado. Como no existía un censo oficial, el gobierno estimó que podrían votar unas 5,4 millones de personas -sumados los jóvenes de entre 16 y 18 años que no están habilitados para votar con la ley vigente y los extranjeros residentes-. Aunque datos del INE (Instituto Nacional de Estadísticas) elevaron la cifra orientativa a 6,3 millones.
 
"¿Quiere que Cataluña sea un Estado? En caso afirmativo, ¿quiere que este Estado sea independiente?", fue la doble pregunta que debían responder los votantes. El "sí-sí" obtuvo un 80,7%, el "sí-no", el 10%, y el "no-no" un 4,4%.
 
Aquí hay que tener en cuenta algunos matices. El voto "sí-no", que estaba llamado a ser un voto protesta, a favor del derecho al sufragio y a exigencia de un cambio en la actual relación entre Cataluña y España, fue bastante más bajo de lo que se esperaba.
 
Pero en el voto "sí-sí" tampoco se puede leer de forma totalmente homogénea. Hace falta escuchar los argumentos de los distintos votantes catalanes para entender que aquí también hubo insatisfacción y rebeldía.
 
El voto reflexivo de la reconocida activista Ada Colau, fundadora de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH), y hoy impulsora del partido Guanyem Barcelona, una alternativa de izquierdas para gobernar en la capital catalana, resulta representativo.
 
Colau asegura que no es ni nacionalista ni independentista y critica con dureza a Mas y su partido "corrupto" CiU, que "intenta utilizar el proceso catalán para mantenerse en el poder dejando en segundo plano su política de recortes y privatizaciones".
 
No obstante, votó "sí-sí". ¿Por qué? Colau cree, en primer lugar, que "si nos niegan el principio democrático del voto, hay que votar masivamente". Pero además, considera que "más allá de los partidos, hay un movimiento popular en Cataluña que está reclamando más y mejor democracia". Considera -y este un argumento que es común escuchar en muchos catalanes convertidos al independentismo- que la movilización catalana tiene un fuerte componente anti-régimen que representa una oportunidad democratizadora no sólo para Cataluña sino para toda España.
 
Los partidos que respaldaron la consulta informal del 9N (por el domingo), consideraban que la cita sería un éxito si alcanzaban los 2,1 millones de votos que obtuvieron conjuntamente -CiU, ERC, ICV y CUP- en las últimas elecciones regionales de 2012, que fueron el inicio del actual proceso soberanista. Fue entonces que acordaron impulsar un referéndum para que los catalanes pudieran "decidir su futuro". Entre los votantes que apoyaron la opción "sí-sí" (1,8 millones) y "si-no" (230.000), acariciaron el objetivo. Pero el separatismo, y el gobierno catalán lo sabe, demostró ayer tener un gran potencial.
 
En cambio, el gobierno central de Rajoy no se ha movido de su estrategia de negación y sigue apostando por el veto de todas las iniciativas vinculadas al reclamo soberanista de Cataluña. Mientras el PSOE pide una reforma federal de la Constitución y una negociación urgente con Artur Mas, Rajoy ordenó a la justicia, a través de la Fiscalía del Estado, que investigue si el presidente catalán cometió un delito al desobedecer al Constitucional con la consulta. Parece remoto un cambio de actitud, pero si no se produce seguirá alimentando una creencia muy difundida en Cataluña: Rajoy y su Partido Popular (PP) son "la mayor fábrica de separatistas" que ha existido jamás.