Lo confirmó Gil Lavedra
El juicio político al fiscal Campagnoli comenzará el 16 de este mes
miércoles 04 de junio de 2014, 23:58h
El juicio político contra el suspendido fiscal José María
Campagnoli comenzará el 16 de este mes, una semana después de la fecha prevista
inicialmente, confirmó a Télam uno de sus abogados defensores, el ex diputado
radical Ricardo Gil Lavedra.
La postergación
obedeció a que el fiscal Guillermo Marijuán, el primero de la lista de testigos
citados, decidió prestar declaración testimonial a través de un escrito, y no
en persona.
Según consignó tiempo atrás el portal Infojus Noticias,
Marijuán es considerado "testigo clave en la causa contra Campagnoli, ya
que investigó la causa por cuyo mal manejo se acusó" al ahora suspendido
fiscal.
Campagnoli fue enviado a juicio político por una comisión
evaluadora -a instancias de la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils
Carbó-, acusado de modificar el objeto de la causa en la que el empresario
Lázaro Báez pasó de denunciante a imputado, lo que según la acusación equivale
a violar a las reglas procesales.
En abril pasado, Marijuán aconsejó el cierre de la causa por
no encontrar causales para imputar a Baéz y el 7 de mayo último el juez federal
Sebastián Casanello sobreseyó al empresario en la causa iniciada por una
supuesta extorsión al financista Federico Elaskar para que vendiera una
financiera de su propiedad.
El jury de enjuiciamiento tiene 180 días hábiles para
realizar el proceso a partir de su apertura, plazo que vence a mediados de
octubre.
En la treintena de testigos ofrecidos por la defensa figuran
el presidente de la Asociación de Magistrados, Luis Cabral; el juez civil y
comercial Ricardo Recondo; y los consejeros de la Magistratura, Daniel
Ostropolsky y Alejandro Fargosi.
Los integrantes del Tribunal de Enjuiciamiento son Ernesto
Kreplak (representante del Poder Ejecutivo); Daniel Adler (fiscal general);
Rodolfo María Ojea Quintana (Senado); Juan Octavio Gauna (Corte Suprema);
Rodrigo Sebastián Bacigalupi (Colegios de Abogados); Adriana Olga Donato
(Colegio Público de Abogados) y María Cristina Martínez Córdoba (Defensoría
General).