Fracaso

En la carnicería de mi barrio había un cartel que decía: "Tengo un acuerdo con el Banco, yo no doy crédito y ellos no venden carne". 
 
Esta "regla de especialización" se aplica tanto para la economía, como para un amplio conjunto de acuerdos que rigen la organización de una sociedad, de manera de maximizar el bienestar social.
 
En ese contexto, existen un conjunto de bienes y servicios cuya provisión por el Estado, ya sea en forma directa o a través de un contrato con el sector privado, es superior, como solución, al de su provisión por parte del sector privado directamente.
 
De la misma forma, se verifica la situación inversa, hay bienes y servicios, la mayoría de ellos, que son mejor provistos por el sector privado que por el Estado.
 
Entre los primeros, los que necesitan la intervención estatal, también es recomendable que, cuando se puede escribir un contrato, la provisión del bien o servicio en cuestión, siempre que el contrato esté bien hecho y existan las instituciones para el control de su ejecución y solución de controversias, esté a cargo del sector privado.
 
Mientras que, ante la imposibilidad de un contrato, lo mejor es que el bien o servicio sea provisto, directamente por el Estado.
 
Toda esta larga perorata teórica, viene a cuento del debate que ha surgido, en estos días, en torno a los problemas derivados de la incapacidad del Estado en brindar el servicio de seguridad que, por lo arriba comentado, es mejor que sea provisto directamente por el Estado.
 
En torno al tema de la seguridad, o de la falta de ella, no estamos en presencia de un "Estado ausente", como algunos han  comentado.
 
Estamos en presencia de un "Estado ineficiente y fracasado"  para brindar el servicio de seguridad. Y esta no es una diferencia semántica.
 
La Argentina tiene hoy instituciones judiciales, policiales, carcelarias, etc. que existen y cuestan muchísimo dinero a la sociedad.
 
Un Estado ausente implicaría, justamente, la ausencia de dichas instituciones. Pero las instituciones están.
 
Sin embargo, no están funcionando como la sociedad pretende que funcionen.
 
Por lo tanto, el problema de la Argentina de hoy no consiste en  cómo evitar los llamados "linchamientos" que, obviamente, deben ser condenados, tanto  moralmente, como desde un aspecto absolutamente práctico: es un sistema muy ineficiente desde el punto de vista social. Como un Banco vendiendo carne.
 
El problema de la Argentina de hoy es cómo hacer para que las instituciones que están destinadas a brindar seguridad,  funcionen como tienen que funcionar para que los índices de delincuencia se reduzcan a un nivel tolerable para la sociedad.
 
Es cierto que hay cuestiones que trascienden a los sectores directamente involucrados.
 
Una sociedad con elevados problemas de pobreza, distribución del ingreso, y exclusión, es una sociedad con mayor tendencia a tener problemas de seguridad.
 
Pero no es menos cierto que los problemas mencionados, aún con los instrumentos adecuados, tardarían décadas en resolverse. Peor aún, si estamos usando los instrumentos equivocados.
 
En efecto, este gobierno, pese al relato, no ha mejorado, sustentablemente, los problemas distributivos y de pobreza. Más allá de los programas de asistencia social directa, que si bien presentan cuestiones de diseño, van a favor de mitigar la exclusión, tanto el sistema de subsidios económicos, al consumo de electricidad, gas, agua y servicio de transporte aéreo, como, lo más grave, el abuso del impuesto inflacionario, empeoraron, en estos tiempos, la realidad social.   
 
Dado que no podemos esperar a que se mejore la distribución del ingreso para actuar, urge, entonces, revisar a  todas las instituciones designadas para la tarea de seguridad.
 
Las fuerzas correspondientes, salvo honrosas excepciones, no parecen tener los medios, el entrenamiento, y la preparación necesaria para combatir eficientemente a la delincuencia.
 
Las leyes, los procedimientos y los jueces, tampoco parecen estar a la altura de las circunstancias.
 
Las cárceles, dado el elevado número de reincidentes, no rehabilitan, si no que "especializan" aún más a los que han cometido delitos.
 
Por lo tanto, el problema no es un Estado ausente, es un Estado que no brinda adecuadamente los servicios que debe brindar, pese a su costo récord.
 
La opción para el delito no puede ser entre la justicia por mano propia y la libertad.