Prevé
la declaración de unos 50 testigos
Comenzó el juicio político fiscal Campagnoli por "mal desempeño" en sus funciones
martes 17 de junio de 2014, 07:12h
El juicio, que prevé la declaración de unos 50 testigos,
podría desembocar en la destitución del fiscal, según el pedido de la
Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó.
El ya suspendido fiscal de instrucción José María Campagnoli
comenzó a ser juzgado por el Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público
Fiscal acusado por presunto mal desempeño de sus funciones.
La acusación está contenida en una resolución del Consejo
Evaluador que fue leída al comienzo del jury, que se realiza en la sede de la
Procuración General de la Nación, en la Avenida de Mayo al 700 de esta capital.
Campagnoli está acusado de "haber cambiado el objeto
procesal de una causa", "abuso de autoridad" y de una
"actitud desafiante frente a las instituciones".
Tras la lectura de la resolución, el defensor de Campagnoli,
el ex camarista Ricardo Gil Lavedra, pidió la nulidad de la acusación aduciendo
que "no determina los hechos concretos que se le imputan" al fiscal.
A su vez, el fiscal acusador Marcelo García Berro solicitó
incorporar como nuevas pruebas en el juicio las irregularidades detectadas en
la fiscalía de Nuñez-Saavedra a cargo del fiscal suspendido donde se hallaron
más de 1.500 fotos de vecinos, muchos de ellos menores.
El proceso contra Campagnoli tiene el aval de la justicia,
que la semana pasada rechazó el amparo que Gil Lavedra presentó intentando
anular la resolución que lo llevó al juicio.
Campagnoli sostuvo que su juicio no se debe a su mal
desempeño sino porque fue "demasiado eficiente" en causas que
involucran al empresario Lázaro Báez.
Para la acusación, en cambio, el fiscal supendido cometió
"graves irregularidades" en distintas causas, como la divulgación de detalles
de investigaciones que tienen carácter reservado, la invasión de competencia de
otros fiscales y violación al principio constitucional del debido proceso.
José María Campagnoli es uno de los 49 fiscales de
instrucción que tiene la justicia, y no tenía competencia para investigar
delitos federales, tal como es el lavado de dinero.
La causa Báez, iniciada después de una denuncia televisiva,
presuponía que la investigación de ese delito federal debía ser investigado por
jueces federales y no de instrucción.
Al fiscal se le reprocha haber cambiado el objeto procesal
de un sumario en el que el financista Federico Elaskar, procesado en el fuero
federal por "lavado de activos", pasó de denunciado por presunta
defraudación a presunta víctima del delito de extorsión, con relación al manejo
y cesión de la firma SGI.
Según la denuncia, Campagnoli "se arrogó una
investigación que tramitaba en otro fuero" y a cargo del fiscal federal
Guillermo Marijuan, quien luego pidió cerrar el expediente por falta de pruebas.
A partir de entonces "fue llamativa la publicación de
los avances de la investigación del fiscal en los medios de comunicación",
consignó entonces Gils Carbó, quien señaló que, en cambio, "los imputados
se les impedía el acceso" a las actuaciones judiciales, lesionando sus
derechos de defensa.