Un represor dijo que si Massa llega a ser presidente los juicios "van a cambiar"

Ramos es uno de los acusados que se sentó ayer en el banquillo durante el comienzo de una causa por "asociación ilícita" en perjuicio de 14 víctimas, en la que también están apuntados el ex juez federal de Santa Fe, Víctor Brusa; la ex carcelera María Eva Aebi y el ex policía Juan Calixto Perizzotti.
 
Los cuatro acusados ya habían sido condenados en 2009 en una causa por delitos de lesa humanidad, en la que a Brusa le dieron 21 años de prisión.
 
Durante el comienzo del juicio de ayer, la presidenta del tribunal, Lilia Carnero, preguntó a los cuatro imputados si estaban dispuestos a declarar y tres de ellos se negaron; según consignó el diario Página/12 en su edición de hoy.
 
El que aceptó responder preguntas fue Ramos, quien opinó que "dentro de un año y medio cuando termine el gobierno y Sergio Massa sea presidente, estas cosas van a cambiar".
 
Ramos, que por "estas cosas" se refería a los juicios por delitos de lesa humanidad, continuó: "Hay un sometimiento de la Justicia al poder político bajo la amenaza de que el juez que no se somete va a ser sometido a jury".
La presidenta del tribunal le respondió: "Los jueces sólo estamos sometidos a la Constitución. Usted está haciendo declaraciones injuriosas".
 
El jueves, más de un centenar de personas se agrupó frente a la sede del Tribunal Oral Federal, ubicada en el microcentro santafesino, con carteles y pancartas de las agrupaciones H.I.J.O.S., Abuelas de Plaza de Mayo, INADI, Asociación de Ex Presos Políticos y del gremio AMSAFE.
 
En declaraciones a Télam, el secretario de Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe, Horacio Coutaz, dijo que "desde 2009 que apoyamos estos juicios, ya tuvimos 15, cuando antes esto era impensado, y todavía quedan deudas pendientes".
"A medida que avanzan los testimonios en las causas se abren nuevas situaciones, que dan origen a nuevos procesos penales", aseveró.
 
Por su parte, Patricia Traba, una de las querellantes en este juicio, afirmó que "esto no termina aquí, los testimonios dan origen a pedidos de investigación, se van abriendo nuevas causas porque las víctimas del terrorismo de Estado son incontables".
 
"Esta es la manera de que no vuelvan a pasar las cosas que nosotros vivimos", indicó Traba y agregó que "esta es otra acusación distinta a este grupo de acusados, pero relacionada a todo lo anterior".
 
Otro de los querellantes en este proceso, José Villarreal, dijo a Télam que "vamos a demostrar que las acciones individuales y en conjunto de este grupo de genocidas eran parte de un plan nacional e internacional, cuyo objetivo era destruir a todos los militantes políticos y sociales de aquella época".
 
En tanto, la titular del INADI Santa Fe, Stella Vallejos, aseguró que "tenemos todas las expectativas de conseguir la máxima condena para quienes integraron esta construcción colectiva".
 
"Queremos justicia, y podemos lograrlo porque tenemos un gobierno nacional que lo permite. Se llevaron adelante numerosos juicios con condena efectiva. Quedaron atrás, en un sin vuelta, las leyes de Obediencia Debida, de Punto Final", acotó.
 
El Tribunal Oral Federal para este caso está integrado por Lilia Carnero, de Paraná, y los magistrados rosarinos Otmar Paulucci y Jorge Venegas Echagüe.
 
El fiscal es Martín Suárez Faisal, los abogados defensores son Claudio Torres del Sel, por Perizzotti, y el defensor oficial Fernando Sánchez, por Ramos, Aebi y Brusa.
 
En la "causa Brusa", primer juicio al que fue sometido, el ex juez federal recibió 21 años de cárcel, en tanto Ramos fue condenado a 23 años, Perizzotti a 22 y Aebi a 19, por privación ilegal de la libertad y tormentos a presos políticos, entre otros delitos.
 
En ese proceso fueron condenados también los ex comisarios Héctor "Pollo" Colombini (23 años) y Mario Facino (20 años), ambos ya fallecidos.
 
Esa sentencia quedó firme el 19 de marzo del año pasado, cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró "inadmisible" un recurso presentado por la defensa de Brusa, en una resolución de sólo siete líneas firmada por los ministros Elena Highton de Nolasco, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda y Carmen Argibay.
 
Ese fue el primer juicio oral y público que se desarrolló en la provincia de Santa Fe por delitos de lesa humanidad.