martes 19 de agosto de 2014, 10:00h
La desastrosa política llevada a cabo en los últimos años,
ha dejado como única fuente de dólares para pagar deuda y financiar las
importaciones necesarias para que la economía funcione, al saldo exportable.
A su vez, los desincentivos y las restricciones para
producir bienes exportables, sumados a un escenario internacional relativamente
adverso (Brasil, el estancamiento europeo, y la baja de los precios de algunos
commodities) han frenado el crecimiento
de las exportaciones.
En este contexto, la única alternativa disponible
(descartado algo de endeudamiento externo, por el default) es reducir y
racionar las importaciones para que "sobren" los dólares necesarios para pagar
deuda, sostener las reservas en valores compatibles con la estabilidad
macroeconómica e importar lo estrictamente ineludible.
Pero, como ya le conté tantas veces, controlar importaciones
tiene efectos sobre el nivel de actividad, por la relación entre importaciones
y pbi.
En síntesis, el gobierno ha complotado para que en esta
economía falten dólares, algo inexplicable, cuando se considera el potencial
exportador de la Argentina, el stock de dólares de tenencia de los argentinos,
y la inversión extranjera directa que hubiera podido ingresar con un marco de
incentivos adecuado.
Y esa falta de dólares impide que la economía salga de la
recesión.
Porque la falta de dólares es la causa y la recesión, la
consecuencia.
Frente a este problema, la "solución" ha sido seguir peleando con el mundo, y...
¡aumentar el gasto público en pesos, financiado con emisión del Banco Central!.
Faltan dólares para enfrentar el stock de pesos, y reactivar
la economía y el gobierno responde, agregando más pesos todavía, contra los
mismos dólares (o menos, por los pagos de deuda) y bajando los incentivos a tener los pesos (reduciendo la tasa de
interés).
Por supuesto que, como existe un "corralito" por el control
de cambios, los pesos "no se van" de la economía, si no que cambian de manos.
Pero ese "cambio de manos" es un aumento del precio del dólar o de la tasa de
inflación.
Resulta difícil entender la lógica de un esquema en dónde un
problema se soluciona "agravando el problema".
Es como combatir una indigestión por comida en mal estado,
comiendo más de la misma comida.
Insisto, como el problema de la economía argentina hoy es
que hay pocos dólares para producir y crecer, por el lado de la oferta, agregar
pesos no modifica este escenario.
A menos que esa mayor cantidad de pesos se volcara a
demandar bienes y servicios de una manera que los propios empresarios
ingresaran dólares para aumentar la producción y satisfacer la demanda con
mayor cantidad y no con mayores precios.
Obviamente, para que los receptores de pesos salgan a
consumir, en lugar de ahorrar en dólares, deberían tener la expectativa de que
su trabajo y su situación personal mejorarán en el futuro.
Y para que los empresarios estuvieran dispuestos a traer
dólares para financiar sus importaciones y aumentar la producción, deberían
tener la expectativa de que, cuando vendan la mercadería, van a poder recuperar
los dólares utilizados para comprar sus insumos, y obtener cierta ganancia.
Keynes definía este escenario de las expectativas como un
"estado de confianza".
Ahora bien, utilizar la ley antiterrorista para denunciar
una quiebra fraudulenta y llevar a una ley, lo que "de facto" se hizo en estos
años desde la Secretaría de Comercio no parece compatible con el objetivo de generar
"un estado de confianza".
En otras palabras, también aquí el gobierno ha "complotado",
contra una recuperación del nivel de actividad.
Finalmente, la idea de "empoderar al consumidor" ya estaba
presente en las leyes actuales de defensa del consumidor y defensa de la
competencia. Leyes que el gobierno, sistemáticamente, ignoró en todos estos
años.
Además, el consumidor no sólo consume bienes privados,
consume también bienes y servicios brindados por el Estado.
Empoderar al consumidor contra los empresarios privados y
"desempoderarlo" contra el Estado, no parece ser la mejor forma de protegerlo y
defenderlo.
Que un consumidor pueda exigir, o litigar contra los
privados para "equilibrar el poder" suena razonable en dosis adecuadas. Que no
pueda hacer lo mismo cuando el servicio o el bien se lo brinda el Estado, suena
a una estafa.
Los ciudadanos no sólo pagamos precios si no que,
principalmente, pagamos impuestos.