Dictamen presentado a Servini de Cubría
Un fiscal pidió la detención y extradición de cuatro ex ministros franquistas
jueves 23 de octubre de 2014, 23:56h
El fiscal para la causa argentina contra los crímenes del
franquismo pidió a la jueza instructora que emita órdenes de detención y
extradición contra 16 personas, entre ellas cuatro ex ministros del régimen de
Francisco Franco (1939-1975),.
En un dictamen presentado ante la jueza María Servini, el
fiscal Ramiro González -quien en abril se hizo cargo de la acusación pública
para la causa impulsada en Buenos Aires- pide la detención y extradición de 16
personas para someterles a declaración indagatoria en varias causas sobre la
represión franquista, incluyendo la primera petición de imputación por un caso
de bebés robados.
"Estamos muy conformes con todo lo que ha pedido el
fiscal", manifestó a Efe Ricardo Daniel Núñez, uno de los abogados de los
denunciantes, quien destacó que por primera vez un fiscal se ha implicado en la
causa y se ha tomado "muy en serio, como corresponde un delito con la
gravedad que tiene esto", informaron a Efe los abogados de la querella.
El fiscal pidió la detención de los ex ministros franquistas
Antonio Carro Martínez, Licinio de la Fuente, José María Sánchez Ventura
Pascual y Antonio Barrera de Irimo, este último fallecido recientemente, según
comunicó la Coordinadora Estatal en Apoyo a la Querella Argentina contra los
Crímenes del Franquismo (Ceaqua) en un comunicado.
Carro Martínez, de 91 años, ministro entre 1974 y 1975 y
diputado en la Legislatura Constituyente española y en cuatro legislaturas más
por el Partido Popular, convalidó con su firma las sentencias de muerte de
Salvador Puig Antich (el último ajusticiado a garrote vil en la historia de
España) en 1974 y de José Humberto Baena, José Luis Sánchez Bravo, Ramón García
Sanz, Juan Paredes Manot y Ángel Otaegui Etxebarría, fusilados en 1975.
De la Fuente, de 91 años, convalidó la sentencia contra Puig
Antich cuando era vicepresidente del Gobierno franquista (entre 1974 y 1975); y
Sánchez Ventura Pascual, de 92 años, exdirector del periódico Informaciones y
ministro de Justicia durante el último gobierno franquista, firmó las
sentencias de los cinco fusilados en 1975.
El dictamen también contemplaba la detención de Barrera de
Irimo, fallecido el pasado 24 de septiembre a los 85 años de edad, quien fue
ministro de Hacienda en 1973 y vicepresidente segundo del penúltimo gobierno
franquista hasta octubre de 1974, por la firma de la sentencia de muerte contra
Puig Antich.
Además, el fiscal también reclamó la detención de Alfonso
Osorio García, de 90 años, ministro de la Presidencia durante el primer
gobierno en monarquía, por haber ordenado presuntamente la represión contra una
concentración de trabajadores en Vitoria (norte de España) el 3 de marzo de
1976, que se saldó con la muerte de cinco trabajadores.
Las órdenes de detención internacional se piden "en el
marco de solicitud de extradición y a efectos de que presten declaración
indagatoria" en respuesta a las peticiones realizadas por los distintos
querellantes, según el comunicado de Ceaqua.
Asimismo, la fiscalía pide imputar a Antonio Troncoso de
Castro y Carlos Rey González, en calidad de miembros del Cuerpo Jurídico
Militar durante el franquismo.
También se pide la detención de los ex miembros de las
Fuerzas Armadas Jesús Quintana Saracibar (excapitán de la policía armada),
Jesús González Reglero (excomisario de policía), Ricardo Algar Barrón
(ex comisario de policía), Félix Criado Sanz (ex jefe de brigada), Pascual
Honrado de la Fuente, Jesús Martínez Torres (ex comisario de policía), Benjamín
Solsona Cortés (ex jefe superior de policía) y Atilano del Valle Oter
(ex brigada).
Por primera vez se solicita también una detención
relacionada con la apropiación de niños durante la dictadura, en la figura de
Abelardo García Balaguer, exmédico ginecólogo.
El fiscal incluye en su dictamen una petición para que el
Vaticano y a los arzobispados españoles remitan a la causa toda la documentación
relativa a la colaboración de la Iglesia española con la dictadura franquista,
a raíz de una denuncia presentada por sacerdotes que estuvieron presos en
Zamora (oeste).
También incluye nuevas peticiones de exhumación de fosas
comunes y el envío de la documentación que posean los Gobiernos español y
regional de Cataluña sobre la detención, tortura y fusilamiento del
ex presidente catalán Lluis Companys (1933-1940, en el exilio desde 1939).