El Gobierno "garantizó la continuidad laboral" de los trabajadores de Donnelley

  
Capitanich encabezó el encuentro con los representantes sindicales de los trabajadores de la firma de capitales estadounidenses del  que participaron también los ministros de Trabajo, Carlos Tomada; de Industria, Débora Giorgi; y de Seguridad, Cecilia Rodríguez; y los funcionarios bonaerenses Alberto Pérez (jefe de Gabinete) y Oscar Cuartango (Trabajo).
 
La empresa Donnelley presentó su quiebra el 8 de agosto y le fue concedida 3 días más tarde, algo que fue leído por el gobierno nacional como una maniobra desestabilizadora dado que esa firma no tenía una deuda significativa.
 

En ese contexto, el Gobierno -a través de la AFIP- presentó un pedido de revocatoria de quiebra ante la justicia comercial fundado en que la empresa no tiene una deuda significativa, sus activos son superiores al pasivo y no registra oscilaciones en su producción durante los últimos años.
 

El objetivo del Gobierno es que la justicia cite a Donnelley para que reformule su petición y busque una solución alternativa para mantener los más de 400 puestos de trabajo y asegurar la continuidad de la empresa.
 

Por otra parte, la AFIP también fue la encargada de presentar la denuncia penal contra la empresa de capitales norteamericanos Donnelley Argentina SA por el delito de Alteración del Orden Económico y Financiero previsto en el Artículo 309, Inciso 1, apartado A del Código Penal.
 

Esa denuncia, que fue anunciada  por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, recayó en el juzgado federal a cargo del juez Daniel Rafecas, quien deberá dar vista a la fiscalía para que determine si corresponde impulsar la investigación y ordenar medidas de prueba.
 
El magistrado está de licencia hasta la próxima semana y es subrogado por la jueza federal María Servini de Cubría.
 
El juzgado deberá ahora dar vista a la Fiscalía, a cargo de Patricio Evers, para que elabore un dictamen que dé impulso a la investigación si considera que hay posible delito y pida medidas de prueba al magistrado.
 
La presidenta anunció ayer que reclamaría a la Justicia la aplicación de la ley antiterrorista sobre la imprenta multinacional por considerar que intentó alterar el orden económico y financiero al declarar su quiebra.
 
Allí, vinculó a la empresa Donnelley con NML, el fondo buitre liderado por Paul Singer, al que responsabilizó de articular que la empresa haya presentado la quiebra el viernes en forma sorpresiva y sin motivo ya que su patrimonio neto es positivo.
 
El artículo que pudo haber sido quebrantado dispone que será condenado a prisión de uno a cuatro años quien "realizare transacciones u operaciones que hicieren subir, mantener o bajar el precio de valores negociables u otros instrumentos financieros, valiéndose de noticias falsas, negociaciones fingidas, reunión o coalición entre los principales tenedores de la especie, con el fin de producir la apariencia de mayor liquidez o de negociarla a un determinado precio".
 
Por su parte, el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, calificó hoy como "extemporáneo y planificado" el pedido de quiebra y cierre "prácticamente simultáneo" de la imprenta Donnelley ya que consideró que no existen "razones económicas ni productivas" que justifiquen la medida.
 
En diálogo con la prensa al recorrer una fábrica de alimentos en la localidad bonaerense de Garín, el ministro insistió en que se intentará "preservar las fuentes de trabajo" y la productividad de la empresa ante lo que calificó de "maniobra artera".
 
En ese sentido, Tomada insistió en que detrás del cierre de la empresa se encuentra la acción de un fondo buitre, y dijo que hay "pruebas suficientes" para demostrarlo ante la justicia.