Conflicto por la papelera
La Legislatura entrerriana pidió que se denuncie a Uruguay ante La Haya
viernes 27 de junio de 2014, 19:00h
La legislatura entrerriana solicitó al Estado Nacional que
"denuncie los hechos vinculados" a la producción en las pastera UPM-Botnia y
territorio uruguayo y las violaciones que implican a los convenios.
También solicitó que se exija al país vecino "el
cumplimiento de sus compromisos internacionales" en relación con la defensa y
cuidado del medio ambiente.
La decisión está contenida en un proyecto de resolución
aprobado anoche por unanimidad en una asamblea legislativa, que expresó su
apoyo a las gestiones que desarrolla el gobernador de la provincia, Sergio
Urribarri, ante organismos nacionales tras conocerse la decisión del gobierno
uruguayo de autorizar el aumento de producción de la pastera UPM (exBotnia),
ubicada en Fray Bentos, junto al río Uruguay y frente a Gualeguaychú.
"Entre Ríos nuevamente se muestra unida tras esta causa
nacional y provincial que es la defensa de su río compartido con la República Oriental
del Uruguay, sobre todo cuando se están violando tratados, sentencias
internacionales y el espíritu de amistad que nos vincula a los argentinos y los
uruguayos", aseguró Urribarri tras conocerse el respaldo que le dio la
legislatura.
Dijo que la decisión de Uruguay "nos obliga a reaccionar
institucionalmente. Entre Ríos ha estado a la altura de las circunstancias
apoyando, con esta resolución unánime de ambas cámaras legislativas, el reclamo
del gobierno nacional ante la Corte Internacional de Justicia", agregó.
El resolución aprobada señala "la existencia de
violaciones de los convenios suscriptos por la ROU y la Argentina y promueve la
activa participación de Entre Ríos en la elaboración de la presentación que se
hará ante los organismos internacionales".
Especifica que "los incrementos de las sustancias
contaminantes han podido ser detectados por análisis realizados por
laboratorios internacionales (Pacific Rim y Exova, ambos de Canadá) que han
precisado la detección de pesticidas organoclorados, organofosforados,
carbámicos y/o piretroide".
También se detectó "el apartamiento de la normativa
vigente si se considera la temperatura de las aguas volcadas con relación a la
temperatura promedio del río y la presencia de fenoles en los efluentes, entre
otras irregularidades".
Uno de los aspectos centrales de los argumentos que
sostienen la posición entrerriana es que "el conflicto entre partes involucra
la defensa del medio ambiente y de los derechos humanos".
Indica que, por su naturaleza, la problemática resulta ser
de competencia de la Corte Internacional de La Haya, por ser el presente
conflicto generado por la actitud del gobierno uruguayo una derivación de la
sentencia dictada por aquel organismo "que no ha sido debidamente observada por
la ROU".
Además, señala que Uruguay, con su decisión de habilitar la
mayor contaminación del Río Uruguay, va contra los alcances del Tratado del Río
Uruguay, del Estatuto del Río Uruguay, de la Convención de Viena sobre el
derecho de los tratados del año 1969".
En el mismo orden indican que va en contra "del tratado internacional de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre el uso no navegable de los
Cursos de Agua Internacionales, del Convenio de Basilea sobre Movimientos
Transfronterizos de Residuos Peligrosos, del Acuerdo Marco sobre Medio Ambiente
del Mercosur del año 2001 y de la Declaración de Estocolmo del año 1972".