Pertenecía
a la Ciudad
El Senado aprobó el traspaso del control de la ex ESMA a la Nación
miércoles 09 de abril de 2014, 23:52h
La
Cámara alta aprobó y envió a Diputados un proyecto de ley que refrenda el
acuerdo firmado entre la Ciudad y la Nación, según el cual el gobierno porteño
cede por 30 años el usufructo de los predios de la ex ESMA y de otros centros
que funcionaron como sitios de tortura y detención durante la última dictadura
militar.
El convenio incluye los edificios del ex
Casino de Oficiales, el Pabellón Central, la Imprenta, el Taller Mecánico, el
Pabellón Coy y la Enfermería de la ex EXMA; además de los edificios donde
funcionaron los ex centros clandestinos "Automotores Orletti",
"Club Atlético", "Olimpo" y "Virrey Ceballos".
El
acuerdo fue firmado en febrero último, y anunciado por el jefe de Gabinete,
Jorge Capitanich; y por la vicejefa de gobierno porteño, María Eugenia Vidal.
La
transferencia incluye al personal de todas las dependencias a quienes se les
garantizará la plena preservación de sus derechos laborales.
La
iniciativa fue defendida por la senadora kirchnerista por Jujuy, Liliana
Fellner, quien recordó que esos ex centros forman parte de "la historia que más
nos indigna que es la de las violaciones a los derechos humanos".
"Este convenio
habría que compatibilizarlo con lo judicial y lo patrimonial, porque los
juicios de lesa humanidad aún no terminaron y lo que está en la ESMA puede
estar sujeto a prueba", ratificó.
A su
turno, la representante del PRO, Gabriela Michetti, negó que la Ciudad "se
desentienda" de esos ex centros de detención, pero destacó que "no hay una sola
gestión que se pueda avanzar en ese lugar porque los organismos de derechos
humanos están todos enfrentados entre sí".
Por
ello, argumentó que se está "tratando de que todos los actores que tienen que
ver con este tema puedan reunirse en una propuesta común" y ratificó que "ese
lugar sigue siendo parte de la Ciudad de Buenos Aires".
La
cordobesa de FAP, Norma Morandini, destacó, en cambio, que el acuerdo se estaba
aprobando "vulnerando leyes previas" y que "esto no es simplemente un acto
administrativo" ya que se viene a "consagrar una apropiación de temas caros a
la democracia".
Durante
la sesión, también se dio ingreso formal a los pliegos para los ascensos de jueces,
fiscales y defensores oficiales enviados al Parlamento hace 15 días, aunque se
acordó revisar ocho pliegos que fueron cuestionados por la oposición por
incumplir algunos requisitos.
En
representación del radicalismo, el senador Gerardo Morales pidió la ampliación
de antecedentes de al menos ocho de los 45 postulantes a conjueces, algunos de
los cuales no cumplen con los 30 años de edad y los seis de ejercicio en la
profesión, antes de su aprobación en el Senado.
El
presidente de la comisión de Acuerdos, Marcelo Guinle (FPV), explicó que se
pidió esa información al Ministerio de Justicia y aseguró que estos datos
estarán en los próximos días a disposición de la comisión para reparar
"eventuales errores" en las candidaturas.
El
Senado aprobó también la participación de una comisión de legisladores en la
sesión de la OIT, que se desarrollará en Ginebra, Suiza, del 28 de mayo al 12
de junio, y que fue propuesto por la justicialista por La Pampa, María de los
Angeles Higonet.
Otro de
los temas tratados fueron los beneficios para las tarifas del gas en las
provincias de la Patagonia y en ese sentido el radical Juan Carlos Marino
objetó que La Pampa no sea incluida entre los beneficiarios de esas medidas.
Laura
Montero, de la UCR, reclamó que el Congreso exprese una declaración sobre la
situación en Venezuela y el envío de una comisión de una delegación del
Mercosur a esa región.
El jefe
del bloque de senadores del oficialismo, Miguel Pichetto, expresó por otra
parte -ante un pedido para agilizar la reforma del Código Procesal Penal del
senador Eugenio Artaza- que ese tema será tratado "con seriedad y
responsabilidad" en comisión y que será "mirado como una política de
Estado y no como un interés sectorial".
Respecto
a los proyectos pedidos por el radicalismo para la unificación de juzgados de
Salta y Jujuy y del socialismo para la profundización de la lucha contra el
narcotráfico, el oficialismo se comprometió a debatir esos temas en comisión.
Pichetto
afirmó que se abocarán a "instar al Poder Ejecutivo a que se complementen
los juzgados".
Sobre la cuestión del narcotráfico, Pichetto consideró que "hay que dejar de
ser comentaristas" sobre el tema y adoptar "medidas concretas".
En ese
sentido, avisó que esta tarde se reuniría la comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico y anunció que en el marco de las visitas que tiene previsto
realizar esa comisión se incluirá a Bariloche donde la empresa INVAP "está
construyendo radares para dejar de depende de alemanes y franceses" en la
provisión de esos dispositivos.
También
se aprobó un proyecto de declaración para declarar zona de emergencia climática
a las ciudadesades de Neuquén, Río Negro, La Pampa y Catamarca, afectadas por
inundaciones.