El avance represivo amenaza el derecho de protesta en España

En su estudio, presentado en Madrid y titulado "España: El derecho a protestar, amenazado", la Organización No Gubernamental (ONG) denuncia "cómo el gobierno está utilizando todo los medios posibles para limitar por ley el derecho a la libertad de expresión y la protesta pacífica".
 
En ese sentido, señala que la futura Ley de Seguridad Ciudadana del gobierno de Mariano Rajoy, líder del derechista Partido Popular (PP), supondrá "la puntilla del gobierno a un progresivo deterioro del derecho de reunión, asociación y expresión en España".
 
Asimismo, la organización denuncia el "uso abusivo" de la fuerza contra los manifestantes y de las sanciones administrativas y penales, que están provocando un "efecto disuasorio" en la ciudadanía a la hora de salir a protestar.
 
AI destaca que "las violaciones de derechos humanos recogidas en su informe, elaborado durante 2013 y que incluye el testimonio de 30 víctimas de abusos, no se producen en un entorno vacío, sino en el marco del avance de las políticas neoliberales".
 
La organización recuerda que desde que la crisis económica y financiera golpeó a España en 2008, la pérdida de puestos de trabajo -hasta seis millones de desocupados-, las medidas de austeridad y la falta de transparencia en la toma de decisiones han llevado a miles de personas a salir a la calle a expresar su malestar.
 
En 2012 hubo casi 15.000 manifestaciones en toda España: unas 40 por día. En 2013 hubo 4.500 solamente en Madrid: un incremento de un millar respecto al año anterior. Pero el propio gobierno español reconoció que sólo hubo actos violentos en menos del uno por ciento de las protestas.
 
El estudio abarca las manifestaciones que tuvieron lugar en los últimos años, como las protagonizadas por el movimiento 15M o de los indignados, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y otras organizaciones sociales que luchan "pacíficamente" contra los recortes y las políticas de ajuste del gobierno de Rajoy.
 
AI explica que, según la legislación española, las personas consideradas como organizadoras o líderes de manifestaciones no autorizadas pueden ser sancionadas con multas escalonadas que van de los 300 a 30.050 euros.
 
El estudio releva que la Delegación del Gobierno de Madrid impuso 1.117 multas por infracciones administrativas en 2012. Por su parte, la Comisión Legal de Sol (movimiento 15M) tuvo conocimiento de 953 casos entre mayo de 2011 y abril de 2013, además de 314 personas apercibidas por infracción de la Ley sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.
 
En la mayoría de los casos, las sanciones se adoptaron por participar en manifestaciones no notificadas.
 
También se considera como infracción grave la negativa a disolver manifestaciones o reuniones cuando lo ordena la autoridad competente, por ejemplo cuando se considera que una manifestación está provocando una alteración del orden público o está poniendo en peligro a personas o bienes.
 
El informe indica que la Plataforma de Afectados por la Hipoteca acumula más de 40.000 euros en sanciones.
 
El otro punto destacado del informe es el "uso excesivo de la fuerza" contra manifestantes y periodistas, abusos y malos tratos cometidos durante detenciones, así como la falta de transparencia en las investigaciones internas cuando los agentes de seguridad son denunciados.
 
"Han existido violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas de seguridad", asegura AI. "La policía ha utilizado repetidamente porras y proyectiles de goma contra manifestantes, en actuaciones que se han saldado con heridas y mutilaciones tanto de manifestantes como de transeúntes".
 
"La policía actúa con total impunidad, mientras que los manifestantes pacíficos y los líderes de los movimientos sociales sufren un acoso constante y son estigmatizados, golpeados y, en ocasiones, detenidos para enfrentarse a cargos penales, encarcelamiento y multas", subraya el documento.
 
El informe recoge el conocido caso de Ester Quintana, quien en el marco de una manifestación celebrada en Barcelona en 2012 fue alcanzada por una pelota de goma disparada por la policía y a consecuencia de ello perdió el ojo izquierdo.
 
"Las autoridades españolas están avanzando en la dirección errónea. En lugar de promulgar leyes represivas, el gobierno y el Parlamento deben resvisar la legislación, las políticas y prácticas relativas a las manifestaciones para cumplir con sus obligaciones internacionales", afirma AI.
 
El documento fue presentado un día después del relevo del responsable de los antidisturbios de Madrid, Javier Virseda, por los fallos en el operativo durante la marcha de la Dignidad del pasado 22 de marzo en Madrid, que culminó con disturbios y 101 heridos, entre policías y manifestantes.